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VALENCIA. El conseller de Gobernación, Luis Santamaría, convocó este miércoles a los medios de comunicación para tratar de dar carpetazo al último escándalo en relación al llamado caso del topo. Ahora bien, la diligencia del responsable autonómico para resolver la situación -la comisión de investigación ha durado apenas diez días- no aclara varias de las incógnitas políticas que giran en torno al Palau de la Generalitat sobre lo sucedido.

Las conclusiones ofrecidas señalan que el jefe de seguridad actuó por su cuenta sin existir una investigación policial abierta al interrogar en dependencias policiales al asesor de prensa del vicepresidente del Consell, José Císcar, por lo que se ha adoptado la decisión de destituirlo de ese cargo y se dará cuenta del expediente a la Fiscalía para que estudie si observa alguna responsabilidad penal. En cuanto a las posibles sanciones disciplinarias, quedan en suspenso hasta que se diriman las consecuencias judiciales que se deriven del caso. Es decir, el hasta ahora responsable de la seguridad del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, es relevado de su cargo aunque se mantiene en su puesto en la Policía Autonómica.

La celeridad de la actuación, eso sí, una vez conocido el caso a través de los medios de la comunicación, es irreprochable. No obstante, quedan varias e importantes incógnitas políticas que el conseller Santamaría no aclaró en su comparecencia. Una de ellas, la tardía investigación abierta cuando los hechos, según diversas fuentes consultadas por este diario y distintas informaciones publicadas, eran conocidos por varios altos cargos del partido y del Consell. Un extremo que no confirmó Santamaría, al explicar que él mismo se enteró de la situación por la información publicada en el diario Levante y recalcar que en la investigación no se había desprendido que se tuviera conocimiento de los hechos en la cúpula del Gobierno valenciano.

Por otro lado, un punto flaco de esta historia radica en abordar una comisión de investigación -o al menos las conclusiones ofrecidas- encorsetada respecto al propio móvil del interrogatorio: el caso del topo. Así, no se ofrecieron detalles por los que el jefe de seguridad de Fabra, Rafael Piqueras, trató de recabar información sobre las filtraciones -las investigaciones internas ya se cerraron hace meses-  ni el motivo por el que optó por interrogar al asesor de prensa de Císcar, Juan Botella, y más aún, la razón de hacerlo en dependencias policiales. 

En este punto, cabe recordar que el responsable de escoltas accedió al puesto, según Santamaría, el 12 de mayo de 2014. Algo más de dos meses después, el 22 de julio, se produjo el interrogatorio en la comisaría de Pont de Fusta tras pasar por el despacho de Botella.

Así, según el relato de los hechos, para llegar hasta él Piqueras preguntó al subsecretario de Presidencia, Rafael Sánchez Pellejero, quien lo guió hasta su área de trabajo y les presentó. Una de las dudas que flotaba en la sala de prensa este miércoles era: "¿Cómo en dos meses el jefe de seguridad ya intuía que Botella tenía información sobre el topo pese a que, al parecer, no lo conocía?".

Preguntado directamente por la declaración del jefe de seguridad a la comisión de investigación sobre posibles órdenes recibidas al respecto, Santamaría se mostró rotundo sobre la inexistencia de instrucciones para la actuación, que fue "una iniciativa propia" a título "individual" y "sin que hubiera abierta ninguna investigación policial" acerca de las filtraciones de documentos en la Generalitat. Esto último, precisamente, es uno de los factores determinanes que ha conllevado la destitución del jefe de seguridad de su puesto, según dejó entrever el conseller. 

Ahora, según explicó el responsable autonómico, las funciones del inspector jefe de Presidencia pasarán a ser desempeñadas "con carácter provisional" por el subinspector de la Unidad Adscrita, Santiago Álvarez Casas, a partir de este jueves. 

Mientras, desde otros sectores del Gobierno y del PPCV, la noticia de la actuación "individual" por parte del jefe de seguridad se recibía con cierto escepticismo, un sentimiento que daba rienda suelta a todo tipo de teorías sobre la fulminante destitución del citado policía autonómico. Una de ellas, que el propio Fabra habría recibido la indicación de María Dolores de Cospedal, con quien se reunió este martes en Madrid, para resolver de inmediato la situación.  Una conjetura que evidencia que desde Presidencia se ha salvado un 'match point' con la destitución del jefe de seguridad pero que el mar de fondo sigue presente.

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