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VALENCIA (EP). El juzgado de Instrucción número 6 de Valencia ha imputado al que fuera presidente de Ruralcaja Eduardo Ferrer en una causa abierta por un trasvase entre cuentas de dos sociedades constructoras del mismo grupo para que la caja pudiera cobrar una deuda, según ha informado el letrado Ignacio Torres, quien representa a ocho de una veintena de clientes afectados por esta operación.

Junto a Ferrer, el magistrado también ha imputado al que fuera consejero delegado de la entidad financiera, José Montoliu, y al legal representante del grupo Cosesa, Pascual Serrano. Los hechos se remontan al año 2007, cuando unas 20 personas suscribieron un contrato con la entidad Afrepark S.L. --perteneciente al grupo Cosesa-- para la compraventa de unas plazas de garaje ubicadas en el aparcamiento de la calle Jesús, número 45, en Valencia.

Para las compras, los denunciantes entregaron diversas cantidades de dinero a Afrepark S.L. en efectivo, letras de cambio y pagarés. Las obras debían estar concluidas en 2009 y, sin embargo, "sin avisar, y sin dar más explicaciones ni informaciones" a los clientes que ya habían invertido parte de sus ahorros, Afrepark --que había pedido un préstamo a la caja por siete millones de euros para comprar el solar y hacer la obra-- cesó la construcción, retiró una grúa que había instalado para manejar materiales y cerró las puertas de entrada por las dos calles posibles --Albacete y Jesús--.

Posteriormente, en 2011, la mercantil entró en concurso de acreedores, y durante la tramitación del mismo, el administrador concursal emitió un informe en el que aludía a la existencia de un posible fraude por parte de Ruralcaja para evitar un supuesto de autofinanciación, tal y como se especifica en la denuncia.

Asimismo, alertó de que se hizo una disposición de una póliza de préstamo "para fines ajenos" a los previstos, en especial para cancelar posiciones deudoras que Cosesa, grupo matriz de Afrepark, mantenía con Ruralcaja.

De esta manera, se puso de manifiesto que el director de la oficina, a principios del mes de mayo, "sin firma alguna y sin conocimiento ni consentimiento de nadie" dispuso "fraudulentamente" para beneficiar a la entidad para la que trabajaba "nada menos que la suma de 3.040.000 euros", según consta en la denuncia.

Los denunciantes alegan que esta "fraudulenta" disposición supuso un "evidente perjuicio económico" para ellos, ya que con ello se vació de recursos el préstamo hipotecario que había sido concedido por el banco a Afrepark para la ejecución del aparcamiento.

QUERELLA PENAL

Los perjudicados, tras conocer estos datos, decidieron interponer una querella contra Afrepark, y el juzgado decidió abrir actuaciones e investigar los hechos, inicialmente por el tema de las plazas de garaje. Sin embargo, el procedimiento se amplió luego por el presunto fraude en el trasvase de dinero entre cuentas. En esta causa, Pascual Serrano, cuando fue llamado a declarar, señaló que él no había autorizado al banco a traspasar el dinero entre l

as cuentas.

Por su parte, el entonces director de la oficina en la que tenía las cuentas las sociedades, aseguró ante el juez que él no tomó la decisión del traspaso, y que era algo que "venía de arriba", según han informado fuentes del proceso a Europa Press.

Seguidamente, otro alto cargo de la caja --experto bancario-- que también tuvo que declarar, aseguró que él tampoco intervino en la decisión, y apuntó al consejo rector. Por estos motivos, el magistrado ha citado a declarar ahora, como imputados, a Ferrer, Montoliu y Serrano. Tendrán que acudir al juzgado el próximo mes de septiembre.