Comparte esta noticia

• Tweet
• meneame

Otras noticias

• Economía incumple con Unión Gremial el criterio que aplicó para excluir a Anged del Observatorio
• El 'problema valenciano' se cuela en Madrid
• A quién le sube y a quién le baja los impuestos Joan Ribó

VALENCIA. Que las empresas privadas firmen acuerdos de confidencialidad sobre sus negocios conjuntos tiene cierta lógica. Esta obligación de guardar secreto sobre determinadas operaciones ya sean comerciales o corporativas tiene cierta lógica, especialmente cuando esos pactos afectan a datos sensibles de las compañías que pueden ser aprovechados por la competencia.

Lo que no tiene tanto sentido es que esa exigencia de confidencialidad se traslade a contratos firmados por una administración pública o por alguna de sus empresas. Al fin y al cabo se trata de dinero público y su uso debe estar fiscalizado.

Sin embargo, la Generalitat Valenciana y sus empresas públicas han firmado ni se sabe cuántos contratos que incluían cláusula de confidencialidad. El caso más conocido es el de la Fórmula 1, cuyo contenido a día de hoy sigue siendo un misterio tanto para los ciudadanos como para los grupos de la oposición que han solicitado verlo. 

Tan en serio se tomó la Generalitat esa obligación, cuyo incumplimiento asegura le acarrearía consecuencias, que se llegó al extremo de que el informe que realizó el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) sobre el impacto del Gran Premio de Europa de Fórmula 1 incluía párrafos tachados en negro, al más puro estilo de los documentos secretos del FBI, cuando se facilitó a algunas formaciones políticas. Es de suponer que bajo esos borrones estaban algunas claves de la relación que en su día pactaron Francisco Camps y Bernie Ecclestone que seguimos esperando a conocer.

Pero el de la Fórmula 1 no es el único. Hace poco se desveló el de patrocinio del Open 500 de Tenis que, en teoría también tenía esa cláusula. ¿Qué explicación hay para que sea confidencial un contrato de patrocinio? Pues no se sabe. De hecho resulta del todo inconcebible que una empresa que va a ser perceptora de una subvención imponga condiciones para recibir dinero.

El del tenis, en todo caso, no es el único caso: este jueves se supo que el contrato entre la empresa pública Aeropuerto de Castellón y el Villarreal CF también tiene cláusula de confidencialidad. Así se lo comunicó el conseller de Economía, Máximo Buch, al diputado de Esquerra Unida, Ignacio Blanco, que había pedido conocerlo y se encontró con la negativa.

¿Cuántos contratos ha firmado la Generalitat con esa obligación de guardar secreto? Y lo que es más importante, ¿por qué ha aceptado esa cláusula tratándose de dinero público, sometido a una transparencia necesaria?

Ante la proliferación de este tipo de contratos blindados a la fiscalización de Les Corts o de organismos como la Sindicatura de Comptes, lo que cabe ya preguntarse es si quien imponía esa condición era la empresa con la que se firmaba el acuerdo o era la propia Generalitat la que introducía el matiz, protegiéndose de antemano de la luz y los taquígrafos a los que era alérgico el Consell en la etapa de Camps. Queremos saber.