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EN LA PROVINCIA DE VALENCIA

La UTE del transporte escolar rechaza la prórroga y pide a Educación que apruebe el concurso

E. PASTOR. 08/07/2015 Estas empresas apuntan a que la Generalitat no les paga desde febrero, además de que les lastra tener depositados avales de este concurso y del anterior

VALENCIA. Empresarios de la UTE Valencia 14, unión de empresas que se presenta al lote de la provincia de Valencia del concurso de transporte escolar licitado por Educación el noviembre pasado, no están a favor de la prórroga y piden que se apruebe ya la adjudicación. Con impagos por parte de la Generalitat desde el mes de febrero, la fianza depositada del contrato prorrogado y además cuatro millones de aval del actual concurso que tuvieron que presentar hacen que las pequeñas y medianas empresas que conforman la agrupación pidan salir de esta situación.

Esto ocurre porque, al menos en el caso de Valencia, prácticamente todas las empresas que actualmente están haciendo las rutas de la Conselleria de Educación en la provincia están presentes en la nueva UTE, un total de 75, menos Autores Capaz, quien decidió quedarse fuera, y otras por problemas con la documentación y los certificados. A pesar de que las pymes de autobuses quieren salir de esta situación, fuentes del departamento encabezado por Vicent Marzà apuntaban a una prórroga de un año del contrato vigente tras determinar como inviable la adjudicación de la licitación para los próximos cuatro años, según explicaban, por cuestiones de documentación y presentación de avales fuera de plazo.

Sin embargo, desde la UTE de Valencia explican que nadie se ha puesto en contacto con ellos para informarles de una paralización del proceso y esperan que les llamen en cualquier momento para firmar ya que desde las últimas comunicaciones que les hicieron aún se encontraba en propuesta de adjudicación. El objeto del contrato licitado a finales de noviembre del año pasado era la cobertura de 585 rutas con 944 autobuses, con sus respectivos conductores y acompañantes con una valoración de 328 millones de euros.

Estas empresas defienden que, a pesar de que a ellos al principio tampoco tenían claro el modelo propuesto, éste fue realizado por "interés general" y avalado por informes de la Abogacía de la Generalitat en el que se respaldaba los beneficios de hacer un solo lote por provincia. Aseguran que el concurso no va en detrimento de los más pequeños ya que no existen empresas con más de un 4% de propiedad de la UTE, por lo que "las decisiones se toman de forma solidaria". "Nos necesitamos todos", aseguran.

Además, destacan que el optar a un lote por provincia les permite optimizar sus propios recursos propiciando que empresas que tienen sus flotas en una localidad concreta puedan prestar servicio lo más cerca posible, suponiendo un ahorro de coste para ellos, además de una reducción en los tiempos si se produce algún tipo de avería. "Se trata de que cada empresa pueda elegir la localidad más adecuada".

En cuanto al precio, asegura que ya se encuentran a la baja, por lo que no han podido seguir a la baja. Además, no tienen claro que la prórroga que plantea Educación sea posible al llevar el concurso lleva vigente desde 2006. No es la primera vez que se acaba paralizando una adjudicación, la más reciente por ser aprobado con una vigencia de 16 años. Estas compañías insisten en que el inicio de curso está cerca y se encuentra en juego el transporte escolar de 50.000 niños a los colegios. "Nadie piensa, por ejemplo, en el personal que tenemos que contratar en previsión de lo que suceda". 

Respecto a las críticas de Autocares Capaz al modelo, apuntan a que su decisión ha sido ir en contra de los pliegos y eso les impide integrarse en la unión de empresas. "75 empresas nos hemos subido al tren mientras que una no lo ha hecho". "Les dijimos que si entraba tenía que tener las mismas condiciones que todos, incluso nos sentamos a hablar con ellos", exponen. De hecho, insisten en que este tipo de uniones, que se llevan realizando desde hace más de siete años, se hacen siempre con solidaridad, incluso dando preferencia de cobro a las empresas que más lo necesitan ya que estos servicios con la administración pueden suponer hasta el 80% de ingresos de una pyme.

De momento, han decidido dar margen a la Conselleria para que puedan asentarse, mirar los expedientes y hablar con los técnicos, pero aseguran que han cumplido estrictamente la presentación de documentación y que ha sido mucho más duro que en concursos anteriores. Esta licitación fue criticada durante la pasada legislatura por la actual vicepresidenta del Consell Mónica Oltra "al generar un tamaño de los lotes desproporcionado en relación al habitual en este tipo de concursos".

Sin embargo, la intención de estos empresarios es hacer entender que esta fórmula es positiva al tener cláusulas como la limitación de la subcontratación entre el 15 y el 20%, lo que impide que grandes empresas de fuera se apoderen de estos concurso y subcontraten a empresas autóctonas. "Simplemente nos hemos adaptado a una situación, ojalá la lectura que se haga desde Conselleria sea la adecuada".

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