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MADRID (EFE). Así consta en el "Análisis de las cargas administrativas soportadas por las empresas españolas", que presentaron ayer la secretaria de Estado de la Función Pública, Consuelo Rumí, y el secretario general de la CEOE, José María Lacasa.

En el estudio, elaborado por la patronal en colaboración con el Ministerio de Presidencia del Gobierno, se identifican las cargas (documentos o actuaciones que las administraciones públicas requieren a las empresas) que suponen más costes para los empresarios.

Entre las que propone eliminar la CEOE destacan las dirigidas a suprimir las hojas de control de clase de las autoescuelas (conllevaría un ahorro anual de 7,3 millones de euros anuales) y a racionalizar la ficha de entrada de viajeros en hoteles (se eliminaría un gasto de 40,3 millones de euros).

La patronal también quiere que desaparezca la legalización previa de libros contables ante el Registro Mercantil (el recorte sería de 118,6 millones), que se eleve de 3.000 a 6.000 euros el límite inferior para la presentación de operaciones con terceros a la Agencia Tributaria (235,6 millones) y racionalizar la petición de datos estadísticos por parte de la administraciones (475 millones).

Asimismo, proponen que se unifiquen los registros de licitadores en los contratos públicos (183,7 millones menos para las empresas), que se elimine la tasa por utilización del dominio público radioeléctrico (100 millones) y que se flexibilice el régimen de revisión de los vehículos comerciales en las ITV (33,3 millones).

En materia de transporte, los empresarios dicen que simplificar la expedición de la "Tarjeta del conductor" evitaría un gasto de 4 millones, mientras que no recabar la firma del asegurado en los seguros colectivos de vida ahorraría 35,2 millones de euros.

Una vez que se han identificado todas estas cargas administrativas (en total son 125, pero sólo se ha cuantificado el ahorro para 94), el Gobierno central tiene que empezar a negociar con el resto de administraciones (comunidades y ayuntamientos) su eliminación o modificación, explicó Lacasa.
Al respecto, la secretaria de Estado expresó el compromiso de la Administración Central con ese objetivo.

Rumí dijo que la de hoy es su primera intervención pública tras ser nombrada la pasada semana y aprovechó para expresar a los empresarios su "compromiso" con el diálogo social, que va a ser "permanente y fructífero".

La secretaria de Estado también recordó que el Gobierno se ha marcado como objetivo para 2012 el que las cargas administrativas se reduzcan un 30% (el 5% más que se ha fijado la Unión Europea).

El objetivo es liberar parte de los gastos corrientes de los empresarios, para que los destinen a productividad, innovación y competitividad, explicó.

La intención del Gobierno es que la reducción de los costes para las empresas asciendan a 10.000 millones de euros, añadió Consuelo Rumí.

Para 2010 el Gobierno y las dos patronales se han comprometido a revisar las cargas que soportan otros cinco sectores estratégicos (turismo, transporte, agroalimentación, telecomunicaciones y construcción).

Asimismo, también analizarán las que afectan a los sectores del alquiler a largo plazo de vehículos, químico, financiero, seguros, dependencia, de las instalaciones deportivas.

Para el 30 de noviembre de 2010 deberá estar entregado el informe final sobre todos estos sectores, a los que deberán unirse otros cinco que todavía están estudio por parte de la CEOE.