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VALENCIA. Hace más de cuatro meses, la portavoz del PSPV de Grandes Eventos, Eva Martínez, anunciaba que los socialistas valencianos llevarían ante la Fiscalía un posible delito de malversación de caudales públicos en la compra de Valmor por parte de la empresa pública Circuito del Motor, en virtud del acuerdo adoptado en diciembre de 2011 por el pleno del Consell presidido por Alberto Fabra y con Lola Johnson como portavoz del Gobierno valenciano y responsable de Cultura y Proyectos Estratégicos.
La diputada, quien explicó que había tenido acceso a una serie de documentación en la sede de Circuito Motor, consideró que ésta aportaba "indicios" de la citada malversación en la compra de Valmor, ya que "se conocía que estaba en quiebra" y que, además, "sus administradores podían haber incurrido en responsabilidades civiles, societarias y penales y, pese a ello, se comprometieron a exonerarles al menos por cuatro años".
El anuncio del PSPV causó una importante inquietud en el Consell, como ya informó este diario. A diferencia de otros casos heredados de anteriores legislaturas, la compra de Valmor es una decisión adoptada durante el mandato del actual presidente, Alberto Fabra y avalada por el Consejo de Circuito Motor entonces presidido por la consellera Lola Johnson, ahora secretaria autonómica de Comunicación. Sin duda, motivo suficiente de preocupación dada la mano férrea que el jefe del Consell quiere aplicar en aras de la transparencia.
Curiosamente, y tras estos cuatro meses, el portavoz adjunto de Esquerra Unida, Ignacio Blanco, ha sido el que se ha adelantado a los socialistas valencianos personándose en la Fiscalía -concretamente el pasado jueves- para denunciar estos posibles delitos de malversación y prevaricación. De hecho, el parlamentario de EU difundió la pasada semana en rueda de prensa el contrato al que había tenido acceso y anunció que acudiría a la Fiscalía a interponer la denuncia. Dicho y hecho: pese a los días festivos, Blanco lo presentó apenas una semana después.
Fuentes del PSPV-PSOE consultadas por este diario restaron importancia a la anticipación de Esquerra Unida y rechazaron de plano que el retraso en la denuncia socialista pudiera tener alguna relación con la importancia de los impulsores de Valmor: Fernando Roig, Bancaja y Jorge Martínez Aspar. En este sentido, desde el grupo socialista aseguraron que continuaba trabajándose de forma "intensa y concienzuda" en la denuncia. "Creemos que es un asunto de vital importancia y acudiremos a la Fiscalía con el escrito y la documentación más completa posible", subrayaron las citadas fuentes.
Así, y aun en el caso de que la anticipación de Blanco se debiera a su propia precipitación o el deseo de 'ganarse la foto' como opinan fuentes del grupo socialista, resulta destacable cómo el reducido número de parlamentarios de Esquerra Unida (cinco frente a los 33 del PSPV) viene llevando la iniciativa en diversos casos en los que el Gobierno valenciano podría haber cometido irregularidades en los últimos años o, simplemente, poniendo de manifiesto ejemplos llamativos de mala gestión.
Algunos ejemplos de ello son la insistente solicitud de documentación o denuncias ya sea por internet o en los tribunales respecto a los pagos al arquitecto Santiago Calatrava por sus diversos trabajos para la Generalitat; el caso de las adjudicaciones a Construcciones Taroncher o las contrataciones con la empresa Over Marketing. Una manera de realizar una oposición férrea y con 'punch' pese a contar con unos medios mucho más limitados que los socialistas valencianos.
EL CASO VALMOR: LOS LODOS DE LA FÓRMULA 1
En cuanto a la denuncia presentada por Blanco, ésta se centra en el contrato de compraventa de participaciones sociales de Valmor Sports S.L., suscrito el 7 de marzo de 2012 por Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A. -como comprador- y Worldwide Circuit Management S.L., Fernando Roig y Bancaja Participaciones S.L. -como vendedores-.
Según el diputado, este contrato supone "indudable e irremisiblemente" un "quebranto económico" para el erario público, puesto que una empresa pública de la Generalitat asume todas las deudas de una empresa privada con entidades financieras y proveedores, "y todo ello eximiendo además a los vendedores de cualquier responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones o deberes legales en su calidad de administradores cesantes de la sociedad transmitida".
Blanco expone que la decisión de proceder a la compra de Valmor fue tomada por unanimidad en el Consejo de Administración de Circuito del Motor, celebrado el 28 de febrero de 2012, con la asistencia de su presidenta, Lola Johnson, y los vocales Luis Lobón, Bruno Broseta y Mateo Castellá, siendo representado por la presidenta los vocales José López Jaraba, Eusebio Monzó y Rafael Ripoll. Por tanto, entiende que estas siete personas "serían en principio responsables de los eventuales ilícitos penales que se hubieran podido producir por el acuerdo".
La operación de compra de Valmor fue previamente aprobada el 9 de diciembre de 2011 por el Consell, accionista único de la sociedad Circuito del Motor. En ese momento, Blanco recuerda que el presidente de la Generalitat ya era Alberto Fabra.
Además, el diputado de EU recalca que, según el informe de fiscalización de empresas públicas y otros entes de la Generalitat realizado por la Sindicatura de Cuentas al ejercicio 2011, la adquisición y posterior fusión de Valmor implicaría que se generen unas pérdidas para Circuito del Motor que pueden llegar a un importe de al menos 23.876.125 euros.
Así mismo, añade que como también señala la Sindicatura de Cuentas en su informe, entre las deudas de Valmor que el Circuito del Motor asume al firmar el contrato de compraventa figuran 14.660.631 euros que la empresa privada adquirida debía haber pagado a la empresa pública adquiriente en concepto de organización del Gran Premio de Fórmula 1 en los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011.
Blanco agrega en su denuncia que el portavoz del Consell, José Císcar, justificó en su día la decisión de comprar Valmor por menos de un euro por la necesidad de evitar la penalización de 71 millones de dólares de indemnización que hubiera supuesto no organizar la prueba, ante la imposibilidad de que Valmor la llevara a cabo por su situación patrimonial.
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