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VALENCIA. Ya es una realidad. Empieza una nueva legislatura, este lunes se sabrá la composición del nuevo Consell aunque ya suenan los nombres para ocupar dos de las carteras con más dificultades, trabas y atascos de la Generalitat Valenciana por el peso de sus decisiones, las económicas y presupuestarias. En Hacienda, todo apunta a que el histórico socialista y actual decano de la Facultad de Economía de la Universitat de València, Vicent Soler, será el nuevo conseller.

Ya lo fue de Administración Pública durante el Consell de Joan Lerma y ocupó escaño en Les Corts entre 1987 y 1995. Después, se apartó de la primera fila de la política para centrarse en su cátedra de Economía Aplicada y en 2012 asumió el cargo de decano.

No son pocas las tareas que debe abordar el nuevo conseller de Hacienda, y además con urgencia, para encauzar la viabilidad de la Generalitat:

-Reforma del sistema de financiación: Se trata del asunto más relevante que tendrá que negociar el nuevo conseller con el Ministerio de Hacienda, actualmente liderado por Cristóbal Montoro. El nuevo presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ya advirtió en su discurso de investidura de que si no consiguen que el Gobierno mejore el sistema para sacar de la infrafinanciación a la Generalitat en octubre, irá a los tribunales.

Los expertos de Montoro ya se encargaron de recordar en su informe que igualar la financiación por habitante de la Comunitat Valenciana con la media nacional bastaría para eliminar más del 90% del déficit fiscal. A partir de ahí, la Comunitat Valenciana solo ha recibido inyecciones a través del Fondo de Liquidez Autonómico, aunque esta última etapa las autonomías beneficiadas han conseguido que el interés fuera a tipo cero.

-Mantener la gestión del escaso dinero del que dispone la Generalitat: El dirigente de esta cartera no solo tendrá que gestionar los escasos recursos de los que se disponen, sino que además tendrá que hacer lo posible para que sea el mismo ministro de Hacienda el que decida puentear al conseller y pagar directamente a los proveedores impagados.

Hace casi una semana, Montoro señaló a la Comunitat Valenciana por acumular serios retrasos en los pagos, gestionados por el gobierno popular lo que provoca que, según la ley de morosidad del sector público aprobada a finales de 2013, el Estado retenga parte de la financiación para pagar las facturas de las Administraciones morosas.

-Cumplimiento del objetivo de déficit: El déficit de la Comunitat Valenciana en febrero de 2015 se disparó hasta los 105 millones de euros, cuando en el mismo mes de 2014 fue de 27 millones de euros. Es decir, se ha multiplicado por cuatro en un año, según cifras del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya señalaba a finales de 2014 que el objetivo de déficit del 0,7% para 2015 es "de muy difícil consecución" y detecta riesgos "muy elevados" de incumplimiento en la Comunitat Valenciana. A partir de ahí parece difícil seguir recortando por lo que tendrá que conseguir mecanismos adicionales del Estado o un cambio en el modelo de financiación para poder llegar al equilibrio presupuestario.

-Evitar pagar la multa de Bruselas: La Comunitat Valenciana fue la primera en provocar que pongan a España una multa de 18,93 millones de euros por la manipulación de las estadísticas de déficit y deuda mediante la ocultación de una parte del gasto sanitario. Se trata de la primera vez que Bruselas sanciona a un Estado miembro por manipulación de las estadísticas basándose en la nueva legislación que se aprobó en 2011, a raíz del falseamiento de las estadísticas en Grecia. El ministro de Economía, Luis De Guindos, y el de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya han avisado de que la factura la va a pagar la Comunitat, a lo que se niega el Consell ahora en funciones. El nuevo Ejecutivo deberá seguir peleando. 

