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VALENCIA. Visto bueno, con matices. La Comisión Europea considera que la inyección de capital de 60 millones de euros y el aval sobre otros 200 millones que ha concedido la Generalitat a la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Comunitat Valenciana se ajusta a las normas europeas, pero añade letra pequeña.

En el Midday Express emitido este jueves por la Comisaría de la Competencia, que preside Joaquín Almunia, se reconoce que el plan de reestructuración "asegura la viabilidad de la empresa y su capacidad para asumir su reestructuración". Sin embargo, también esboza una serie de condiciones de obligado cumplimiento para corregir la situación actual, que califica de "distorsión de la competencia" por la inyección de dinero público en una actividad privada, como la que desarrolla la SGR.

Aunque lo que se ha conocido es sólo un comentario general, cuya versión más detallada y en los contenidos no confidenciales se hará pública más delante, según fuentes de la Comisión Europea, ya apunta la cirugía que se plantea desde Bruselas para que la entidad pueda salir adelante:

#1 "La SGR de Valencia reducirá significativamente su tamaño con un proceso de reestructuración tras el cual reembolsará a los socios existentes el valor de sus acciones a un precio no superior al registrado a 31 de diciembre de 2013".

Tras el ajuste de plantilla ejecutado en la entidad, que afectó a 40 de los 84 trabajadores, la medida se refiere a su actividad. Desde la Conselleria de Hacienda se apunta que esta reducción se concretará en la necesidad de establecer "unos límites a la concesión de nuevos riesgos, durante el periodo de reestructuración".

Esto significa que estos nuevos riesgos que se asuman sean "inferiores a la amortización ordinaria de los riesgos en vigor", lo que quiere decir que tendrá que conceder menos avales que los que recupere.

Por otra parte, teniendo en cuenta las irregularidades detectadas, fuentes de la SGR señalan que se va a proceder a una nueva auditoría que esclarezca la situación real de sus cuentas y fije el valor de la acciones en la fecha fijada por Bruselas.

Será ese valor el máximo que podrá reembolsarse a los socios, ya que si el valor es menor en el momento de la salida, el accionista deberá conformarse con esa cantidad, de acuerdo a las cuentas de la sociedad.

#2 "Si el nivel de capital de la SGR sobrepasa un cierto volumen, todos los fondos por encima de ese umbral serán transferidos a una reserva no disponible (una cuenta bloqueada) para devolver con este dinero la ayuda estatal que se ha recibido".

Lejos de entender la inyección de dinero público como una ampliación de capital, Bruselas advierte que ese dinero se debe ir devolviendo con los beneficios que pueda generar la empresa, una práctica habitual ya antes en la SGR en lo que se refiere a sus deudas, según fuentes conocedoras del proceso.

#3 "España se compromete a mejorar el gobierno de la empresa. Por ejemplo, se reforzará el poder de los miembros independientes del consejo de la SGR y se aplicarán unas normas de evaluación para acceder al consejo y para incorporarse al comité de riesgo".

Actualmente, la Generalitat designa a seis de los 18 consejeros y, de ellos, la mitad eran cargos políticos cuando se definió del actual consejo en 2012. Tras la dimisión de Jorge Vela como director general de Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), su puesto en la SGR fue asumido, a propuesta del Consell, por la empresaria Dolores Font Cortés, que pasó a ser la presidenta.

Sobre el resto de consejeros, es tradicional que sean empresarios representantes de las patronales o de las cámaras de comercio, pero no financieros. De hecho, uno de los objetivos del conseller Máximo Buch en la reorganización del consejo en 2012 era potenciar la presencia de expertos en banca por lo que introdujo, también en la cuota de la Generalitat a Joaquín Maldonado (Banco Mediolanum), Adolfo Porcar (procedente de Bankia) y a Santiago de Santos, procedente de Bankia y que ha terminado por asumir el papel de consejero delegado.

Sin embargo, pese a que en el último año y medio ha dimitido la mitad de los consejeros, la Generalitat no prevé cambios a corto plazo, salvo la incorporación de un consejero independiente en cuanto se pueda trata el tema con el consejo de administración.

#4 "SGR pondrá en práctica un número de medidas para mitigar el riesgo, como su retirada de los sectores con un mayor nivel de riesgo, limitando estrictamente su implicación en nuevos negocios vinculados a compañías de riesgo y reforzando sus mecanismos de garantías".

Desde la Generalitat se prevé que Bruselas impida cualquier operación que tenga relación con el negocio inmobiliario. De hecho, la sobreexposición al ladrillo fue una de las principales razones que llevaron a la sociedad al borde de la quiebra.

Igualmente, se impondrán un mayor rigor en cuanto a la calidad de los riesgos que se asuma para no volver a llevar a la empresa s una sitación límite o, por lo menos, poner todos los impedimientos y controles que sean posibles.

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