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VALENCIA (EP). El juez decano de Valencia, Pedro Viguer, estudia la posibilidad de pedir "apoyos" ante el previsible "aluvión" de demandas que podrían registrar los juzgados de Primera Instancia por las participaciones preferentes en los próximos meses, en concreto, en julio y en septiembre.

Viguer se ha pronunciado en estos términos en una rueda de prensa en la que ha presentado el balance provisional de actividad de los juzgados del partido judicial de Valencia durante el primer semestre de 2013. Durante su intervención, ha mostrado su "preocupación" por el incremento de demandas por productos financieros complejos: preferentes, subordinadas y swaps, entre otros.

Sobre este asunto, el decano ha informado de que hace unas semanas, crearon una clase de reparto específica para los pleitos por este tipo de productos, con el objetivo de dimensionar y de tener claro en cada momento el volumen de asuntos que entraban en los juzgados de Valencia.

Los datos que tienen al respecto les hacen "sospechar" que llegará un "aluvión" de demandas. Entre ellos, se ha referido a que desde el 1 de febrero hasta el 30 de junio de 2013, el Decanato ha otorgado 528 apoderamientos a los procuradores para formular futuras demandas. Ante este dato hay que tener en cuenta que no todas las demandas van con apoderamiento, ya que se pueden tramitar con poder notarial, y estas últimas son la mayoría.

Asimismo, los juzgados han registrado en este periodo de tiempo 334 demandas por estos productos --la mayoría de ellas en los últimos dos meses-- y, además, se han tramitado 84 solicitudes de diligencias preliminares por parte de los ciudadanos para obtener documentación frente a las entidades bancarias para luego formular una demanda.

Así, si se produce un "aluvión", Viguer pretender dar una "respuesta eficaz". Para ello, no dudará en solicitar, si llega el momento, un plan de apoyo a los juzgados de Primera Instancia como ya se ha hecho en otras comunidades como Galicia, donde también ha aparecido este problema.

Entre las medidas que están estudiando, ha citado la posibilidad de establecer un juzgado que conozca estos asuntos en exclusiva; nombrar jueces de apoyo; o distribuir los asuntos entre varios juzgados específicos a través de una oficina. "Hay que estudiarlo, hay muchas alternativas y no puedo hablar de nada en concreto. Hay que pensarlo y hacer números", ha dicho, puesto que se trataría de una medida de carácter coyuntural.

DESCENSO GENERALIZADO

Dejando a un lado esta problemática, Viguer ha destacado que en los últimos cinco meses ha habido un descenso en el número de entrada de asuntos en los juzgados, que guarda mucha relación con la implantación de las tasas judiciales. Así, en Primera Instancia, la entrada de casos ha bajado un 14,24%; en Contencioso-Administrativo un 25%; y en Mercantil un 8%.

En concreto, en Primera Instancia, Viguer ha destacado un descenso del 40% en el número de demandas por ejecuciones hipotecarias. Asimismo, se han reducido los procedimientos de reclamaciones de créditos bancarios un 31%; y otros 25% los desahucios por arrendamiento.

En Mercantil, el decano se ha referido a las demandas por despidos, que se han incrementado un 18% en los últimos cinco meses en comparación con el mismo el ejercicio anterior. "No es que siga habiendo un volumen de demandas enormes, si no que además tienen un incremento notable", ha aseverado.

En materia de Familia, la entrada de asuntos prácticamente se ha mantenido, aunque ha habido más procesos en relación con la modificación de medidas motivadas por una doble circunstancia: la crisis económica --revisión de pensiones alimenticias--; y la entrada en vigor de la Ley de Custodia Compartida. En Instrucción, la entrada de asuntos ha descendido un 5,9%; en Penal, un 3,4%; en Ejecutorias, un 10%; y en Violencia de Género, en relación con asuntos penales, la bajada ha sido del 6,6%.