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VALENCIA. La Generalitat Valenciana tendrá que ajustar su presupuesto en alrededor de 2.000 millones de euros si quiere cumplir con el objetivo de déficit que le marcó este miércoles el Gobierno. El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) fijó los límites de desviación de gastos e ingresos en el que pueden incurrir las comunidades autónomas este año y adjudicó a la Generalitat un tope del 1,6%, la mayor de todas las regiones, aunque dos décimas por debajo del objetivo que se había marcado el Consell de Alberto Fabra. 

A pesar de que el Gobierno aceptó las tesis de déficit asimétrico que reclamaban las comunidades autónomas con mayor dificultad para cuadrar sus cuentas, entre ellas la valenciana, lo cierto es que a la delegación de la Generalitat, encabezada por el conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, salió del encuentro una tarea que se antoja casi titánica, la de reducir en casi dos puntos a desviación registrada el año pasado y que alcanzó el 3,52% del PIB.

El nuevo objetivo de déficit, traducido en dinero, supone que la Generalitat tendrá que conseguir rebajar su descuadre de los más de 3.500 millones que se apuntó el año pasado a unos 1.600 millones. Un recorte que tendrá que llegar tanto por la vía de la reducción de gastos como del incremento de los ingresos. De hecho, el presidente de la Generalitat ya avanzó la semana pasada que una vez fijada la cifra se darán a conocer las medidas con las que se espera lograr ese objetivo.

El Consell esperaba una mayor flexibilidad para su déficit. Aunque ha ido rebajando sus aspiraciones -empezó por encima del 2% cuando se empezó a hablar de la asimetría para las regiones dependiento de su punto de partida- había situado el objetivo en al menos un 1,8%. El recorte de dos décimas supone alrededor de 200 millones menos.

El déficit autorizado tiene una traslación directa en la capacidad de la Generalitat para atender sus pagos. El Consell puede este año endeudarse por una cantidad equivalente a esa cifra. Todo lo que supere esa cantidad no tendrá consignación presupuestaria. Tal y como ocurrió el año pasado, al superar en algo más de dos puntos el límite de 1,5% que estaba marcado el Gobierno valenciano tuvo que incurrir en impagos por unos 2.000 millones de euros.

Estas facturas impagadas se tratarán de colocar este año en el nuevo Plan de Pago a Proveedores que ha arbitrado el Gobierno central. El problema puede llegar el año que viene, ya que el ministro Cristóbal Montoro ya ha advertido que es el último proceso de regularización de facturas. Si el Consell no logra ajustarse el cinturón al máximo y supera el límite de endeudamiento, le quedarían impagados sin cobertura.