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VALENCIA. Los últimos días han dejado un reguero de solicitudes de comparecencia en les Corts Valencianes por parte de la oposición para cinco de los ocho miembros del Gobierno valenciano y del presidente de la cámara, Juan Cotino. Sin embargo, el parlamento valenciano está en periodo vacacional y estas explicaciones por parte de los consellers no se darán hasta el inicio de curso, a no ser que acepten hacerlo ante la diputación permanente de la cámara.

La última solicitud ha sido la planteada este martes por PSPV y EUPV para que el conseller de Sanidad, Manuel Llombart, dé una explicación "urgente" sobre la adjudicación de la gestión de residuos sanitarios a la empresa Reyval. La solicitud responde a la adjudicación el 1 de agosto por parte del director gerente de la Agencia Valenciana de Salud sobre el concurso de gestión externa de residuos sanitarios a esta firma, que está inmersa en diversas denuncias tanto de tipo administrativo como por presuntas irregularidades en su gestión.

Unas horas antes, era la consellera de Educación, María José Catalá, la que era demanda a dar explicaciones en la Comisión de Educación y Cultura del parlamento autonómico por parte del PSPV ante "la problemática" que afecta al alumnado del Colegio Público Sant Joan de Ribera de Burjassot, que tendrá que ser reubicados en otros centros del municipio por problemas en la infraestructura.

ESCÁNDALOS Y DISCIPLINA CONTABLES 

Este pasado lunes, era el conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, el reclamado con urgencia por parte del grupo Compromís. La formación le exige que exponga las consecuencias que tendrá la aprobación por parte del Estado del déficit asimétrico, que se ha fijado en el 1,6% para la Comunitat Valenciana, y que ya ha sido cubierto en un 50%, según la formación.

Sin embargo, ya el pasado fin de semana, el secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, anunció que los socialistas van a pedir la comparecencia del conseller de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano, en la Diputación Permanente de las Corts Valencianes para "que aclare el escándalo de las contrataciones" de su departamento con un compañero de cacerías.

Coincidiendo con el inicio de este mes, también PSPV y Esquerra Unida demandaban la presencia con caracter de urgencia del conseller de Sanidad, esta vez para responder al informe de la Sindicatura de Comptes que mostraba como la vuelta del servicio de resonancias magnéticas a la gestión pública significaría un ahorro potencial anual de 3,3 y 16,7 millones de euros.

EL ECO DE LUIS BÁRCENAS 

Pero ahí no queda todo. El 31 de julio, el grupo socialista en solicitó la comparecencia en la comisión correspondiente de la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente Isabel Bonig, para que diera explicaciones en sede parlamentaria de la denuncia que ha presentado la Fiscalía de Valencia contra el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Rafael Aznar, por presuntos delitos de malversación y prevaricación.

A las de los miembros del Consell se sumaba también la solicitud voluntaria por parte del presidente de la Cámara, Juan Cotino, para comparecer ante la Comisión de Estatuto de los Diputados ante "las múltiples falsedades" que, según afirma, se están vertiendo sobre su persona y para explicar su "comportamiento en relación con las cuentas del PP".

En este sentido, niega haber realizado "ningún abono" al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, o al partido "más allá de su cuota de afiliado". Sin embargo, el exresponsable de la formación estatal aseguró que el político valenciano había servido de intermediario con la empresa Sedesa, vinculada a su familia. En todo caso, la intención de Cotino es esperar a la vuelta a la actividad de la cámara, pasado el verano, en contra de la opinión de la oposición que considera que debe hacerlo de forma inmediata.