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SANTIAGO (EFECOM). El presidente de los Técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, advierte de la urgencia de desterrar una creencia común "errónea" que sitúa el grueso del fraude fiscal en el pequeño autónomo y en las pymes puesto que el 71 % "es atribuible" a patrimonios altos y grandes empresas.

El engaño varía, según de quien se trate, dado que en el caso del trabajador por cuenta propia lo normal es que evite facturar algunos servicios, mientras que en las pequeñas compañías con relativa frecuencia se incluyen gastos personales como de trabajo, y en las de mayor tamaño ya se estaría hablando de entramados societarios.

"Hay que cambiar esa opinión generalizada que focaliza" la trampa equivocadamente, señala Cruzado en una entrevista con Efe, durante su estadía en Compostela para participar en un curso de la Universidad de Santiago celebrado esta semana y centrado justamente en la lucha contra esta lacra en un contexto de crisis económica.

Cruzado también distingue entre la reacción social que suscita un supuesto de "fraude a gran nivel", y cita como ejemplo al extesorero del PP Luis Bárcenas; y la que se genera, "de un modo muy diferente", ante las prácticas que se dan en las "economías de subsistencia".

Y que se ven como una "vía de escape", pese a que no lo sean, por los efectos negativos: competencia desleal, falta de seguridad laboral, el problema de las pensiones, "todo ello supera a los presuntos condicionantes positivos".

 PARA ERRADICAR LA ESTAFA SE NECESITAN INFORMES

Pensar en erradicar esta estafa "al cien por cien" es "irrisorio", manifiesta, y por ello indica que el objetivo ha de ser que España se equipare a los "niveles" de países de su entorno, como Francia o Alemania.

¿Cómo lograr bajar entonces esos diez puntos? Con informes sobre la economía sumergida que permitan tener una "foto fija, desagregada por sectores", para iniciar así "una lucha eficaz"; y mediante una "reforma en profundidad" de los procedimientos, funcionamiento y estructura de la Agencia Tributaria.

Uno de los "errores" más significativos de los últimos tiempos, prosigue Cruzado, es el acontecido con la Infanta Cristina, y en este sentido afirma que cuando un magistrado pide información, hay una serie de funcionarios que están asignados a ese auxilio judicial.

Resulta que aquí hay unos datos que están en la base de la Agencia Tributaria y se han remitido, "parece que sin verificación y con una serie de fallos, no uno, ni dos, por lo que se hace raro de entender esa cadena de errores. Es un indicio de esa reforma que tanto se necesita".

España, sostiene, se encuentra entre los líderes de Europa en el capítulo de fraude fiscal y economía sumergida, algo que se traduce en que los impuestos que se escapan por esta vía "llegan a los 90.000 millones". Solo en Galicia, la economía sumergida mueve unos 4.700 millones al año, observa.

"El nivel de fraude económico y economía sumergida se sitúa en España entre el 20 y el 25 % del Producto Interior Bruto (PIB), sólo por detrás de Grecia, y de aquellos países de más reciente incorporación a la Unión Europea", subraya Cruzado.

En España, agrega, la "conciencia fiscal" no es equiparable, por ejemplo, a la que existe en Estados Unidos, y ello obedece a una "tradición oscurantista" y a una evidente "falta de interés" hasta la llegada de las vacas flacas, cuando muchos se han hecho la pregunta de "en qué se gastan los impuestos".

Pero si a raíz de la crisis se ha incrementado esa curiosidad, también es cierto, dice, que "los datos demuestran que ha aumentado ese fraude y esa economía sumergida, merced a que las empresas antes de dejar a pagar a sus proveedores o a sus trabajadores, dejan de pagar sus impuestos a Hacienda".

Por ello apela Cruzado a la "voluntad política" y recuerda que la legislación existente "sigue dando resultados escasos". En Galicia, la Xunta ha aprobado este mes un plan para combatir estas prácticas que contempla un 20,3 % más de inspecciones centradas en detectar casos de trabajo no declarado.

Si en 2012 hubo algo más de 13.000 registros, el propósito es llegar ahora a los 16.000. A tenor de las denuncias de particulares y la experiencia de los profesionales, la hostelería y el comercio centrarán una buena parte de esta tarea.