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VALENCIA. El diario ValenciaPlaza.com ha celebrado un nuevo encuentro restringido a profesionales en la redacción del diario bajo el lema: 'Fiscalidad, empresa pública, financiación y fondos europeos', con la participación del conseller de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Carlos Moragues, y el patrocinio de Cuatrecasas-Goçalves Pereira, Deloitte, Ernst&Young (EY) y Garrigues.
El conseller ha respondido a las preguntas de los responsables de las consultoras y despachos sobre la situación del déficit público valenciano, la reforma de fiscal y de la financiación autonómica y local, además de la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) y al renta per cápita en la Comunitat Valenciana, la reestructuración del sector público empresarial y de la captación de fondos europeos.
Junto al conseller han participado en el encuentro Mariano Ayuso, socio de Cuatrecasas-Goçalves Pereira en Valencia; Francisco Ferrandis, asociado senior del mismo despacho; José Antonio Conca, asociado senior legal de Deloitte; Cristóbal Martí, socio fiscal de la consultora; María Jesús Escobar, directora de Administraciones públicas de EY para España; Miguel Guillem, director del área fiscal de EY en Valencia; Javier Sancho Sebastián, socio del departamento de Derecho fiscal de Garrigues Abogados en Valencia; José Vicente Belenguer, socio del departamento de Derecho administrativo y urbanístico del despacho; Alvaro Mohorte, redactor de Valencia Plaza; Cruz Sierra, director del medio; y Enrique Lucas, presidente de Ediciones Plaza.
CRISTÓBAL MARTÍ, SOCIO FISCAL DE DELOITTE
-Las medidas fiscales tomadas por el Estado parecen más orientadas a la recaudación que la incentivación de la actividad económica ¿Prevén alguna modificación o alguna medida correctiva?
JCM -"Nosotros hemos dado una lección porque hemos utilizado nuestra capacidad tributaria todo lo que podíamos, más en imposición indirecta que en indirecta. Creo que ahora toca bajar impuestos, una vez conseguida una cierta estabilidad presupuestaria.
Apenas hemos tocado la imposición directa: el IRPF está con la escala complementaria, Patrimonio lo tenemos en normativa básicas, con un mínimo exento de 700.000 euros y vivienda habitual exento hasta 300.000 euros, tal cual la tiene el Estado. Lo que hemos tocado es la imposición indirecta autonómica.
En este sentido hemos establecido incentivos a la declaración. Me gusta citar dos: que no te puedes aplicar una deducción autonómica si pagas en efectivo, porque hay que pagar con medios controlables; y el hecho de permitir la deducción en Sucesiones y Donaciones para evitar la triple tributación (Renta, Patrimonio y cuando donas o heredas), pero aplicando una deducción cero si es la Administración la que descubre los hechos imponibles no declarados.
En materia de impuestos hay que tener en cuenta que, en primer lugar, el actual modelo de financiación establece que, en materia de impuestos, a las comunidades autónomas se les cede el 50% del IRPF, el 50% del IVA y el 58% de los impuestos especiales.
El problema es que se puede poner esa cantidad, pero no es real. El sistema de financiación funciona de forma que la comunidad autónoma da unas cantidades a cuenta y, dos años después, el Estado le liquida a la comunidad autónoma.
Se puede poner el porcentaje de cesión de impuestos que se quiera, porque al final está todo distorsionado por el juego de fondos: el Fondo de Garantía, del Fondo de Suficiencia y de los fondos de convergencia, como son el Competitividad y el de Cooperación.
En segundo lugar, quiero poner un ejemplo. La Comunidad de Madrid ha bajado el IRPF para 2014. El anuncio se hizo en octubre de 2013. ¿Sabéis cuándo un madrileño notará esta modificación? Pues, ni la notará en la nómina de enero, ni en la de febrero, ni en la de marzo.
No van a tener ese beneficio fiscal en todo el 2014. Lo van a tener en 2015, casualmente cuando haya elecciones autonómicas, y la Comunidad de Madrid va a tener el perjuicio recaudatorio en la liquidación del modelo en julio de 2016. Eso ni es corresponsabilidad fiscal ni es nada.
