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VALENCIA (EP/VP). El portavoz adjunto de Esquerra Unida en las Corts, Ignacio Blanco, ha celebrado este domingo que la Generalitat le ha entregado una copia del contrato para la celebración de cinco ediciones del Open 500 de tenis en Valencia, que refleja que el evento contó con una financiación total de 15 millones de euros más IVA. 

En un comunicado, el diputado ha destacado que "por fin se ha roto la barrera de la confidencialidad, que muchas veces es una burda mentira del Consell para mantener la opacidad" y ha precisado que aunque en este contrato existe esa cláusula , "no puede prevalecer por encima de la ley que garantiza a los diputados el acceso a toda la documentación de la Generalitat".

El contrato suscrito entre el Consell Valencià de l'Esport, la empresa Torneos Deportivos de Tenis y el tenista Juan Carlos Ferrero para la celebración del Open 500 en la ciudad de Valencia desde 2009 a 2011, con la posibilidad de prorrogarlo dos años más, contempla un gasto de 15 millones de euros más IVA y con actualización del IPC interanual, que se distribuye en el abono de 3,5 millones en 2009 y otros tantos en 2010, 3 millones en 2011 y anualidades de 2,5 millones en 2012 y 2013.

"Estas cifras, que si sumamos el IVA se aproximan a los 18 millones de euros, suponen un verdadero escándalo en una época de recortes en los servicios públicos más esenciales como la educación, la sanidad o los servicios sociales", ha aseverado Blanco, que ha pedido "que no se gaste ni un euro más en grandes eventos mientras haya recortes" en las áreas sociales.

El diputado de EUPV llevaba más de dos años intentando acceder al contrato de patrocinio del Open 500 de tenis por parte de la Generalitat. La primera solicitud data del 30 de enero de 2011 y fue reiterada varias veces por la negativa de la entonces consellera de Turismo, Cultura y Deporte, Lola Johnson, a facilitar el contrato "por estar sujeto a las cláusulas de confidencialidad propias de este tipo de relaciones mercantiles".

"DEBE SER PÚBLICO"

Blanco denunció la ilegalidad de este tipo de cláusulas en contratos públicos, hasta que la consellera del ramo, María José Català, respondió con unas cifras aproximadas en el pleno de las Corts del pasado 17 de abril.

Posteriormente, en respuesta escrita a otra pregunta del mismo diputado, Català aclaró que las obligaciones contractuales asumidas por el Consell Valencià de l'Esport pasaron posteriormente a ser subrogadas en la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV).

Ahora, el diputado de EUPV se congratula de haber podido acceder a un contrato que "debe ser público porque compromete dinero público" y ha instado a la Conselleria a "no volver a financiar una competición deportiva que cuenta con patrocinadores privados y que puede subsistir sin apoyo de la Generalitat".