AVISO DE COOKIES: Este sitio web hace uso de cookies con la finalidad de recopilar datos estadísticos anónimos de uso de la web, así como la mejora del funcionamiento y personalización de la experiencia de navegación del usuario. Aceptar
Más información
VALENCIA. Sin que hubieran transcurrido 24 horas desde que Mariano Rajoy abandonara Valencia entre loas a Rita Barberá y, en menor medida, a Alberto Fabra, el Gobierno valenciano se encontró este miércoles con una nueva zancadilla del Ejecutivo central, en esta ocasión, a cuenta de la sanción de 19 millones de euros que la Comisión Europea propone imponer a España por el falseamiento de estadísticas de déficit y deuda en la Comunitat Valenciana. El lastre de las conocidas como facturas en el cajón.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, que curiosamente también ha visitado esta semana el Cap i Casal, se descolgó ayer al ser preguntado por la citada propuesta de sanción millonaria: "No la va a pagar el Estado. La tiene que pagar quien la tiene que pagar", sentenció. Es decir, a su juicio, la Generalitat valenciana. Unas manifestaciones que causaron sorpresa y malestar entre los populares valencianos, quienes consideran que están alejadas de la germanor mostrada con el Consell por el ministro el lunes en su visita, de la que se desprendió incluso una posible mutualización de la deuda que la Comunitat necesita como agua de mayo.
Al conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, se le metía otra piedra en el zapato: una más, heredada de la gestión de anteriores responsables del área, como por ejemplo, Gerardo Camps. El responsable de las cuentas valencianas reaccionó de inmediato a las declaraciones del ministro: "Si se confirma esa imposición de sanción, será al Reino de España", replicó, para posteriormente explicar que para que se produzca esa multa quedan diferentes trámites y pueden presentarse diversas alegaciones. "Para empezar, tiene que haber una sanción y por ahora no tenemos comunicación formal sobre ningún tipo de recomendación", explicó, además de recordar que, en todo caso, 19 millones de euros sería una "cantidad anecdótica" respecto al máximo que podría imponerse de 2.000 millones de euros.
En este sentido, Moragues enumeró los distintos pasos del proceso: "La sanción tiene que imponerla el Ecofin, el Consejo de Ministros de Economía de la Unión Europea y, si se confirma esa imposición de sanción, será al Reino de España, que es al que se le ha abierto el expediente sancionador porque las cifras de déficit no son de la Comunitat Valenciana, sino de todo el Reino de España". Además, el conseller de Hacienda remarcó que hay material para conformar "alegaciones sólidas" dado que, a su juicio, para esta sanción se está aplicando "un reglamento de noviembre de 2011 a hechos producidos con anterioridad", una situación que ya puso de manifiesto la Generalitat y el Estado "a través del plan de pago a proveedores de 2012".
El titular de Hacienda fue más allá al recordar que en su día se informó a Eurostat "de esta posible mala práctica contable" y reiteró la "total colaboración por parte de la Generalitat y de España con las autoridades europeas". Es por ello que Moragues, quien aseguró que este episodio tardará meses en dirimirse, apeló a la prudencia sobre este asunto: "Habrá que esperar, ver los argumentos y lo que resuelve el Ecofin y, en su caso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea". Fuentes próximas al conseller admitieron que las palabras de De Guindos habían producido "sorpresa" en Hacienda puesto que, a su parecer, el ministro tenía constancia de la evolución de este caso.
BRUSELAS APUNTA A LA INTERVENCIÓN DE LA GENERALITAT
Por su parte, la Comisión Europea ha apuntado en las conclusiones del informe en el que se recomienda la multa a la Intervención General de la Generalitat como "principal responsable de la no aplicación del principio de devengo y de la ausencia de registro de cantidades considerables de gasto sanitario". Así, consideran que esta entidad "fue gravemente negligente" respecto al no registro de los gastos de salud y al no respeto del principio de devengo en las cuentas nacionales (SEC 95), llevando a una información incorrecta de los datos de déficit a Eurostat en 2012, después de la entrada en vigor de la Regulación (EU) 1173/2011.
Moragues, quien recordó que la práctica que se analiza ocurrió "presumiblemente en la Comunitat de 1988 a 2011", aseguró que esta "mala praxis contable se solucionó con la llegada de Fabra" aunque admitió que, si se confirma esa sanción, es "imputable a la Intervención de la Generalitat".
PRESENCIA AGRIDULCE DEL MINISTRO DE GUINDOS Y DE RAJOY
Tras una legislatura marcada por los desencuentros entre los departamentos económicos del Gobierno central y el Consell, la proximidad de las elecciones autonómicas y locales parecía haber reparado en cierta medida las conexiones entre Madrid y Valencia. El propio Alberto Fabra ha contado días atrás con el respaldo de Génova -dirección nacional del PP- para adoptar una decisión muy complicada como ha sido la suspensión cautelar del presidente provincial del partido en Valencia, Alfonso Rus. De la misma manera, De Guindos dejó en su visita del lunes 'guiños' interesantes para el Gobierno valenciano como la citada mutualización de la deuda.
No obstante, el propio Rajoy ya ignoró este martes -una vez más- en su discurso de Valencia la reforma del sistema de financiación pese a que Fabra le interpeló en intervención directamente por ello. Una falta de tacto por parte del presidente del Gobierno puesto que en otros foros sí ha mentado su intención de abordar esta remodelación aunque sea a partir de la próxima legislatura nacional (2016).
Por su parte, el líder del PPCV presentó ayer en el Palacio de Exposición el programa electoral de su partido: un acto en el que aseguró que no volverá a ser candidato si no se cambia la financiación en la legislatura. En el documento presentado, se incluye además la exigencia de que el nuevo sistema compense "la infrafinanciación histórica que ha estado soportando la Comunitat Valenciana".
Zancandillear??? Yo creo que, zancandilla, ninguna. Normalmente quien la hace la paga y, en este caso, que yo sepa, la hizo el Gobierno del Consell, no el Gobierno de España, por lo que creo que es justo que lo pague la Comunidad Valenciana, muy a pesar nuestro. Eso sí, deberían pagar aquellos que lo consintieron, TODOS, con parte de su patrimonio, como a todos los humanos nos ocurre cuando nos ponen una multa.
Aquí no hay zancadillas que valgan sino interventores que no han hecho bien su trabajo y políticos locales que han gestionado las cuentas y los cargos como empresas familiares. Yo creo que por el bien del PPCV y de gran parte de sus cargos y ex cargos,lo mejor que les puede pasar es que pierdan las próximas elecciones y pasar al anonimato lo antes posible, porque tal y como va Fabra, erigiéndose en Mr. Propper de la corrupción y por aquello de que "el algodón no engaña" terminarán todos imputados por algo. 20 años gobernando con el Nepotismo como bandera tiene estas cosas que al final nadie es inocente.
Tu email nunca será publicado o compartido. Los campos con * son obligatorios. Los comentarios deben ser aprobados por el administrador antes de ser publicados.
imprimir
meneame
whatsapp