Ante la petición de inversores españoles y alemanes de disponer de más tiempo para preparar sus respectivas ofertas, cuyo plazo de presentación vencía el pasado viernes, Brasil decidió posponer la subasta, en la que sólo tenía garantizada la participación en el plazo establecido del consorcio francés.
Pese a la demora del plazo de adjudicación de la primera fase del proyecto, en la que se seleccionaría al proveedor tecnológico, la operativa de servicios y los sistemas de mantenimiento, Brasil ha ratificado el calendario de entrada en servicio del primer "Ave" latinoamericano, previsto para 2020, confiando que el aplazamiento permitirá la participación de más inversores extranjeros.
En conjunto el proyecto supone una inversión de 13.000 millones de euros, de los que cerca de 2.500 millones corresponden a la primera fase, a la que opta el consorcio español presidido por José Eladio Seco y compuesto por las empresas públicas Adif, Renfe e Ineco, y las privadas Talgo, Elecnor, Cobra (ACS), Abengoa, Indra, Thales, Bombardier y Dimetronic.
Fuentes empresariales consultadas indican que el aplazamiento entra dentro de la lógica, debido a la complejidad del proyecto, aunque puntualizan que con menos tiempo el consorcio español, que había pedido dos meses más, habría presentado una oferta solvente.
A pesar de las expectativas de las autoridades brasileñas de lograr una mayor concurrencia, entre las empresas españolas confían en que el año adicional no va a atraer a muchos más competidores, ya que existen pocas compañías en el mundo con capacidad para cumplir las exigencias de los pliegos.
Entre esas posibles nuevas ofertas podría estar la del fabricante español CAF, que en las últimas semanas ha mantenido contactos para constituir un consorcio, extremo que nunca ha tenido confirmación oficial.
Algunas fuentes del sector apuntan que CAF podría asociarse con el grupo coreano Hyundai Rotem, mientras que otras señalan a un grupo compuesto por Isolux, Telvent (Schneider Electric) y Ansaldo.
También es una incógnita el papel que podría jugar Adif y Renfe en el caso de que hubiera dos consorcios liderados por empresas españolas, ya que no podrían ser socios principales en las dos ofertas.
El papel de ambas empresas podría pasar a un segundo plano (subcontratistas) si finalmente hay dos grupos españoles, ya que su presencia en uno de los dos se interpretaría como un claro apoyo institucional de España hacia uno de ellos.
Por otro lado, el aplazamiento aleja el concurso del accidente ferroviario ocurrido el pasado 24 de julio en Santiago de Compostela, aunque realmente no se produjo en una línea de alta velocidad y así lo han reconocido las autoridades de Brasil.
Bajo la decisión del Gobierno brasileño subyacen también motivos políticos. En los últimos meses se han producido protestas ciudadanas en el país en demanda de mejoras en el transporte público y contra la corrupción.
El Ministerio Público (fiscalía) de Sao Paulo ha abierto una investigación para averiguar la participación de autoridades y empresas extranjeras, algunas de ellas presentes en la actual puja de la alta velocidad, en un supuesto fraude en la adjudicación de contratos ferroviarios, asunto que se está investigando.
Las pesquisas podrían concluir en un año, precisamente poco antes de las elecciones presidenciales de octubre de 2014 en Brasil, y la prórroga serviría para despejar las dudas entre la población sobre el procedimiento y como una posible baza electoral.
Por último, no hay que olvidar el enfriamiento de la economía brasileña en un momento en el que debe acometer enormes gastos en infraestructuras y seguridad con motivo del Mundial de Fútbol que acoge el próximo año y los Juegos Olímpicos de 2016.
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