Por otra parte, en el conjunto de las autonomías, hay una política fiscal muy divergente. Así, Madrid está siguiendo una política de bajada de impuesto y de competencia fiscal. Tiene Transmisiones al 6%, ha bajado el tramo autonómico del IRPF, no tiene Patrimonio, Sucesiones lo tiene bonificado... y ahí hay una ruptura de la unidad de mercado.
Tiene que haber una armonización dentro de una capacidad tributaria o que las comunidades autónomas puedan tener potestad legislativa. En ese sentido, una de las grandes cuestiones es cómo afecta la reforma fiscal a los sistemas tributarios autonómicos.
Por ahora, se ha presentado el Informe Lagares, en el que se menciona determinadas propuestas que afectan a la fiscalidad autonómica. En ese sentido, se opta más por establecer la contribución en la tenencia que en la propia transmisión o adquisición y habla de vehículos y de inmuebles.
El sistema fiscal tiene que ser más sencillo, no tiene que romper la unidad de mercado, no tiene que romper la armonía de todas las comunidades autónomas y tiene que haber corresponsabilidad de todas en materia fiscal. Esto quiere decir que una persona entienda la relación que existe entre los impuestos que paga y los servicios públicos que recibe, cubiertos en un 35% por las comunidad autónomas.
–¿Piensan bajar algunos impuestos en concreto que están bajo su competencia?
–"Hay dos reformas principales que van unidas y que son la financiación autonómica y la reforma fiscal. Tenemos que ver qué servicios tenemos, hacerlos más eficientes, pero también tenemos que ver cómo los financiamos y la fuente está en la cesta de impuestos. No queremos perder capacidad financiera y capacidad tributaria.
El informe Lagares deja una serie de interrogantes que tendremos que ver. En este momento, está establecido que el Estado recauda los grandes impuestos y luego hace transferencias verticales a la comunidades autónomas.
Si nos acercamos a los impuestos en concreto, por ejemplo, Patrimonio tiene ventajas y desventajas. Por una parte, desincentiva el ahorro y hay una doble tributación. Por otra parte, hay un hecho imponible que es demostrativo de una capacidad tributaria.
Habrá que ver cómo una posible disminución de Patrimonio se compensa a través de otro tipo de figuras. El informe Lagares planteaba tributar más la tenencia a través de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que no la transmisión patrimonial. De ese modo, traslada el peso del ámbito autonómico al local. Hay que ver cómo encaja todo esto para que el sistema tributario sea sencillo, incentive el cumplimiento voluntario, con menores tipos y mayor recaudación".
MIGUEL GUILLEM, DIRECTOR DEL ÁREA FISCAL DE EY
–Hay presentada una cuestión de inconstitucionalidad sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones valenciano que puede abrir una espita porque nos encontramos en una especie de dumping fiscal entre comunidades autónomas. ¿Cómo pensáis compensar esta situación?
–"Es una asignatura pendiente y lo reconozco. En función de dónde se viva se tiene un beneficio fiscal y tendría que haber una cierta armonización. Hay que tener en cuenta que el Impuesto de Sucesiones y Donaciones afecta a residentes y estos pueden ser tanto a valencianos como españoles de otras zonas o incluyo extranjeros que viven aquí.
El Informe Lagares va en la línea de que no puede ser que exista esa competencia fiscal. Si nos estamos armonizando en el conjunto de Europa, no tiene mucho sentido que cada vez tengamos más discrepancia o más divergencia dentro de España.
Todo está mediatizado por el endeudamiento de las comunidades autónomas y también por la financiación autonómica. Es un elemento tan perverso, tan distorsionador, que afecta directamente a la fiscalidad y a la unidad de mercado.
La razón está en que, por ejemplo, nosotros en 2014, con lo que nos da el Estado no cubrimos ni sanidad ni educación. Apenas nos da el 89% de lo que necesitamos para ambas. Sin embargo, la media en las comunidades autónomas es de una aportación del 107%, teniendo en cuenta estos fines, y hay comunidades autónomas que les cubren al 129%.
