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VALENCIA. El Consorcio Valencia 2007, gestora de la dársena del Puerto de Valencia participada por el Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia, y la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana andan enzarzados judicialmente por una deuda de 353.978,34 euros que los primerops exigen a la empresa pública autonómica por la celebración del Gran Premio de Europa de Fórmula 1 en el recinto portuario.

La deuda sobre la que se basa el conflicto que enfrenta a las dos partes consta en la sentencia que el Tribunal Superior de la Comunitat Valenciana distribuyó este lunes y en la que se falla sobre la petición del consorcio de que la Generalitat constituya un aval por esa cantidad mientras se resuelve si SPTCV tiene que pagar la deuda que le reclama. 

En concreto Valencia 2007 reclama a SPTCV 212.744,77 euros por el "canon equivalente a la tasa de ocupación del dominio público portuario" y 141.233.57 euros por un "canon por aprovechamiento especial del dominio público en el ejercicio de actiidades comerciales, industriales y de servicio del Gran Premio de Fómula 1 de 2010".

Fuentes oficiales del consorcio explicaron a ValenciaPlaza.com que esta discrepancia sobre la deuda, en cuyo origen aún estaba la sociedad Valmor, corresponde al año 2010 y lleva un camino judicial que está en marcha desde antes de que llegara el actual equipo gestor a la sociedad. "En la actualidad, y en las posibles diferencias que existan entre Valencia 2007 y la Generalitat a partir de 2011, hay una voluntad total de entendimiento sin llegar a la vía judicial", explicaron desde la institución portuaria. 

La dársena del puerto de Valencia, trasferida ya a propiedad municipal, está gestionada por el consorcio que se creó por las tres adminsitraciones para adecuar el recinto a la celebración de la Copa del América. Tras las regatas, el consorcio sigue manteniendo la gestión con la finalidad de obtener ingresos con los que poder devolver el crédito del ICO de 340 millones de euros con el que se realizó la obra.

La celebración de los grandes premios de Fórmula 1 suponía que el uso de buena parte de la dársena por una actividad que se considera privada, a pesar de que la organización está directamente vinculada a la Generalitat Valenciana, por lo que el consorcio reclama el pago de estos dos cánones que SPTCV tiene impugnados.