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VALENCIA. "A todos los que la presente vieren y entendieren..." Así comienza la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, la LOPJ 4/2013, que regula el gobierno de los jueces, publicada el 29 de junio en el Boletín Oficial del Estado y que reforma la anterior de 1985. Casi treinta años después, pocos serán los que "entendieren" la reforma de una ley discutida por todos los estamentos y aprobada sin el consenso de los partidos políticos ni de las asociaciones de jueces. La prueba de fuego será a partir del 24 de septiembre, cuando cese el actual Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y comience la carrera por la elección de los nuevos vocales.
La primera etapa ya ha comenzado. El pasado 3 de agosto, sábado, el secretario de Gobierno del Tribunal Supremo y de la Junta Electoral, Tomás Sanz Hoyos, rubricaba la lista de candidatos que optan a los 12 puestos judiciales, ya que los otros ocho que completan un Consejo de 20 serán nombrados entre juristas de reconocido prestigio más adelante. En esta lista hay 53 jueces que aspiran a un puesto en el Gobierno de los jueces. La condición era el apoyo de una de las asociaciones judiciales o 25 avales de otros jueces o magistrados.
Y esto es lo que han conseguido los tres aspirantes valencianos al CGPJ: Carmen Llombart, Carlos Domínguez, Pedro Castellano. Se trata de tres pesos pesados en el panorama judicial al ostentar o haber ostentado la presidencia de una Audiencia Provincial. Fuera quedan algunos nombres que sonaron hasta hace poco, como el del decano de los jueces de Valencia, Pedro Viguer, y líder de un movimiento judicial que logró el apoyo de la ciudadanía. 
La candidatura más significativa es la de la presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia, Carmen Llombart, ha logrado 46 avales además del apoyo de su asociación, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM). La opción de la magistrada Llombart a un puesto en el CGPJ es importante a la hora de compaginar su función, no sólo de juez, sino tambien su cargo institucional al frente de la Audiencia Provincial de Valencia, máxime cuando le quedan dos años en el cargo. La reforma de la LOPJ permite por primera vez que los jueces compaginen su actividad judicial con la institucional como vocales del Consejo. Sólo seis miembros -cinco vocales y el presidente- ejercerán sus cargos con exclusividad y serán elegidos cada año.
De esta forma, hay quien ve una jugada política en el sector conservador, que tendrá mayoría en el nuevo Consejo y el apoyo del Gobierno de Mariano Rajoy para mover ficha, ya que la nueva ley del Poder Judicial permite a cada Cámara la elección de 10 de los miembros del Consejo sin necesidad de consenso con el resto de representaciones políticas tanto en el Parlamento como en el Senado.
FIN DEL MANDATO DE FERNANDO DE ROSA
Para la magistratura valenciana, la jugada es doble ya que el actual presidente en funciones del CGPJ, Fernando de Rosa, terminará su mandato y le espera una plaza como magistrado en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia. Político por naturaleza, este juez que le dio las llaves al expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, en la sede del Partido Popular de la Avenida Barón de Cárcer, podría no conformarse con la pura actividad judicial.
Desde que fue elegido decano de los jueces de Valencia en 1998 y reelegido en 2002, su escalada política no ha cesado hasta la actualidad. Muy pronto el Ejecutivo valenciano se fijó en él para ocupar la secretaría autonomica de Justicia entre 2003 y 2007. En el segundo mandado de Camps, fue nombrado conseller de Justicia del Consell de la Generalitat, cargo que ocupó entre 2007 y 2008 y que abandonó para volver a la función judicial, esta vez como vicepresidente del CGPJ. La escandalosa dimisión del presidente de los jueces, Carlos Dívar, le aupó a ocupar la presidencia del Consejo en funciones.
Fernando de Rosa tendría ahora la oportunidad de seguir escalando puestos en las instituciones judiciales valencianas. Tras aupar a la presidencia de la Audiencia a Carmen Llombart, ésta podría cederle gentilmente el testigo en caso de ser nombrada como vocal del Consejo y, además, podría salir elegida por sorteo como miembro de la Comisión Permanente, con funciones en exclusiva. No olvidemos que ambos forman parte de la APM, la asociación mayoritaria de los jueces, que cuenta además con el apoyo incondicional del Gobierno de la Nación.
El peso de De Rosa en Madrid ya fue decisivo para que saliera elegida como presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana la magistrada Pilar de la Oliva, pese a que su nombramiento fue objeto de recurso al no haber formado parte de un órgano judicial colegiado, un tribunal, ya que venía de un juzgado de instrucción. Su nombramiento fue confirmado por el Tribunal Supremo hace un año, en detrimento del que fue durante más de una década presidente de la Audiencia Provincial de Valencia, Pedro Castellano.
La opción de Castellano parecía la elección natural como presidente del TSJ en aquellos momentos. Pero el peso de De Rosa en Madrid logró que el entonces presidente de la Audiencia perdiera el apoyo incluso de su asociación, también la APM. Precisamente Pedro Castellano es otra de las candidaturas con más fuerza, al menos en descargo por aquél desamparo de hace tres años que favoreció a Pilar de la Oliva. Esta vez se presenta con el apoyo de su asociación.
CARLOS DOMÍNGUEZ, EL TERCERO EN DISCORDIA
El tercero en discordia también es un peso pesado de la judicatura. El presidente de la Audiencia Provincial de Castelló, Carlos Domínguez, ha presentado 56 avales de jueces que confían en él. No ha querido ser avalado por su asociación, la Francisco de Vitoria. A Carlos Domínguez se le tendrá que agradecer su valentía al proclamar su amistad, calificada como "relación cordial", con el ex presidente de la Diputación Provincial de Castelló, Carlos Fabra, a la hora de renunciar a presidir el tribunal que le juzgará el próximo mes de octubre. Sólo tres meses después, en diciembre, finaliza el mandato de Domínguez, pero ello no es óbice para que otro magistrado fuera nombrado en el cargo en funciones.
Respecto al nombramiento de los ocho miembros restantes del Poder Judicial, y que no forman parte de la carrera judicial, ésa es otra guerra que, de nuevo, lidiaran las desequilibradas fuerzas políticas en el Congreso.
Debería obligárseles a portar en la toga (pecho y espalda) el anagrama de partido político que los patrocina, a modo de equipo de fútbol. Así por lo menos nadie se llamaría a engaño.
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