Esto provoca una distorsión de ingresos y nos hace hacer cosas como establecer impuestos sobre depósitos bancarios. En ese sentido, es necesaria la armonización fiscal, ya no sólo en que se case la financiación autonómica con la capacidad tributaria, sino que también exista una coordinación entre las distintas comunidades autónomas que no afecte a esa libertad de residencia en todo el territorio nacional".
–¿Qué va a significar la creación de la agencia tributaria valenciana, el Instituto Valenciano de Administración Tributaria (IVAT)?
–"Con la creación del IVAT lo que persigo es contar con un instituto muy especializado y muy profesional, como lo es también el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). Quiero que haya movilidad, pero dentro de IVAT. Quiero crear los departamento de gestión, de inspección y de recaudación, como tiene la Agencia Tributaria.
La dirección general de Tributos está ahora mismo situada en la Conselleria de Hacienda y Administración Pública con unos porcentajes de interinidad muy elevados y con un incentivo muy claro para irse a otras direcciones generales por una cuestión simplemente de complementos específicos.
Tributos es una dirección general con pocos específicos, aunque esto no quiere decir que con la creación del Instituto Valenciano de Administración Tributaria vaya a subir la masa salarias de la Dirección General de Tributos.
Además, Tributos tiene una dificultad de movilidad, con el personal saliendo y entrando continuamente de una dirección general a otra, lo que le da una inestabilidad e interinidad que considero que debe cesar.
Por otra parte, también creo el Cuerpo Superior de Gestión de Tributos, que es un A2 (el equivalente al Cuerpo Técnico de la Agencia Tributaria). Con esto, lo que pretendo es extender este modelo a toda la Administración Pública, porque la estructura actual se quedó en la década de los 80 y las necesidades han cambiado.
Del mostrador, los manguitos, la visera, el sello y el cuño se ha pasado a una Administración Pública que no tiene nada que ver. Tenemos que cambiar la pirámide para hacerla más reducida, más profesional, más cualificada, apostando por grupos A1 y 2, y también introduciendo evaluación del desempeño y retribución en función de los objetivos e indicadores de gestión conseguidos".
MARÍA JESÚS ESCOBAR, DIRECTORA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE EY
–La Generalitat valenciana ya es un caso de estudio en las escuelas de negocio por la reestructuración que se ha hecho, ya que no sólo se han eliminado entes sino que también se ha reducido el gasto. ¿Qué queda por hacer?
–"El redimensionamiento del sector público empresarial lo tenemos completado al 80%: de 82 entes tenemos ahora 40. Nos quedan 10 entes para alcanzar el objetivo, pero son muy complicados. Se trata por ejemplo de Ciegsa, que construía las infraestructuras educativas, y en la que estamos haciendo continuamente operaciones mercantiles de reducción de la deuda.
Hay que tener en cuenta que Ciegsa le dio los colegios a la Generalitat, mientras que la Generalitat asumió la deuda de Ciegsa. Son operaciones de más de 2.000 millones de euros durante muchísimo tiempo que tenemos que regularizar. Pero no es el único caso.
Soy también presidente de la Sociedad Proyectos Temáticos, una entidad con la que me podría dedicarme las 24 horas del día, unida al IVF. En este caso estamos en proceso de extinción y es una sociedad donde está la Volvo Ocean Race, el Auditorio de Torrevieja, el Centro Cultural de Benidorm, Ciudad de la luz, Terra Mítica, las acciones del Aeropuerto de Castellón, las de Ciudad de la luz... por poner unos ejemplos.
Ahí tenemos que reducir esas diez entidades del sector público empresarial y también tenemos que establecer un cuadro de mando integral. De esta forma tendremos a nuestras empresas públicas total y absolutamente monitorizadas. Queremos saber los datos mensuales de cómo evolucionan las cuentas.
La primera fase será ver los saldos de todas nuestras cuentas bancarias, a los que hasta ahora no teníamos acceso, para después integrarlo incluso en la caja única de la Generalitat. Y es que hay que tener en cuenta que hay empresas públicas que tienen saldos ociosos en sus cuentas bancarias y empresas públicas que tienen necesidades financieras.
