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VALENCIA. La actualidad informativa procedente de los juzgados volvió a zarandear este lunes al Gobierno valenciano que preside Alberto Fabra. Casualmente, mientras el jefe del Consell se encontraba en Madrid acompañando a su amigo y homólogo de Baleares, José Ramón Bauzá, en un acto de Nueva Economía Fórum presidido por Mariano Rajoy, se conocía que la Fiscalía ha solicitado la reapertura del caso del accidente del metro y, pocas horas después, se hacía pública la imputación en el caso Gürtel de la exconsellera Alicia de Miguel, quien había presentado a primera hora -con su proverbial habilidad y canales de informacion privilegiada- la renuncia de su acta de diputada antes de que se conociera públicamente la decisión judicial.
Pese a los denodados esfuerzos del presidente, quien ayer recalcaba en la capital de España la necesidad de un "déficit asimétrico" debido a la "financiación asimétrica", los tribunales volvieron a demostrar que poseen una potencia de fuego muy superior a la que puede gestionar el Gobierno valenciano.
La Fiscalía de Valencia presentó ayer ante el juzgado de instrucción número 21 un escrito en el que solicita la reapertura de diligencias por el accidente de metro ocurrido en Valencia en 2006 -en el que murieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas- al considerar que existen "hechos y datos nuevos y otros que en su momento no se valoraron que pudieran afectar al estado de la unidad siniestrada".
El accidente del metro regresó a la agenda informativa tras el reportaje emitido por la Sexta, de la mano de Jordi Évole en su programa Salvados, a raíz del documental realizado por la productora valenciana Barret Films. Desde entonces, la Asociación de Víctimas del Metro 3 de julio ha recibido un importante apoyo social.
Tras el citado reportaje, la diputada socialista Ana Barceló presentó una denuncia por un posible delito de falsedad documental en relación con los testimonios en Les Corts, que ha sido archivada, y Antonio Marín, portavoz de la asociación Cercle Obert, junto a otro representante de una asociación diferente, presentaron documentación a la Fiscalía sobre las causas del accidente para que investigara una posible reapertura, que sí ha sido tomada en consideración.
Posteriormente, a finales de junio, la Fiscalía solicitó diversa documentación a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana relacionada con el historial de accidentes de la unidad siniestrada, reparaciones y mantenimientos de esa unidad, e informe de necesidad de cuando se contrataron nuevos trenes. Según fuentes de FGV, esta documentación se remitió hace un par de semanas a la Fiscalía que, este lunes, dio el paso de solicitar la reapertura.
Pese a que la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, manifestó ayer que el Gobierno valenciano está "sereno" ante la propuesta de la Fiscalía, la mera posibilidad de que el caso del metro se reabra provoca, si no escalofríos en el Ejecutivo de Fabra, al menos sí una notable inquietud. Bonig recordó que el Gobierno valenciano llegó a un acuerdo hace meses para "poner a disposición" de la Fiscalía "toda la documentación" disponible, y por ello indicó que la colaboración por parte del ejecutivo autonómico siempre se ha mantenido.
El problema del caso no se refiere tanto a los nombres propios de dirigentes a los que pueda afectar, dado que buena parte de los mismos ya no están en sus puestos o, en el caso del entonces conseller de Infraestructuras, José Ramón García-Antón, fallecido años atrás.
Lo comprometido del asunto es la envergadura social adquirida y la importante sensibilidad que despierta: una reapertura puede significar una factura política y de imagen demasiado alta que pagar para un Consell en una coyuntura de debilidad manifiesta. Un caso que, en su día, no tuvo costes en las urnas pero que ahora puede contribuir de forma definitiva al hundimiento de la marca PP en la Comunitat Valenciana.
ALICIA DE MIGUEL, DIMISIÓN Y A RENGLÓN SEGUIDO, IMPUTACIÓN (O AL REVÉS)
El otro hecho relevante que marcó la agenda informativa de este lunes también procedió de los tribunales, previo paso de la noticia por Les Corts. A primera hora se conocía la renuncia al acta de la diputada Alicia de Miguel, destacada parlamentaria y consellera en anteriores legislaturas. A las pocas horas, se hacía pública su imputación en la pieza 5 del caso Gürtel.
El abandono de escaño por parte de De Miguel, en el ámbito interno del partido, se ha considerado "hábil" e "inteligente", en palabras de miembros de la dirección del PPCV. Médico y con un puesto en la dirección de servicios centrales del Hospital General, la exconsellera ha evitado así sumarse a la lista de parlamentarios imputados saliendo de Les Corts aludiendo "motivos personales" antes de hacerse pública su situación judicial.
Una manera de evitar comparaciones, si hubiera abandonado tras ser imputada, con otros compañeros que se mantienen en el escaño en la misma situación judicial.
Así, una vez más, mientras el presidente Fabra se encontraba en Madrid con Rajoy con quien mantuvo un pequeño encuentro donde le recordó la importancia de autorizar el déficit asimétrico, la herencia recibida volvía a estallarle en las manos.
Dos asuntos con que el jefe del Consell ha intentado abordar de forma diferente a su antecesor Francisco Camps: primero, reuniéndose al inicio de su mandato con la Asociación de las Víctimas del Metro, y en segundo lugar, tratando de apartar a los imputados de los puestos de responsabilidad. No obstante, en ambos casos sus actuaciones han resultado insuficientes o, al menos, no han servido para calar en la opinión pública.
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