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VALENCIA. Tras una veintena de años al frente del Gobierno valenciano, el PP deja un legado que los dirigentes que vienen desearían poder asumir a beneficio de inventario, pero que habrá que pagar con los bienes presentes y futuros de los valencianos. Un legado poco habitual que va desde ampliaciones innecesarias del recinto ferial a infraestructuras infrautilizadas de regatas de vela que han dejado una deuda impagable o compras de empresas privadas con unas pérdidas considerables que habrá que pagar. Todas las decisiones al respecto se deberán tomar teniendo en cuenta lo que es la principal hipoteca que deja el actual Gobierno en funciones: la deuda de la Generalitat es de 37.000 millones de euros, el 37% del PIB regional, por lo que habrá que mirar con mucho cuidado dónde se pone hasta el último euro... y también de dónde se recorta.

1. Feria Valencia: La institución ha funcionado, según la alcaldesa de Valencia en funciones, Rita Barberá, como una institución privada y no pública, por lo que no hacía públicas ni sus cuentas. El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) aceptó en noviembre de 2004 diseñar la operación de financiación de la ampliación del recinto de la institución ferial.

La institución había solicitado formalmente por carta la colaboración del IVF para conseguir el dinero necesario para ampliar el proyecto inicial en 262 millones de euros, que se uniría a los 325 millones que se habían obtenido de  un préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y una emisión de obligaciones, ambos avalados también por la Generalitat. 

Desde 2009 Feria Valencia no ha hecho ninguna aportación a los pagos anuales, que han corrido íntegramente a cargo de la Generalitat, de hecho, está última tiene la obligación de pagar 1.027 millones por su condición de garante. Además, a partir del informe de la Intervención de la Generalitat,  alertando del agujero millonario, el BEI ha pedido documentación al ente acerca de estas informaciones para estar al corriente de adónde ha ido a parar su préstamo.

2. Marina Real: Es otra de las situaciones a replantearse por el nuevo Consell. Las cuentas están en una situación inviable y el ente que tiene que poner remedio está participado por Generalitat, Ayuntamiento de Valencia y Estado. Desde que en 2005 se endeudara con un préstamo firmado con el ICO para la construcción de las infraestructuras de la America's Cup por 320 millones de euros los números siempre han estado en rojo candente.

Las últimas cuentas anuales desvelaban que la deuda asciende ya a 420 millones de euros, 263 millones de crédito ICO, 90 millones con Dirección General del Tesoro por cuotas atendidas del crédito ICO y 67 millones del Banco Santander como consecuencia del contrato de cobertura.

3. RTVV: El 5 de noviembre de 2013, el presidente de la Generalitat Alberto Fabra decidía cerrar Radio Televisión Valenciana. Un ente que entró en liquidación y en el que ya han dimitido cinco de los elegidos para terminar el proceso. Estancanda, la oposición se debate entre abrir una nueva o reabrir la paralizada, con dos recursos planteados en el Tribunal Constitucional y una demanda de CGT contra el ERE que puede acabar generando un efecto bumerán y volverse en su contra si no deshacen la liquidación. Habrá que ver qué opina al respecto Abogacía de la Generalitat y cuál es la mejor decisión, aunque sea la que sea, el gasto será millonario.

4. Ciudad de la Luz: Los concursos y las subastas tampoco han sido el fuerte del Gobierno de  Alberto Fabra. Complicados procesos que han puesto en marcha al final de la legislatura como por ejemplo, el de Ciudad de la Luz. En la Generalitat son conscientes de que llegan tarde y la subasta del complejo no se hará, como pronto, el próximo otoño. Una vez publicados los pliegos se establece un plazo de 60 días para presentar la documentación.

Es decir, la burocracia retrasaría la decisión final a julio como pronto. Esto coincidiría con la formación del gobierno autonómico, por lo que cualquier acuerdo, "en lógica" dicen desde la industria audiovisual valenciana, se tendría que aplazar a septiembre.  Por si fuera poco, los principales partidos de la oposición se han manifestado en contra de la venta, con lo que su subasta se hace cada vez más inviable. No quieren malvender un complejo que costó 300 millones de euros. Ahora la decisión queda en su tejado.

5. Cacsa: El único problema que parece, a priori, resuelto (en cuanto a proceso abierto), es el concurso de Cacsa, la empresa que gestiona la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Aunque estuvieron prácticamente toda la legislatura anunciando que los pliegos saldrían "pronto", lo cierto es que al final las prisas han azotado. Esta semana debería estar firmada de formar definitiva la adjudicación de la gestión a Avanqua, la empresa controlada por Aguas de Valencia, que ganó el concurso. No obstante, la oposición tampoco es favorable a su privatización.