A efectos de personal, tenemos unas empresas públicas en las que se han ido integrando sociedades anónimas en entidades de derecho público, que a su vez tienen una determinada relación con las diferentes consellerias. Así, en unas entidades hay personal laboral; en otras, empleados públicos y, en las propias empresas, hay quien está de acuerdo con el primer convenio colectivo, otros con el segundo convenido colectivo...
Hay que normalizar toda la función pública de todo nuestra sector público empresarial y también introducir el proceso de provisión de un empleado público, que es el principio de mérito, capacidad, concurrencia y transparencia".
–La gestión de los fondos europeos creo que ha sido buena, pero ha estado muy orientada a la inversión en infraestructuras. Con el cambio de objetivos la situación se complica especialmente, ya que no tienen incentivos para enfrentarse con la normativa autonómica, estatal y europea. ¿Se está planificando una actuación para la absorción de todo estos fondos disponibles?
–"A diferencia con lo que ocurría antes, ahora tenemos que ir llamando de puerta en puerta para poner en marcha una campaña informativa de comunicación muy potente, porque ya nosotros no podemos financiar.
Cuando estuvimos en Bruselas, donde nos hicimos una agenda de catorce reuniones al día y les dijimos que nosotros no podemos financiar estos proyectos y que tiene que financiarlos el sector privado.
Lo que tenemos que hacer es ejercer una función de intermediación. En ese sentido, hemos recibido ya proyectos y estamos hablando de 2.156 millones de euros en siete años, lo que significa una inversión de 4.300 millones de euros, al ser la cofinanciación al 50%.
Esa financiación es de otros entes públicos, como las diputaciones provinciales, pero hemos invitado también a las asociaciones empresariales, a las cámaras de comercio, a las cooperativas... y ya tenemos 5.500 millones de euros presentados en proyectos.
A diferencia de lo que pasaba en el pasado, a nosotros ahora nos corresponde poner el andamiaje del programa operativo y presentar los a nivel nacional (el 22 de abril), para empezar a desarrollar ya el programa operativo".
–¿Cómo se va a sostener la reducción del gasto público para ir convergiendo a los objetivos de déficit?, porque parece que ya se está ‘pinchando en hueso'.
–"La hoja de ruta pasaba primero por conseguir el reconocimiento de un déficit asimétrico, y lo hemos conseguimos. En segundo lugar, había que lograr un plan de pago a proveedores, porque no podemos financiarnos con pago a proveedores: incumplir el déficit es no pagar, y lo estábamos haciendo.
Antes tu ibas al banco y te daba todo lo que quisieras y el Ministerio de Hacienda pasaba por allí. Pero ahora mismo la liquidez que tienes la tienes autorizada por parte del ministerio y, en nuestro caso, a través del FLA, con el cual estamos absolutamente cómodos porque nos financiados a Tesoro más 10 puntos básicos (un 3,10% en 2014, que es algo impensable en los mercados).
No obstante, todavía hay déficits no financiados: deuda comercial anterior a febrero de 2014 de algunas comunidades autónomas, y eso a Tesoro ya lo hemos trasladado. En algún momento habrá que plantearse la financiación de esos déficits, teniendo en cuenta que el programa de colocación del Tesoro es de 242.000 millones de euros a lo largo de 2014; que para las comunidades autónomas FLA hay asignados 23.000 millones, de los que calculo que hay ya repartidos 16.600 millones.
El sobrante de 6.300 millones de euros se debería utilizar para cubrir déficits no financiados y anteriores a 1 de enero de 2014 en determinadas comunidades autónomas muy concretas.
El tercer lugar, hay que revisar el sistema de financiación. No podemos estar en una situación en la que la educación y la sanidad te cuesten 9.200 millones y el Estado te de 8.200 millones. No tiene ninguna razón de ser cuando en tu caso la sanidad y la educación representan el 70% de tu presupuesto no financiero, que es el porcentaje más alto de todas la comunidades autónomas, entre las que hay quien destina sólo un 55%.
