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VALENCIA. Hace unas semanas el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, envió un mensaje a las entidades bancarias españolas a través de su secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, para anticiparles lo que pocos días después iba a ser la reforma energética y advertirles que debían ser flexibles a la hora de abrir la mano de la refinanciación de los proyectos.
De entrada les adelantó que la reforma iba a suponer un recorte en los ingresos de las energéticas de entre un 10% y un 20% y, para que se fueran haciendo la idea, que estuvieran preparados para quedarse con muchos activos. Y a fe que no se equivocó.
Y es que la banca española no gana para sustos, puesto que cuando todavía no ha terminado de digerir los dos reales decreto-ley del pasado año -con miles de millones provisionados para sanear su exposición al sector inmobiliario-, el último consejo de ministros aprobaba otro sobre el sector energético para acabar con el déficit de tarifa que va a terminar impactándole directamente.
DE PRIMAS A 'PRIMOS'
Entre otras medidas recoge la eliminación de las primas para estas empresas donde las renovables (fotovoltaicas, eólicas y solares) se llevan la peor parte, dado que el nuevo modelo impone que estas empresas deban de asumir una "rentabilidad razonable" del 7,5% para toda la vida útil de la instalación -aunque aplicando los impuestos podría rondar limitarse hasta el 5%- frente al 12% que se les ofreció en su día allá por 2008.
Y, por si fuera poco, ese 7,5% es con carácter retroactivo y representa un ratio muy inferior al de la rentabilidad de las principales eléctricas del país, que se mueve entre el 20% y 45%.
REFINANCIAR O ENTREGAR
De ahí que la banca tema una llegada en tropel de refinanciaciones de renovables o, lo peor, tenerse que quedar con los activos de las empresas que no puedan hacer frente a sus deudas.
"Es lo que nos faltaba porque nos tememos que más pronto que tarde el Banco de España nos obligue a aumentar las dotaciones, al tener en nuestros balances un buen número de préstamos concedidos a la industria de renovables", apuntan desde una entidad financiera ubicada en pleno centro de Valencia.
Y ciertamente no les falta razón, puesto que la deuda del sector con la banca española supera los 40.000 millones de euros donde cerca de la mitad corresponde a la fotovoltaica, según los últimos datos de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF). La misma que ayer mismo ya alertaba que la quiebra de proyectos los dejará en manos de las entidades financiadoras y con ello aumentará el riesgo financiero.
DACIÓN EN PAGO
"Muchos particulares invirtieron hace cinco años en renovables al calor del 12% que desde el propio Gobierno liderado entonces por Zapatero se les prometía, pero al no poder afrontar el servicio de la deuda los obligará a entregar sus instalaciones como si de una dación de pago se tratara", advierten las mismas fuentes consultadas por este diario.
Más de 30 entidades están expuestas a las renovables, con préstamos multimillonarios en muchos casos, que se ven ahora en la tesitura de calibrar cuantos de los renegociados deben ser catalogados como subestándar.
PROVISIONES
Lo que el Banco de España obliga cuando considera que hay riesgo de impago, por no hablar de las pérdidas que resulten de la reforma energética y que deben ser provisionados.
"Tenemos que estar preparados para refinanciar préstamos de las empresas renovables, pero todavía más para quedarnos con los activos y ello repercutirá sobre nuestras cuentas", reconocen desde la misma entidad.
La banca española acabará pagando buena parte de la 'fiesta' de un sector que históricamente ha vivido de las subvenciones públicas y que Bruselas quiere acabar de raíz, tal y como acaba de hacer con los astilleros. "Reconozco que hemos abierto la mano más de lo que debíamos a la hora de financiar proyectos eólicos, fotovoltaicos y renovables, pero también es justo decir que el Gobierno ha modificado hasta en cinco ocasiones la normativa sobre el sector en apenas dos años".
PÉRDIDA DE EMPLEO
Mientras tanto, las asociaciones de renovables ANPIER, APPA, Protermosolar y UNEF tienen claro que, además de ser un proceso de expropiación encubierta, incrementará la pérdida de empleo de un sector donde apenas quedan 25.000 de los cerca de 100.000 que había y será amplamiente contestada en los tribunales.
Justo hace un mes que el director general de UNEF, José Donoso, advertía que la situación ya estaba haciendo "saltar las alarmas del sector financiero".
'LÍNEA ROJA'
Para Donoso la situación era límite y ya se estaba pisando "la línea roja" de la deuda, pueso que los compromisos de deuda cuyo incumplimiento pueda activar ejecuciones -los llamados 'covenants'- habían saltado.
Como a buen seguro ya estén saltando en los balances de la banca y esperen la llamada del Banco de España para dotar todavía más por si no tenían poco con las provisiones que están llevando a cabo fruto de las cláusula de suelo, su retroactividad y los créditos refinanciados.
Todo ello mientras el sector energético, históricamente vinculado a las subvenciones, purga sus pecados y la Comisión Europea gana la partida de la homogenización, es decir, de que todos sus miembros cuenten con las mismas reglas y Competencia no se vea obligada a intervenir como ha sucedido con los astilleros.
La rentabilidad no era del 12%, En todo caso entre 8 y 9% (ver Folleto del propio Mityc -IDAE). En cualquier caso el coste por la inseguridad jurídica generada es incalculable...e IRRECUPERABLE.
Pues tienen razón para asustarse, las instalaciones fotovoltaicas no son pisos que se pueden cerrar y dejar. Si un inversor fotovoltaico deja de cobrar, venderá paneles, inversores, estructura,... para minorar su deuda con el banco. Y aunque no lo haga, si no hay vigilancia, las instalaciones no durarán ni tres días en mitad del campo. En cualquier caso, los bancos se quedarán con eriales con alquileres carísimos.
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