-Empresas públicas y la reapertura de RTVV: Hacienda también tendrá que poner sobre la mesa qué hacer con las empresas públicas. Deben de replantearse cómo gestionar cada una de las compañías en las que se inyecta dinero, pero hay algunas que destacan por su situación particular. Por ejemplo, Ximo Puig ya ha manifestado en determinadas ocasiones que no piensa malvender Ciudad de la Luz, complejo que intentó subastar la Generalitat pero concurso con el que llegó tarde. Otro de los temas sensibles es la reapertura de RTVV, una nueva radio televisión valenciana que el presidente de la Generalitat quiere tener en marcha para el 9 de octubre pero que tiene que lidiar con un ERE en marcha y dos empresas públicas liquidándose.

Ahora tienen que decidir qué opción es más asumible, si paralizar la liquidación, como ha pedido el comité de empresa, anular el ERE y, tras readmitir a los más de 1.600 trabajadores despedidos, impulsar otro ERE y dejar una televisión de un tamaño similar al proyectado por el Gobierno de Fabra en 2013 o crear una televisión nueva mucho más pequeña que la que fue a la quiebra. Aquí las dudas jurídicas se plantean en torno al derecho de los trabajadores despedidos a ser readmitidos si la justicia considera que se ha producido una sucesión de empresas.

DE HORARIOS COMERCIALES A INSTITUTOS TECNOLÓGICOS

Para Economía, la propuesta del Bloc es el exalcalde de Muro de Alcoy, Rafael Climent, quien estudió Filología Clásica y desde 1995 ha sido primero concejal y luego alcalde su localidad natal durante 16 años. En cuanto a postura económica, es un destacado defensor de la Economía del Bien Común, un movimiento promovido por el economista austríaco Christian Felber que pretende desarrollar la economía sostenible desde las empresas. Aquí los retos que tiene por delante:

- Desarrollo del nuevo decreto de horarios comerciales: Este es uno de los temas más delicados que hereda el nuevo conseller, cuya principal tarea será reconducir las relaciones con pequeños comerciantes y grandes superficies y definir su postura ante la liberalización de horarios comerciales. En el tramo final de la legislatura, el anterior Consell aprobó por decreto una nueva regulación del sector para que diera tiempo de sacarla adelante antes de que se disolvieran Les Corts.

La norma fue impulsada por Máximo Buch para tratar de poner orden en el caos generado dos años antes por el anuncio de Alberto Fabra de declarar zona turística a toda la Comunitat, lo que en la práctica equivalía a la liberalización completa de los horarios comerciales en todo el territorio. Esa postura dio paso a un pulso entre pequeños y grandes comercios y de estos con el Consell por tomar la iniciativa al margen del Observatorio del Comercio en el que están representadas todas las asociaciones del sector.

Los problemas más importantes se dieron en los municipios que albergan grandes superficies, como Alfafar (Ikea) o Xirivella (Gran Turia), cuyos alcaldes se posicionaron del lado de los pequeños comerciantes al limitar la actividad comercial en festivos. El centro de Xirivella, el más combativo contra la política comercial del Consell, buscó el amparo de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que planteó un recurso contencioso contra las resoluciones de la Generalitat que negaban la apertura a Gran Turia.

- Acordar un plan para la viabilidad de Feria Valencia: El recinto ferial atraviesa uno de los momentos más delicados en sus casi cien años de historia: la transformación en un consorcio público dependiente de la Generalitat tras décadas de tutela municipal. El PSPV y Compromís, nuevos inquilinos de Ayuntamiento y Generalitat, tendrán que optar entre seguir con el plan que se acordó con el PP o buscar una alternativa. Los empresarios representados en el Feria, con el presidente de la patronal a la cabeza, creen que no hay otra alternativa: o se externaliza la gestión en un operador privado o el recinto no tendrá viabilidad. Por eso no solo piden que se continúe con el plan, sino que se haga de forma inmediata.

La herencia no será fácil de gestionar. El recinto arrastra una deuda millonaria que le cuesta a la Generalitat más de 30 millones al año. El polémico plan de ampliación impulsado por Rita Barberá, investigado por la Fiscalía, puede acabar costando más de mil millones de euros si la Feria no es capaz de generar por sí misma recursos para devolver la deuda.

