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BENIDORM (VP/AGENCIAS). Ya queda menos para conocer qué empresa se encarga de la gestión del parque de ocio de Benidorm Terra Mítica. La decisión final, como es lógico, la tienen los accionistas mayoritarios, es decir la Generalitat, y las dos cajas valencianas (la CAM y Bancaja). 

De momento, los técnicos estudian cuál es la mejor fórmula para traspasar la gestión: alquiler, compra o cesión. Lo que parece seguro es que el timón en Terra Mítica va a estar gobernado por otro capitán cuando llegue el verano.

Lo confirmó ayer el vicepresidente económico y conseller de Economía, hacienda y Empleo, Gerardo Camps, poco antes de reunirse con la junta de la Federación de Obras Públicas y Auxiliares de la provincia de Alicante (FOPA): "La decisión se tomará antes de verano".

Gerardo Camps recordó que "en estos momento se mantienen negociaciones con algunas empresas del sector del ocio que han manifestado su interés por entrar en el accionariado del parque y por gestionarlo".

HASTA TRES EMPRESAS INTERESADAS 

Entre esas empresas, quien lleva más tiempo y cuenta con el aval de los empresarios de la provincia es el dueño de los locales de ocio locales Aqualandia y Mundomar, el notario Antonio Magraner Duart, vinculado desde siempre al ex president Eduardo Zaplana.

También han mostrado su interés dos grupos especializados en el sector del ocio: Parque Reunidos, cuyo accionista mayoritario es Candover, y donde también participa la británica Bourne Leisure (ya gestiona 68 parques de todo tipo en Europa, entre ellos L´Oceanogràfic; y el grupo Aspro, que maneja 40 parques de ocio en Europa, 13 de ellos en España, aunque ninguno en la Comunitat Valenciana.

Con todo, el vicepresidente Gerardo Camps matizó que "en este momento no hay cerrado ningún acuerdo" con las empresas que están interesadas en el parque, a lo que añadió que "el proceso de alquiler, compra o cesión de gestión se cerrará antes de que llegue el verano".

La decisión apremia después de que Terra Mítica haya cerrado con pérdidas las dos últimas temporadas. Los números rojos en esas dos campañas alcanzan los 30 millones de euros y sólo los préstamos de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, organismo dependiente de la Generalitat Valenciana, permitieron que el parque pudiera levantar la suspensión de pagos a la que se vio abocado por una deuda que supera los 218 millones.