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Santiago de Santos, consejero delegado de la SGR de la Comunitat Valenciana, en primer término
VALENCIA. "Si una empresa llega a este punto, no se puede decir que haya habido una buena gestión", reconoce Santiago de Santos, consejero delegado de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Comunitat Valenciana y responsable de la entidad desde junio de 2012, cuando estaba a punto de declararse en quiebra.
La sociedad avalista que se convirtió en la mayor SGR de España al mismo ritmo que crecía al burbuja inmobiliaria ha puesto en marcha una profunda transformación tras el visto bueno de la Comisión Europea al aval de 200 millones de euros otorgado por la Generalitat que, junto al crédito de 60 millones de euros concedido por un pool de 30 bancos, debe permitirle salir adelante y volver a dar avales a partir de abril.
El actual equipo, presidido por la empresaria castellonense Dolores Font Cortés, ha tenido que transformar en profundidad tanto su estructura como su estrategia en una serie de aspectos que se pueden agrupar en siete puntos clave:
#1 Cambio de gestores: Uno de los primeros cambios que se ejecutaron en la SGR fue el cambio de sus responsables, aceptando la dimisión de su presidente, el constructor José Roca, y del director general, Juan Manuel García Puchol, (sin exigirles responsabilidades legales al considerar que no cometieron delito); y reduciendo el número de miembros del consejo de administración de 37 a 18 personas.
Aunque la desastrosa situación que evidenció la primera auditoría y la imposibilidad de emprender un nuevo rumbo a corto plazo trajo consigo la dimisión de la mitad de los consejeros elegidos, la presidencia sigue desde entonces en manos de la empresaria Dolores Font Cortés, mientras que el financiero Santiago de Santos ejerce de consejero delegado.
A pesar de que podrían cubrirse las bajas, De Santos ha descartado nuevas incorporaciones. "El consejo de Administración es el que tiene que ser", ha asegurado. Igualmente, considera que cumple con los requisitos de profesionalidad exigidos por Bruselas para respaldar las ayudas públicas y el plan de reestructuración y de negocio presentado.
#2 Huída del ladrillo: La SGR tiene actualmente comprometidos un 33% de sus avales en el negocio de la construcción e inmobiliario, "el triple de lo que representa ese sector en la economía valenciana", reconoce De Santos. Desde Bruselas se ha exigido que se corte de raíz la implicación en esas actividades.
El objetivo actual es ir dando salida a estos avales hasta reducir a la mitad el riesgo en esta actividad y reflejar con mayor fidelidad la estructura empresarial valenciana, donde la construcción sólo significa el 14% del PIB, y en la que imperan las pequeñas empresas y los autónomos del sector servicios.
#3 Modestia frente a la ambición: En abril de 2012, el todavía director general, Juan Manuel García Puchol, sacaba pecho al asegurar que su SGR era "líder en el sector desde 1994" con la concesión media de 450.000 avales al año. Sin embargo, este despegue venía acompañado de una sobreexposición al negocio inmobiliario que se tradujo ya en junio de ese año en unas pérdidas esperadas de 130 millones de euros y la necesidad de refinanciar 350 millones de euros con entidades financieras.
A falta de una auditoría completa, el actual equipo prevé cerrar las cuentas de 2013 con unas pérdidas de 39 millones de euros y un riesgo vivo de 500 millones. Así, tienen la confianza puesta en terminar "cuenta con paga" en 2014 y lograr en cinco años 20 millones de euros en los beneficios y un riesgo vivo de 430 millones, como se ha comprometido en el plan de negocio aprobado por Bruselas.
#4 Disciplina y contención: "El proceso de refinanciación ha sido largo y complicado", reconocía De Santos. Después de dos años de trabajo, paralelamente al plan de refinanciación, la SGR ha establecido una estructura empresarial y financiera para recuperar su equilibrio patrimonial. La puesta en marcha de este plan de reestructuración de manera simultánea al de refinanciación ha sido una de las claves del éxito del proceso, según sus responsables.
En todo caso, Santiago de Santos ha señalado que las acciones van a sufrir una devaluación del 20% sobre su valor nominal a 31 de diciembre, pero es mucho más que las que tenían un año antes, "cuando valían cero".
De los 123 millones de euros de capital social que tiene actualmente la sociedad, 59 corresponde a las empresas partícipes, que perderán con esta reducción del valor de las acciones 12 millones de euros. Esto sucedería si sus responsables exigieran el reembolso, algo que han demandado ya diversos accionistas por un capital correspondiente a 11 millones de euros, según De Santos.
#5 El fin de la propiedad: Una de las medidas más significativas desde un punto de vista formal va a ser el abandono de las tres sedes que actualmente tiene la entidad en Valencia, Alicante y Castellón, después de cerrar su pequeña red de otras siete sucursales. La reducción de la plantilla ha hecho que el espacio sea desproporcionado y los gestores quieren venderlas para obtener liquidez.
Con este objetivo han contratado los servicios de la inmobiliaria valencia Inmoking Real Estate, mientras que prevén trasladarse en régimen de alquiler a una de las miles de sucursales que han abandonado Bancaja o la CAM, cuando se consiga encontrar a un comprador,como ha reconocido De Santos.
#6 Supervisión externa y control: Después de haber estado estos dos años bajo el escrutinio de la Generalitat, el Banco de España, el Ministerio de Hacienda y la Comisión Europea y haber obtenido su visto bueno, la SGR espera contar en las próximas semanas con la aprobación del Banco de España al plan de retorno de las ayudas y de la deuda contraída. Asimismo, se va a proceder también en las próximas semanas a realizar la auditoría de las cuentas del ejercicio 2013.
De este modo, una vez quede fijado el valor real de la acción, tras la auditoría, y, aprobadas las cuentas en asamblea general, la entidad cumplirá con los requisitos legales necesarios para reintegrar el capital pendiente de desembolsar a los socios, según establece la Ley que regula la SGR y los propios estatutos de la sociedad.
#7 Del desplome a la reconstrucción: La hoja de ruta que debería garantizar la viabilidad de la SGR pasa por un nuevo modelo de gestión en el que centrar la actividad avalista en las pymes y los autónomos, cumpliendo además el plan de negocio a un horizonte de cinco años, defendido ante Bruselas.
Por el camino, deberá refinanciar cerca de 400 millones de euros, de los cuales 250 millones son de préstamos sénior y 150 millones de préstamo subordinado. Santiago de Santos ha explicado que el pago relativo al préstamo sénior se realizará mediante la venta de los activos adjudicados (como las sedes) y el cobro de los reavales correspondientes a los avales morosos.
Este plan de negocio será liderado por su actual equipo directivo de acuerdo a un modelo de gestión basado en "la prudencia, la transparencia y control del riesgo" que prevé incluir la elaboración de un código de buen gobierno para ahuyentar fantasmas del pasado.
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