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VALENCIA. El Comité Regional del PPCV celebrado este viernes en la sede de la calle Quart y presidido por el presidente del partido, Alberto Fabra; el secretario general, Serafín Castellano, y el número tres del partido, César Sánchez, sirvió para que algunos dirigentes populares expresaran sus dudas ante el líder de la formación acerca de la doctrina Fabra en materia de corrupción.

El presidente de la Generalitat y del PPCV se ha mostrado firme en su trato con los imputados en el Gobierno valenciano así como a la hora de recomponer el organigrama del partido sin que figurara ningún dirigente en esta situación. Más problemas le está causando la presencia de imputados en el grupo parlamentario popular, cuya acta es personal y no depende del jefe del Consell.

Este viernes, ante el comité, y tras ser presentado el informe de gestión por parte de Serafín Castellano, Fabra realizó una intervención en la que uno de los asuntos que abordó fue el caso Bárcenas y la repercusión que está suponiendo. En este sentido, fuentes populares presentes en la reunión señalaron que el presidente hizo hincapié en que el extesorero se halla en la cárcel por unos fondos en bancos extranjeros cuya vinculación con el PP no se ha demostrado.

En el turno de intervenciones, tras tomar la palabra el alcalde de Gandía y el de Peñíscola sobre asuntos de costas, saltó a la palestra el alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, imputado en una pieza del caso Gürtel. El responsable municipal, según informaron fuentes presentes en el comité, pidió mayor protección a los compañeros de partido imputados. Un alegato en la línea de no estigmatizar a los cargos de la formación popular que se encontraban implicados en las diferentes causas.

En esta línea, aunque con una mayor vehemencia discursiva, tomó la palabra la exdiputada y secretaria autonómica en la Conselleria de Gobernación Asunción Quinzá, muy próxima al número dos de Fabra, Serafín Castellano. Esta intervención, que ahondaba en la facilidad en la que un dirigente podría ser imputado, fue interpretada por varios de los asistentes al comité como una petición en toda regla al presidente Fabra para rebajar el listón de la llamada ‘línea roja'. El presidente, según relataron fuentes presentes en el comité, puso el acento en la necesidad de manterse firmes en este aspecto.

Cabe recordar que, recientemente, la Asociación contra la Corrupción denunció a Serafín Castellano por las adjudicaciones al empresario Taroncher, un caso donde también se ha solicitado la presencia como testigo de Quinzá. Esta situación fue interpretada ayer por diversas fuentes como un intento de la secretaria autonómica de proteger a Castellano ante posibles complicaciones judiciales.

De ser así, no es la primera ocasión en la que Quinzá da la cara por Castellano. En febrero de este año dio cuenta en Les Corts de los contratos con la empresa Over Marketing que se adjudicaron en la etapa de conseller de Sanidad del ahora secretario general del PPCV y que se investigan dentro del caso Nóos.