Estamos para comer y dormir y no podemos sacara delante otras políticas, como sí hacen otras comunidades autónomas. Es necesario reformar el modelo rompiendo el statu quo y estableciendo una corresponsabilidad, siempre garantizado al eficiencia.
Y el cuarto paso es aplicar un programa de reducción de deuda. Ahora estamos en un 32%, pero nos estamos financiando más baratos: el pago a proveedores de 2012 estuvo cerca del 6% y el de 2013, en el 3,32%, casi la mitad. El FLA en 2012 nos costó al 5,18%; mientras que en 2013 nos costó al 3,90% y este año calculamos que un 3,10%.
A su vez, la renovación de la líneas de tesorería en febrero nos permitió renovar 3.400 millones de euros a corto plazo de Tesoro más 300 puntos básicos a Tesoro más 150 puntos básicos, con ahorro de 50 millones de euros, sólo en el año 2014 (pasando 1.400 millones de euros de corto a largo plazo, para reestructurar mejor nuestra vida media de la deuda).
De todos modos, habrá que poner encima de la mesa que tenemos una deuda pública que parte es derivada de una infrafinanciación y habrá que estudiar instrumentos compensatorios, bien por la vía de gasto financiero o bien por la vía de la reducción de deuda para poder reducir ese stock de deuda para conseguir cuanto antes ese equilibrio presupuestario para garantizar la sostenibilidad de la Generalitat Valenciana".
FRANCISCO FERRANDIS, ASOCIADO SÉNIOR DE CUATRECASAS-GONÇALVES PEREIRA
–¿Se plantean cambios en el fiscalidad del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, acusado de basarse en una voluntad confiscatoria?
–"Cuando establecimos las bonificaciones de Sucesiones y Donaciones, las bajamos del 99% al 75%, y eso mereció mucha reflexión por mi parte. Hay gente que propone que se deje la bonificación al 0%: "Si la gente tiene patrimonio, que pague". Ese es el análisis que hace, por ejemplo, la oposición. Sin embargo, si tienes bonificación al 0%, nadie dona.
En segundo lugar, otro problema es la doble y triple tributación. Tú tienes una renta, tributas; amasas esa renta en patrimonio, pagas el Impuesto de Patrimonio; y luego al trasladar ese patrimonio, evidentemente también pagas.
Y un tercer aspecto: la confiscatoriedad. Hay muchas veces que se recibe un patrimonio ilíquido con una carga fiscal excesiva, lo que transforma ese patrimonio ilíquido en una obligación económica y financiera líquida considerable.
Todo eso lo pusimos en el saco, empezamos a darle vueltas y salió una horquilla de bonificación para ser justos del 75%. A esto también se añadimos un régimen de fraccionamientos y aplazamientos para adecuar esa recepción del patrimonio ilíquido y los vencimientos para la satisfacer el pago.
Creemos que fue la mejor solución. No sé si esta explicación consolará a los clientes de los despachos, pero es un hecho imponible y demuestra una capacidad tributaria y económica que hay que hacer tributar".
-¿Qué futuro le auguras al Impuesto sobre los Depósitos Bancarios y qué información tenéis sobre las intenciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre el suyo?
-"En este tema hay que tener en cuenta que, si Extremadura pone un impuesto y las entidades bancarias lo repercuten de forma subliminal, repercute a los depositantes de todas España. Y no es lógico que para Extremadura, Andalucía y Canarias, año tras año, los Presupuestos Generales del Estado les compensen por un impuesto que han creado, que no han recaudado y, en atención al principio de lealtad institucional, el Estado les va a resarcir.
También hay que tener en cuenta que el Tribunal Constitucional ha dicho que es un tributo autonómico y, en segundo lugar, ha levantado la suspensión de los de Cataluña y Asturias, aunque estén recurridos. Si estuviéramos en una situación de equilibrio presupuestario, el Impuestos sobre los Depósitos Bancarios impuesto puede plantear alguna duda; pero, si nosotros hemos planteado un impuesto y el Estado quiere legislar en nuestra contra, debe resarcirnos.
