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VALENCIA. "En el Partido Popular, el que la hace la paga", sentenció el secretario general del PPCV y conseller de Gobernación, Serafín Castellano, el 25 de junio, el mismo día que Rafael Blasco dejaba el Grupo Parlamentario Popular en les Corts Valencianes, después de haber acusado al presidente Alberto Fabra de presionar a la Abogacía de la Generalitat para que pidiera cárcel contra él por el caso Cooperación.

De entonces a ahora se han presentado tres denuncias contra Castellano a cargo de la Asociación Valenciana contra la Corrupción, desconocida hasta ese momento y acusada desde el primer momento desde el Consell de tener "muchos puntos oscuros", además de señalar tácitamente que mantiene una vinculación con Rafael Blasco.

Castellano ya había aparecido vinculado anteriormente al caso de financiación irregular del Partido Popular de baleares por la contratación de servicios a la empresa Over Marketing en su periodo como conseller en los gobiernos de Eduardo Zaplana y la presunta adjudicación irregular de contratos a las empresas de Miguel Pérez Taroncher, pero las acusaciones han empezado a sustanciarse en las últimas semanas.

El 14 de julio, veinte días después de la salida de Blasco, la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) registraba una querella contra el secretario general del PPCV, su mujer y otras dos personas más por presuntas irregularidades en varias adjudicaciones a Construcciones Taroncher, presentada por la entonces desconocida Asociación Valenciana contra la Corrupción.

EL RESURGIR DEL CASO TARONCHER

Los orígenes del caso se remontaban a febrero de 2009, cuando Castellano ya defendió la legalidad, claridad y transparencia de las adjudicaciones, y aseguró que ni su mujer ni él tenía ningún interés con empresa alguna. Se trataban de la contratación de obras menores para reformas en el edificio central de la conselleria y en el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE), entre otros, por 391.450 euros.

Poco más de una semana más tarde, la misma asociación llegaba a un acuerdo con el sindicato Manos Limpias y denunciaba ante la Fiscalía Anticorrupción al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental por la contratación de dos asesores en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Castellón durante su etapa como alcalde.

Igualmente, volvía a apuntar contra Castellano por malversación de caudales públicos y tráfico de influencias por usar presuntamente sus cargos públicos para favorecer el acceso a la función pública de familiares, amigos y afiliados al PP, con una contratación "masiva". Desde el Consell, el vicepresidenteJosé Ciscar respondía a la posible vinculación de estas acusaciones a una venganza del entorno de Rafael Blasco que no creía en las casualidades, aunque puntualizaba que "esto no quiere decir que nos refiramos a ninguna persona".

Y EN AGOSTO, MÁS DENUNCIAS

Al mes de presentarse la primera denuncia por el caso Taroncher, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) pedía a las Corts Valencianes que acreditara el aforamiento de Castellano antes de admitir a trámite la denuncia, que lo vinculaba a delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, negociación prohibida y abuso de posición.

Blasco observaba la evolución de los acontecimientos desde su escaño en les Corts Valencianes como diputado no adscrito sin hacer declaraciones. El temporal en su antiguo partido va cada vez a más y el propio Castellano tiene que salir a negar que se le está buscando un sustituto en la secretaria general, mientras Fabra asegura que no esperan que sea imputado.

Cuando las aguas parecían volver a serenarse con el inicio del mes de agosto, este miércoles la Asociación Valenciana contra la Corrupción volvía a los tribunales para presentar una nueva denuncia contra el conseller, por seis adjudicaciones a la empresa Over Marketing y Comunicación S.L. por 2.981.358 euros en su etapa en la Conselleria de Sanidad, entre los años 2000 y 2003.

Aunque la asociación no ha anunciado un calendario de denuncias, lo cierto es que la sucesión de denuncias podría ampliarse en las próximas semanas, después de hacerse pública el pasado fin de semana la relación que el exconseller mantiene con el director general de la empresa Avialsa T-35, adjudicataria del contrato de aeronaves para la extinción de incendios en el año 2010.