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VALENCIA. Dos años a la defensiva. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, compareció este viernes ante los medios de comunicación tras el pleno del Consell para hacer balance de lo que lleva de mandato. Este domingo se cumplen esos dos años desde que juró un cargo al que llegó de forma inesperada tras la dimisión de Francisco Camps. Y a pesar de que trató de esbozar un discurso optimista para lo que resta de legislatura, lo cierto es que no pudo escapar a la evidencia: su presidencia está marcada por una herencia envenenada.

Fabra aterrizó en la calle Cavallers en plena crisis institucional. Los casos de presunta corrupción lastraban ya entonces cualquier iniciativa política y la imagen de la Generalitat, con un presidente imputado que acabó sentándose en un banquillo, estaba muy dañada. El paso de los meses no ha hecho más que agravar ese escenario de sospechas sobre el comportamiento de sus predecesores. Los casos Gürtel, Brugal, Emarsa, Blasco, Fabra o Noos han ido evolucionando en los juzgados y la nómina de imputados ha ido incrementándose de forma escandalosa.

"Mi objetivo es devolver la honorabilidad a las instituciones", recalcó en repetidas ocasiones Fabra durante su intervención. De hecho, el presidente apuntó a la necesidad de limpiar de sospecha la Generalitat como a uno de sus objetivos fundamentales tanto en estos dos primeros años como en lo que le resta de mandato. Y esgrimió su doctrina contra la corrupción como prueba de su voluntad política de apartar a los corruptos de su Consell.

Sin embargo, a Fabra no le quedó más remedio que reconocer las dificultades con las que tropieza para aplicar esa doctrina. "No nos queda más remedio que ser ejemplares. Por eso se marcó una línea que no se puede traspasar. Y aunque hay personas que opinan de otra manera y ha sido puesta en duda, tenemos que escuchar al pueblo valenciano, que se merece la honorabilidad de las instituciones que representamos. Si no somos capaces de identificarnos con ellos, difícilmente podemos ser cómplices en salir de situación actual".

La cuestión es que quienes han puesto en duda esa doctrina son sus propios compañeros de partido, algunos tan destacados como Alfonso Rus o Rita Barberá. El intento de limpiar el Partido Popular de implicados en casos de presunta corrupción sin tensar al partido se ha convertido en una quimera que ha tenido ya momentos muy complicados, como cuando se forzó la salida de Rafael Blasco del grupo parlamentario. Un enfrentamiento que, a buen seguro, se repetirá en los próximos meses con la apertura de nuevos juicios por los casos que siguen instruyéndose.

Con todo, Fabra trató de desmarcarse de esa época. "En los dos años que llevo como presidente no se ha producido ningún caso de presunta corrupción", afirmó, al tiempo que asumió que las consecuencias de las gestiones bajo sospecha de sus predecesores y compañeros de partido seguirán afectando a la imagen de la Generalitat, por lo que reclamó que la justicia "sea mucho más rápida".

UNA GENERALITAT EN QUIEBRA TÉCNICA

El otro gran lastre de la Generalitat que asumió Fabra es el económico. Más allá de la gravedad y profundidad de la crisis económica que afecta a España, la situación de la caja del Gobierno autonómico que recibió el presidente era de auténtica quiebra técnica. Con una caída brutal de ingresos por el acusado descenso de la actividad económica en la Comunitat Valenciana y con los gastos desbocados, la Generalitat ha bordeado en varias ocasiones el default, salvado por solo por la intervención del Gobierno central.

Cuando Fabra llega a la presidencia del Consell, la Comunitat Valenciana gasta 5.000 millones más de los que ingresa. Es decir, casi un tercio del presupuesto no tiene respaldo en la caja, lo que se traduce en innumerables impagos. Solo las nóminas y los intereses de la deuda son atendidos con puntualidad.

El presidente achacó esa situación a la mala financiación autonómica que padece la Comunitat Valenciana. Sin embargo, al desgranar los recortes en el gasto aplicados en estos dos años, especialmente en el sector público empresarial, reconocía implícitamente el despilfarro de dinero que ha abocado al Consell a depender totalmente de los planes de salvación del Gobierno.

En estos dos años el Gobierno de Alberto Fabra, por el que han pasado hasta cuatro consellers vinculados al área de económica -Verdeguer, Vela, Buch y Moragues- se ha tenido que limitar a hacer encaje de bolillos para salvar cada día. No hay margen para invertir. El objetivo es recortar gastos sin traspasar las líneas de las políticas de bienestar social. Pero ni así es suficiente.

Para los próximos meses Fabra lo fía todo a la generosidad del Gobierno a la hora de adjudicar a la Comunitat Valenciana un objetivo de déficit de en torno al 1,7% o 1,8%. Algunas fuentes consultadas por ValenciaPlaza.com apuntan a que podría incluso ser ligeramente superior al 1,8%.

Este incremento sobre el 0,7% inicial y el 1,3% de media para las autonomías que se ha fijado finalmente, supondrá un balón de oxígeno para la Generalitat, ya que implica que podrá obtener unos 600 millones adicionales vía endeudamiento. De lo contrario, los impagados volverían a acumularse, como ocurrió el año pasado, cuando la Comunitat Valenciana gastó 3.500 millones más de lo que ingresó.

Pero ese es un salvavidas con consecuencias. A mayor deuda, más intereses hay que pagar. Si este año ya se destinan 1.200 millones de euros a pagar intereses, el año que viene la cifra crecerá por la nueva deuda emitida y por el nuevo plan de pago a proveedores, al que el Consell se acogerá con más de 2.000 millones de euros.

Pero además, una vez se fije ese déficit asimétrico, la Generalitat tendrá que aplicarse si quiere cumplirlo. Pasar de un desfase del 3,5% al 1,8% sigue siendo una tarea titánica, puesto que supone recortar uso 1.700 millones de euros, ya sea en gastos, ya sea buscando nuevos ingresos.

SUBIDA DE IMPUESTOS

Fue en ese momento cuando Fabra anunció que, una vez se sepa la cifra definitiva, se presentarán las nuevas medidas que "ya están preparadas" y que apuntan a subida de impuestos. "Nunca serían impuestos fruto de clases medias o bajas, sino aquellas con más posibilidades o gravámenes, por ejemplo, sobre el juego, para aumentar los ingresos", aseguró el presidente.

Fabra, sin embargo, reconoció que todas estas medidas no solventarán el problema estructural de la Comunitat Valenciana, y aseguró que seguirá reclamando un nuevo sistema de financiación. "Tenemos que pedir al Gobierno que se deje de perjudicar y discriminar a la Comunitat en financiación", dijo.

Fabra tiene algo menos de dos años por delante para conseguirlo.