En todo caso, hay un principio en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) que es claro: si una Administración legisla y con ello provoca un perjuicio a otra, le tiene que compensar. Por lo pronto, nosotros lo hemos hecho mejor que Cataluña, porque no lo hemos hecho con efecto retroactivo sino a partir del 1 de enero de 2014.
Aquí lo hemos planteado como Sociedades: tres pagos (20 de abril, 20 de octubre y 20 de diciembre) con liquidación en 25 de julio del año 2015. Por eso, este 1 de abril ha empezado el plazo de autoliquidación e ingreso".
JOSÉ VICENTE BERENGUER, SOCIO DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y URBANÍSTICO DE GARRIGUES
–Sobre la reestructuración del sector público empresarial, ¿la Generalitat ha valorado las causas que llevaron a hacer determinadas inversiones, como la Fórmula 1 o la puesta en marcha de PAIs, compitiendo con la iniciativa privada? ¿Se va a tomar medidas para que no se vuelva a repetir?
–"Cuando se genera un sector público empresarial se persigue desarrollar un determinado tipo de actividades y hay que ver si es una actividad propia o impropia; porque, normalmente, es porque es impropia, ya que no es un servicio corriente que puedas hacer a través de la propia Generalitat.
A continuación se ha de mirar qué medios propios tiene esa sociedad instrumental, porque tampoco tiene sentido crear una empresas para que, a su vez, subcontrate, porque para eso ya licitas tú. Y dicho eso, hay que ver si la empresas pública ejerce funciones públicas o no, ya que, si ejerce funciones públicas, tendrá que ejercerlas un funcionario público o un empleado público, porque no puede ejercer potestades públicas el persona laboral. Por último, también se tiene que ver el objeto que persigue esa sociedad y si se ha de seguir impulsado de forma directa o indirecta.
En eso estamos. Tanto planteamos reducir el sector público como valorar el tipo de personal, si tiene medios propios y si esos servicios son funciones públicas o si esos servicios se pueden prestar a través de una licitación directa o hay valor añadido al hacerlo con una empresa pública en términos de eficiencia, agilidad y rapidez.
Estos son principios que hace cuatro o cinco años nadie o poca gente se planteaba. En todo caso, nuestra Administración no era más grande que otras, pero se le ha penalizado por los grandes eventos. Tengo que decir que nuestro sector público empresarial era el sexto de toda España, siendo la cuarta autonomía en importancia".
–¿Se han planteado la colaboración público-privada para actividades que hasta ahora realizaba el sector público empresarial y que pueden resultar atractivas?
–"Esta colaboración se puede plantear por dos vías: si lo tiene que prestar siempre la Administración o puede recurrir a una gestión indirecta, que no es una privatización. Nos estamos planteando hacer sostenible y tener la financiación adecuada para toda la cartera de servicios públicos que prestamos a la ciudadanía y estudiar todo tipo de servicios de eficiencia.
Por otro lado, creo que hay que hacer una mención importante al mecenazgo. Hay determinadas actividades culturales, sociales, de fomento de la investigación, para las que es importante que haya una mayor participación privada".
MARIANO AYUSO, SOCIO DE CUATRECASAS-GONÇALVES PEREIRA
–¿Cómo se encuentra el proceso de puesta en marcha de la Ley de modernización de la Administración local? ¿Abre la puerta a una tercera descentralización, a dar un nuevo sentido a la diputaciones?
–"En España tenemos que organizarnos mejor. Muchas veces en España se nos acusa de que hemos creado un cierto reino de taifas entre diputaciones, entidades locales, mancomunidades, comunidades autónomas, Estado... Sin embargo, las Administraciones Públicas pueden ser eficientes, pero tenemos que sentarnos y coordinarnos mejor.
La comunidad autónoma tendrá que decidir si asume los servicios impropios que prestan los municipios (guarderías, residencias de ancianos...) para asumirlos de forma directa o a través de la delegación de competencias o un convenio. De esta manera, el ayuntamiento tiene garantizado que van a financiarse esos servicios, algo que ahora no ocurre.
Aunque queda mucho por hacer y por explicar tengo una valoración muy positiva de esta ley. Pretende hacer efectivo ese lema de ‘una Administración, una competencia'".
