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VALENCIA (EP). La Junta de Personal de los Servicios Centrales de la Generalitat Valenciana ha anunciado que presentará una denuncia por la supuesta contratación irregular de empresas y falsos autónomos por irregularidades en determinados aspectos de la gestión de las encomiendas encargadas por la Conselleria de Medio Ambiente a Vaersa.

Así lo han indicado los representantes después de conocer el informe definitivo emitido por la subdirección general de Atención al Ciudadano, Calidad e Inspección de Servicios sobre este asunto. Los miembros de la Junta de Personal solicitarán ante el Tribunal de Cuentas la depuración de responsabilidades por "el supuesto desvío de fondos públicos por los sobrecostes" que han cuantificado en un "26,5 por ciento" por estas encomiendas.

Los representantes de la Junta de Personal han explicado que si los trabajos encomendados a Vaersa se hubieran realizado por personal funcionario de carrera de la Conselleria de Medio Ambiente "se habría ahorrado un 21 por ciento, más un 5,5 por ciento en concepto de cotización miedo desempleo".

En septiembre pasado denunció ante la Inspección de Servicios la existencia de "graves irregularidades" en la contratación de empresas y falsos autónomos a través de encomiendas de gestión y de asistencias técnicas en la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio ambiente. "Estas tienen especial incidencia en la antigua Conselleria de Medio ambiente, de la que han sido consejeros Rafael Blasco, Esteban González Pons, José Ramón García Antón y Juan Cotino", han recordado.

HACIENDA INSTÓ A MEDIO AMBIENTE A "CORREGIR Y REVISAR"

La subdirección general de Atención al Ciudadano, Calidad e Inspección de Servicios emitió un informe definitivo sobre la denuncia presentada por el presidente de la Junta de Personal de los Servicios Centrales de la Administración, sobre supuestas irregularidades en determinados aspectos de la gestión de las encomiendas encargadas por la Conselleria de Medio Ambiente a Vaersa, en la que instó a la conselleria a "corregir y revisar" estos encargos para que los trabajadores de la empresa pública no desarrollen tareas de funcionarios de la propia conselleria.

El órgano de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública instó a la conselleria a seguir las recomendaciones de la Viceintervención General para "impedir que la prestación de los servicios encomendados a Vaersa pueda suponer o aparentar cesión ilegal de mano de obra".

El informe de la Subdirección General de Atención al Ciudadano, Calidad e Inspección de Servicios tiene su origen en una denuncia presentada por la Junta de Personal de Servicios Centrales de la Administración de la Generalitat el 26 de septiembre de 2012 sobre la utilización por parte de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de trabajadores de la sociedad mercantil pública Vaersa para prestar funciones propias del personal funcionario, lo que distintas sentencias judiciales han considerado cesión ilegal de trabajadores.

"NUMEROSAS EVIDENCIAS DE INCUMPLIMIENTO"

Tanto la denuncia sindical como el informe de la Inspección asumen el contenido del informe de fiscalización de la Viceintervención General de Control Financiero, que el 14 de septiembre de 2012 analizó las encomiendas de gestión suscritas por la Conselleria y Vaersa, en el que concluyeron que existen "numerosas evidencias de incumplimiento de la ley", que además generan un "importe perjuicio económico para la administración al incrementar el gasto un 26,5 por ciento".

Concretamente, el informe recoge que en las direcciones generales que tienen encomiendas de gestión sólo el 21 por ciento del personal es funcionario y el 79 por ciento restante procede de Vaersa, "la mayoría seleccionado sin atender a principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad".

Según el informe de la Inspección de Servicios, la conselleria es "consciente de lo inadecuado del sistema actual", aunque entiende que su justificación deriva del "incremento de la carga de trabajo, el aumento de su complejidad a lo largo de los últimos años y la carencia de personal funcionario propio para su desempeño".

Además, el informe definitivo justifica que este tipo de encomiendas "sobre las que se deben emprender medidas de urgencia" se debe a que "muchas de ellas fueron fruto de prácticas de años anteriores, erróneamente consideradas legales".

La Subsecretaría de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente ha solicitado a la Dirección General de Recursos Humanos y a la Dirección de Presupuestos, ambas de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, un incremento de estos de trabajo y su correspondiente dotación presupuestaria.