VALENCIA. El 'culebrón' del caso Nóos no tiene fin. El vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, presentó un recurso días atrás ante el titular del juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, para que aclarara si se encontraba o no imputado en esta causa al ser solicitados a las partes los escritos de acusación. La maniobra de Grau llegaba después de que la Audiencia de Palma instara a Castro a la reimputación del vicealcalde pese a que el citado juez había archivado el caso en junio en lo referido al número dos de Rita Barberá al considerar que no desplegó "actividad maliciosa".
La defensa de Grau ha alegado "una insuperable indefensión" dado que Castro puso fin a la instrucción del caso Nóos exculpándole y ahora la Audiencia ha acordado reabrir las investigaciones para el alto cargo de Valencia a instancias de la acusación popular integrada por concejales socialistas del consistorio.
Ante esta situación, Castro reabrirá en próximos días la instrucción del caso Nóos para interrogar, previsiblemente a finales de este mes, a 15 testigos cuya declaración solicitó Grau el pasado mes de junio. Es decir, el juez vuelve atrás en el proceso para interrogar a las personas solicitadas por el vicealcalde dado que se desistió de ese paso tras ser desimputado.
Ahora bien, esta reapertura también puede dotar de cierto margen de maniobra a las partes de la acusación popular (PSPV y Manos Limpias) integradas en el proceso. Así lo creen al menos las fuentes socialistas consultadas por este diario vinculadas al caso, que estudian aprovechar la decisión adoptada por Castro para que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el ex presidente de la Generalitat, Francisco Camps, vuelvan a verse salpicados por el caso e incluso tengan que vérselas de nuevo con el juez Castro.
"Constatamos que han quedado al margen del escrutinio judicial la posible participación que en los hechos sumarialmente enjuiciados y respecto de los convenios de colaboración suscritos para la celebración del Valencia Summit y de los Juegos Europeos, hubieran podido tener la alcaldesa de Valencia y el que fuera presidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps", señalaba el auto dictado por la Audiencia de Palma, que además recogía los argumentos de la acusación en la que se apuntaba a indicios "delictivos" por parte de Alfonso Grau respecto en las negociaciones del Valencia Summit.
Si bien expertos judiciales consultados por este diario opinan que la reapertura de instrucción solo afectará a lo que tenga relación con la actuación del vicealcalde, los socialistas tienen intención de apurar sus opciones de involucrar a Camps y Barberá. En este sentido, las fuentes del PSPV consultadas por este diario aseguran que Grau "trata de ganar tiempo" pero terminará sentándose en el banquillo puesto que, a su juicio, fuera cual fuera la conclusión extraída por Castro de este nuevo período, la Audiencia acabará reiterando su postura de que el vicealcalde se mantenga imputado. En este sentido, la maniobra de Castro de reabrir la instrucción desde el punto anunciado y aceptar la declaración de los testigos solicitados por Grau, obedece a juicio de los socialistas, a la intención de evitar a toda costa por parte del juez que pudiera prosperar el alegato de "indefensión" planteado por Grau, una circunstancia que podría 'tumbar' el proceso.
DECLARACIONES EN VALENCIA EN POCAS SEMANAS
tanto Castro como el fiscal anticorrupción Pedro Horrach se desplazarán a la Ciudad de la Justicia de Valencia a fin de tomar declaración, en concreto, a los 13 miembros del Patronato de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), parte de cuyos fondos fueron destinados a la organización, por parte del Instituto Nóos, de las tres ediciones de los denominados Valencia Summit. Entre los que declararon con anterioridad y volverán a hacerlo se encuentra la concejal Mayrén Beneyto,quien en su declaración en abril apuntó a Grau como el dirigente que tomaba las decisiones en turismo.
Además de los patronos, Grau también pidió la comparecencia de un funcionario de la intervención general de la Administración del Estado y de un catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Madrid, autor de varios dictámenes aportados a la causa a instancias del vicealcalde valenciano.
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