–¿Podremos llegar a un modelo federal financiero en España?
–"El modelo federal no tiene cabida en la Constitución y yo, que soy absolutamente constitucionalista, creo que estamos muy a gusto en ella. Se ha generado un época de progreso y crecimiento sin parangón.
Sin embargo, también es verdad que hay un régimen foral para País Vasco y Navarra que convive con los demás. No estoy en contra, pero lo que sí hay que tener claro es que las comunidades autónomas número uno y número tres tienen que contribuir a la solidaridad en toda España.
Para conseguirlo se dispone de instrumentos jurídicos para calcular el cupo y la contribución. No hace falta cambiar nada. Pero hay dos tipos de solidaridad: la solidaridad implícita (mismo servicio, se viva donde se viva); y solidaridad explícita, una convergencia entre las comunidades autónomas de la misma forma que tiene que haber una convergencia entre las 271 regiones de Europa.
Para conseguir la solidaridad explícita, hay que habilitarlo a través de Fondo de Compensación Territorial, los fondos europeos, las inversiones del Estado... Entonces no hace falta el modelo fiscal".
JAVIER SANCHO SEBASTIÁN, SOCIO DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO FISCAL DE GARRIGUES
–Haciendo previsión de futuro, ¿dónde cree que puede acabar el nuevo sistema de financiación autonómica que todo el mundo está buscando y en el que parece que nadie está dispuesto a ceder nada?
–"El problema es que cuando tienes una fuente de financiación que te da el 75%, cuando negocias ese modelo de financiación estás negociando algo vital. En todo caso, tampoco tiene sentido que cada cinco años estemos volviéndolo a negociar. Tenemos que encontrar una solución que sea perdurable en el tiempo, que sea entendible y que sea justa, partiendo de una negociación entre todas las comunidades autónomas.
El anterior proceso fue en 2009 y fue una negociación púramente política. Ahora lo que necesitamos es que se atienda cuestiones de justicia: garantizar los servicios públicos esenciales. No puede haber un diferente nivel de servicios según donde se viva, igual que se tiene un mismo derecho a pensiones o a prestación por desempleo.
Si después de eso, si se quiere tener otro tipo de servicios, que cada comunidad autónoma se lo pague de sus impuestos o recurriendo al endeudamiento. Lo que no puede ser es que no se de la misma cobertura en todas partes a lo fundamental.
Otra cosa es que haya más fondos o menos, pero yo veo positivos los pasos que se van dando. Cuando entré en 2013 teníamos unas dificultades financieras y de tesorería tremendas y en un escenario de decrecimiento de la recaudación tributaria y de subida del paro y bajada de afiliaciones.
Un año después tenemos crecimiento. El otro día, en una comida con el ministro Montoro, él mismo lo anunciaba: hemos subido la recaudación tributaria un 6% en materia de IVA en febrero, el paro interanual está bajando, las afiliaciones suben, un escenario de crecimiento que nadie se esperaba..."
JOSÉ ANTONIO CONCA, ASOCIADO SÉNIOR LEGAL DE DELOITTE
–Al hilo de la colaboración público-privada, cuando desde Deloitte estuvimos en el proceso de reestructuración del sector público empresarial lo que observamos es que muchísimas empresas tenían determinados activos que, a nuestro juicio, se podían poner en valor. En particular, de Vaersa, EPSAR, determinado suelo industrial... ¿Cuál es la línea de actuación en esta materia?
–"Tenemos una serie de activos en nuestra sector público y estamos explorando vías de ingresos extraordinarios. Ahí estamos estudiando qué se puede hacer con las plantas de tratamientos de residuos de Vaersa; el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA), integrada en la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGV), que es donde también está el suelo industrial e incluso vivienda de renta libre, que también hay.
Sobre la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR), estamos estudiando las estaciones de depuración de aguas residuales, pero están en régimen de concesión con una serie de vencimientos y estamos analizando qué formas posibles de licitación hay, garantizando siempre el servicio sin encarecerlo.
Vamos más lentos de lo que a mí me gustaría, pero tengo que reconocer que la complejidad es mucha porque la casuística es tremenda. Cada empresa tiene una casuística diferente. Dará sus frutos a medio y largo plazo, pero no queremos precipitarnos para ser garantistas".
