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VALENCIA. Una de las preocupaciones más inquietantes para el Consell que dirige Alberto Fabra en los últimos meses es la filtración de información que parece proceder directamente de las entrañas del Gobierno valenciano y que le implican, sino directamente a él, a cercanos colaboradores como Esther Pastor o Serafín Castellano, en presuntos delitos o maniobras políticas de difícil explicación.

Este viernes, varios medios digitales de ámbito nacional como Estrella Digital o Voz Pópuli se hicieron eco de la querella interpuesta por Manos Limpias contra la secretaria autonómica de Coordinación y Organización, Esther Pastor, acerca de los gastos en habitaciones de hotel firmados por la persona de máxima confianza de Fabra. Al margen del baile de facturas publicadas y justificaciones realizadas desde Presidencia de la Generalitat, resulta llamativo que, una vez más en lo que va de legislatura, vuelvan a filtrarse documentos internos relacionados con la actividad de los altos cargos del Gobierno valenciano.

Más aún cuando recientemente Fabra tomó la decisión de destituir a tres altos cargos y tres asesores de la cúpula de Presidencia de la Generalitat, una medida que fue adoptada principalmente por la necesidad de otorgar un nuevo impulso al departamento de Comunicación del presidente pero que, según diversas fuentes del Ejecutivo, también se debió a la preocupación por la filtración de informaciones a los medios de comunicación sobre cuestiones internas.

De hecho, el Consell dictó una orden a través de la cartera de Hacienda y Administración Pública en la que se establecieron medidas específicas para proteger la información que depende de ella, con el fin de "minimizar la probabilidad de materialización de las amenazas que ponen en riesgo" la seguridad de los sistemas de información. 

ALGUNOS ANTECEDENTES PREOCUPANTES

Cabe recordar que, en los últimos tiempos, diversos medios de comunicación han tenido acceso a informaciones, a menudo con documentos incluidos, de carácter muy interno del Gobierno valenciano. Algunos ejemplos han sido la comida de Navidad del Consell de 2012 que costó 1.870 euros, una nómina del presidente, diversas partes del contrato del 'coach' de liderazgo para el presidente Alberto Fabra o la revelación de nombramientos en el segundo escalón de la Generalitat antes de que se produjeran, como ocurrió con el subsecretario de Presidencia, Rafael Sánchez Pellejero, que fue publicado en la página web de la Asociación contra la Corrupción de la Comunidad Valenciana.

El pasado mes de septiembre, la citada asociación, que se ha vinculado precisamente a Manos Limpias, destapó una factura telefónica de la secretaria autonómica de Presidencia y abogada de la Generalitat, Cristina Macías, que ascendía a 7.500 euros en un mes. Un dato que, según explicaron fuentes oficiales del Gobierno valenciano, se debía a un error en la factura reconocido por la propia compañía telefónica.

Demasiadas filtraciones en un periodo de tiempo reducido que reflejan el problema que continúa existiendo en el actual Consell para controlar la difusión de información y documentos relacionados con el presidente y sus altos cargos más próximos. 

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