A pesar de que sus principales ingresos los aporta Generalitat, el recinto siempre ha defendido su naturaleza privada para negarse a ser fiscalizado. Para resolver esa polémica, el proyecto que se acaba de poner en marcha consiste en transformar la Feria Muestrario en un consorcio público que será titular de los edificios y de la deuda para posteriormente desgajar la explotación del negocio en una sociedad privada participada por la Feria. Ahora PSPV y Compromís deben decidir si siguen adelante con él o vuelven a empezar.

-Afrontar la reconversión de los institutos tecnológicos: La red de institutos tecnológicos es otro punto caliente en la herencia que recibe el nuevo titular de Economía. La última legislatura del PP ha estado marcada en su primera mitad por el enfrentamiento mantenido con los responsables de estos centros a cuenta de los retrasos en el pago de los fondos para investigación. Esa deuda millonaria y el descenso de los ingresos dejaron a varios centros en una situación muy delicada.

Uno de ellos, el de la construcción Aidico, ha acabado en liquidación tras no poder superar el concurso de acreedores. Otro centro, el de la imagen Aido, está siendo investigado por el uso de las subvenciones después de que la propia Generalitat denunciara irregularidades a la Fiscalía.

La alternativa que el conseller Máximo Buch puso sobre la mesa para resolver los problemas de los institutos fue un plan de fusiones bajo la amenaza de cortar las ayudas. En general, el plan provocó el rechazo de la mayoría de los centros y sólo dos, Aidima y Aimme, han iniciado los trámites para integrarse.

- Reconversión del Ivace y financiación de pymes y emprendedores: La gestión de los institutos tecnológicos ha sido una de las principales competencias del Instituto Valenciano para la Competitividad Empresarial (Ivace) en los últimos años. El Ivace vio la luz tras la reorganización del sector público empresarial de 2013 como heredero de las competencias que hasta entonces estaban repartidas entre el Sepiva, el Impiva, el Ivex, la Aven y parte de las del IVF, en concreto los créditos de apoyo a las empresas en temas de internacionalización o innovación y para iniciativas emprendedoras.

El futuro de este instituto, no obstante, está en el aire. La intención de Ximo Puig de impulsar una Agencia Valenciana de la Innovación que asumiría gran parte de las competencias que ahora tiene el Ivace, junto al futuro papel que tendrá el IVF como banco de empresas invitan a pensar en que el Ivace puede quedar como un cascarón vacío de contenido y condenado a disolverse.

- Ayudas a los agentes sociales: Sindicatos y patronal estarán especialmente vigilantes a los primeros pasos del nuevo Consell en el desarrollo de la Ley de Participación Institucional, la norma aprobada por el PP en el tramo final de la legislatura que asegura las subvenciones mínimas para que puedan mantener sus estructuras.

La ley todavía no ha estado en vigor porque está pendiente su desarrollo reglamentario. Los agentes sociales sostienen que ese reglamento ya ha sido consensuado y solo falta el trámite de la aprobación. No se prevé que haya sorpresas porque el PSPV votó a favor de la ley, aunque Compromís se abstuvo.

- Modernizar el Servef: El plan estratégico del Servicio Valenciano de Empleo 2014-20 fue la gran apuesta del Consell del PP para mejorar la empleabilidad de los valencianos. El plan diseñado por el exsecretario autonómico de empleo Fernando Díaz Requena pretendía ser un impulso modernizador de un servicio que había perdido eficacia como herramienta para luchar contra el elevado desempleo y había quedado reducido a mero gestor de los subsidios.

Los ejes fundamentales del plan son la colaboración público privada, la atención personalizada a grandes empresas, la formación online o la reforma de las oficinas para sacar a los técnicos a la calle en búsqueda de ofertas en las propias empresas. Del diagnóstico que realice el nuevo inquilino de la Conselleria de Economía dependerá profundizar en esta línea o fijar un nuevo rumbo para el Servef.