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VALENCIA. La dirección provincial del PP de Alicante liderada por José Císcar dio un paso adelante este martes en su objetivo de mostrar su autoridad en el territorio que domina. El cruce de declaraciones desde la cúpula de la formación 'popular' con la presidenta local del PP de Orihuela, Pepa Ferrando, apunta a terminar con la suspensión de la militancia de ésta última.

Así, en un comunicado enviado desde la dirección alicantina se instó el lunes al Comité de Derechos y Garantías del PP regional a que abriera un expediente disciplinario a los seis ediles que decidieron abandonar el pleno municipal de Orihuela para no votar la moción presentada por la concejal no adscrita, Asun Mayoral, y que consistía en establecer un acuerdo para que los imputados no sean incluidos en las candidaturas locales.

Pero la dirección provincial, como explicó el propio Císcar este martes, ha ido más allá y ha solicitado además a este órgano que proceda a la suspensión cautelar de militancia a Pepa Ferrando tras sus declaraciones del lunes, en las que acusó a la cúpula alicantina de "coaccionar" a los concejales. "Eso no se ha producido y no vamos a tolerar este tipo de manifestaciones", sentenció Císcar.

La propia coordinadora general del PPCV, Isabel Bonig, dio la razón este martes a la postura adoptada por Císcar y su equipo en Alicante, y a preguntas de los medios admitió que se iba a proceder a la apertura de un expediente disciplinario a los seis concejales puesto que desde el partido se había dado "una instrucción" en consonancia con "la línea roja del presidente Alberto Fabra", subrayó Bonig. Ahora bien, la 'número dos' del partido no concreto si también se aplicaría la suspensión de militancia de la presidenta local del PP de Orihuela, Pepa Ferrando.

Esta decisión deberá ser adoptada por el Comité de Derechos y Garantías del PPCV. Fuentes oficiales señalaron a este diario que en la tarde de ayer todavía no se había producido la reunión de este órgano. No obstante, dirigentes del partido apuntaron a que lo "lógico" será que se proceda a refrendar la propuesta de suspensión cautelar promovida por la cúpula provincial del PP en Alicante. 

Este conflicto se enmarca dentro de la tensión que ha presidido la legislatura entre los antiguos afines del exministro Eduardo Zaplana y José Joaquín Ripoll, entre los que se encuentran las oriolanas Pepa Ferrando y la exalcaldesa Mónica Lorente, y los ciscaristas -excampistas en muchos casos-. Aunque Fabra ha mantenido una buena relación con Zaplana a lo largo de la legislatura, se antoja difícil que el presidente interceda en este caso por Ferrando, que se encuentra imputada por las contrataciones para Fitur, al igual que se hallan otros tres ediles que eligieron abandonar el pleno para no votar la moción presentada.  

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