–¿Qué opinión le merecen los fondos europeos de Horizonte 2020, también destinados a la innovación y desarrollo que, quizás con otro ámbito competencial también puede ayudar mucho a las empresas valenciana?
–"Antes me he centrado en fondos estructurales para no hacerlo largo, pero si nos extendemos y analizamos los fondos Horizonte 2020, éstos son fondos que vienen directamente de la Comisión Europea al beneficiario. No van a través del Ministerio y la Conselleria de Hacienda.
En todo caso, eso que no quiere decir que nos desentendamos. De hecho, tenemos en marcha campañas divulgativas y dos iniciativas muy importantes que es Cosme y Horizonte 2020 e Iniciativa Pyme. Esto, además, se enlaza con el Banco Europeo de Inversiones y con el Fondo Europeo de Inversiones.
Lo que queremos es que si una empresa tiene un proyecto de innovación, eficiencia energética, de investigación, de TIC, de capital humano... que obtenga esas líneas de financiación adecuada. De hecho, estamos desarrollando Iniciativa Pyme para el fomento de esa financiación.
Las entidades financieras también están interesadas en este tipo de acciones porque consideran que se trata de ‘crédito sano', como ellos lo llaman, porque son proyectos muy solventes, con recorrido, por parte de empresas que son innovadoras y que tienen un valor añadido.
Las Administraciones públicas no estamos para dar subvenciones y olvidarnos. Estamos para canalizar todo tipo de instrumentos en beneficio del sector privado que es el que genera empleo y al que hay que fomentar".
CRUZ SIERRA, DIRECTOR DE VALENCIAPLAZA.COM
–El profesor Luis Garicano proponía en una entrevista en nuestro diario una rebaja de fiscalidad a los mayores de 65 años con el objetivo de atraer a ese sector de población de otros países a regiones turísticas y que contribuyeran a liquidar el sector inmobiliario y a potenciar el turístico. ¿Lo considera posible?
–"El sistema tributario tiene que fomentar determinadas actuaciones como la captación de la inversión, sobre todo extranjera; o el ahorro, para que se canalice hacia el crédito. Desde después del verano estoy percibiendo un interés inversor extranjero especial en la Comunitat Valenciana.
Se entiende que ha habido una devaluación interna, que ya estamos hablando de una tierra con oportunidades. Las políticas tienen que orientarse a atraer ese tipo de inversión, especialmente extranjera. Hasta ahora, nos hemos endeudado con fondos de fuera, pero ahora ese dinero tiene que venir a través de inversión".
–Respecto a la deuda de la Generalitat, los periodistas más veteranos no vemos la forma de que se pueda reducir y evitar los tremendos costes financieros para el erario público. ¿Ve la posibilidad de una quita, como se ha hecho con Grecia?
–"No me preocupa tanto el stock de deuda como su evolución. El primer Presupuesto de la Generalitat que me planteé era de 13.000 millones de euros, pero yo decía: "tenemos una deuda de 26.000 - 27.000 millones y unos ingresos de 13.000 millones", una proporción mucho más baja de lo que puede ser la hipoteca de un ciudadano medio.
Por eso hay que tener en cuenta el stock de deuda, pero hay que tener en cuenta especialmente el coste financiero y a qué se ha dedicado la deuda. A mí, me preocupa que la deuda se dedique al gasto corriente y no a proyectos de inversión que tengan una rentabilidad política o social.
Por eso es muy importante la estabilidad presupuestaria. Si no recuerdo mal, el 24 de julio de 2012 estábamos con una prima de riesgo de 667 puntos básicos. Eso era inviable. Pues apenas un año y ocho meses después, el Tesoro está batiendo records, colocación tras colocación, de reducción de tipo de interés.
Esto hace que nuestros ahorros en carga financiera sean considerables. En ese sentido, tenemos que seguir: reduciendo carga financiera y, en segundo lugar, conseguiendo la estabilidad presupuestaria para poder afrontar en el futuro una reducción de deuda sostenible".
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