6. Multa de Bruselas: La Comunitat Valenciana fue la primera en provocar que pongan a España una multa de 18,93 millones de euros por la manipulación de las estadísticas de déficit y deuda mediante la ocultación de una parte del gasto sanitario. Se trata de la primera vez que Bruselas sanciona a un Estado miembro por manipulación de las estadísticas basándose en la nueva legislación que se aprobó en 2011, a raíz del falseamiento de las estadísticas en Grecia, cuyo descubrimiento marcó el origen de la crisis de deuda. El ministro de Economía, Luis De Guindos, y el de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya han avisado de que la factura la va a pagar la Comunitat, a lo que se niega el Consell ahora en funciones. El nuevo Ejecutivo deberá seguir peleando. 

7. Volvo Ocean Race: Hay hipotecas que, por suerte, no son tan gravosas. Es el caso de la Volvo Ocean Race de Alicante. Salvo por un pequeño desliz con la trama Gürtel, el evento no ha dado mayores problemas. Se ha reformado su estructura de manera mediante un Consorcio que evita que una de las partes se imponga sobre las otras, el canon se ha reducido a la mínima expresión y sólo queda una edición (la de 2017). Podría continuar por su atractivo turístico o desaparecer por sí sola. 

8. Valmor: No ocurre lo mismo con la Fórmula 1 y el caso Valmor. Que los monoplazas no volverán al circuito urbano de Valencia está más que claro, pero aún queda un presumiblemente largo proceso judicial en el que ya está imputado el expresidente Camps, la exconsejera Lola Johnson y el expiloto Jorge Martínez Aspar. Por suerte para el nuevo Consell, el agujero económico que generó ya fue absorbido por la Generalitat.

9. Aeropuerto de Castellón: Aunque comparado con el fracaso de Aeropuerto Berlín-Brandemburg el 'del abuelito', como lo llamó Carlos Fabra, no pasa de simple anécdota, se ha convertido en uno de los símbolos del despilfarro y la corrupción en la Comunitat Valenciana. En 2014 recibió a sus primeros viajeros, dos jubilados del aeroclub de Castellón, que llegaron en helicóptero y Ryanair anunció recientemente que en septiembre conectará la capital de La Plana con Bristol y Londres. A la nueva Administración le debería costar un máximo de 25 millones de euros, que es la aportación pública prevista en el contrato para los próximos 20 años. 

10. Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM): Fue uno de los proyectos estrella de la administración de Joan Lerma y un símbolo de cómo la ciudad quería abrirse a la cultura. Fue el primero en su categoría en España y llegó a ser un innegable referencia internacional. Pero, en 2005, cayó en manos de Consuelo Císcar (esposa del imputado Rafael Blasco) y su prestigio cayó en picado entre las acusaciones de mala gestión, amiguismo... En favor de la institución hay que decir que, en 2014 se impuso la cordura y por primera vez en su historia su director, José Miguel Cortés, fue seleccionado mediante un concurso internacional tutelado por un jurado de expertos. Es pronto para valorar si Cortés logrará su objetivo, pero es probable que para ello necesite algo más de presupuesto.

11. Línea 2 de metro: El pasado noviembre, FGV aumentó el número de línea de metro y tranvía en Valencia, que pasó de cinco (tres y dos, respectivamente) a nueve (seis y tres), casi sin gasto: se limitó a renombrar las ya existentes. Sin embargo, el milagro no afectó a la nonata 'línea 2' del metro (la que debía unir Nazaret con Tavernes Blanques pasando por Ruzafa y el centro histórico). El Consell ya anunció en enero de 2014 que las obras no se retomarían hasta este año ni el que viene. Otro reto que el nuevo Gobierno no podrá eludir.

12. La deuda a las universidad públicas valencianas: Este año también se ha llevado adelante la firma del acuerdo con la que se pretende saldar definitivamente la deuda histórica de estas instituciones educativas. La deuda empezó a convertirse en más y más grande cuando en 2004 el Consell dejó de pagar durante años lo que le correspondía a los campus. Pero en 2011 tuvieron que replantearse la situación y plantear un calendario de pagos. La deuda que se arrastra es de unos 769 millones de euros y la reprogramación de los pagos es de 2015 a 2022. 

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