VALENCIA (EP). La Administración Valenciana mantenía una deuda de 4.048,86 millones de euros a fecha 31 de mayo de 2013, según las estimaciones realizadas por el Gobierno en la memoria de impacto normativo del decreto ley de Medidas Urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros.
El documento, consultado por Europa Press, especifica que de ese montante total, que es susceptible de ser incluido en la "tercera y última" fase del plan de pago a proveedores municipales y autonómicos, 3.229 millones corresponden a la deuda del sector público administrativo.
Asimismo, otros 208,68 millones corresponden a la deuda con las universidades públicas valencianas, con lo que la región se sitúa en el segundo puesto por volumen de deuda, superada tan sólo por Cataluña (226 millones). El documento señala también que la deuda con las farmacias asciende a 191,72 millones, el mayor montante a nivel regional.
Por otra parte, la deuda de las transferencias a entidades sin ánimo de lucro de carácter social es de 164,17 millones, en tanto que la incluida en el capítulo de sentencias por expropiaciones se sitúa en 18,5 millones. En cuanto a las transferencias a entidades locales, la deuda es de 236 millones de euros.
El documento precisa que estos cálculos se han realizado, en el caso de la deuda del sector público y a la farmacia extrahospitalaria, a partir de los datos de la cuenta general 2011 y anteriores, de la liquidación provisional del 2012 y de la ejecución presupuestaria de abril de 2013, aunque la fecha de corte obliga a estimar la evolución de la deuda entre marzo y mayo.
En el caso de las universidades, entidades locales e instituciones sin fines de lucro, manteniendo como fecha límite 31 de diciembre de 2012, ha sido valorada a 30 de abril de 2013.
TERCER PLAN DE PAGO A PROVEEDORES
En el conjunto del país, las comunidades autónomas deben a las universidades públicas españolas un total de 1.061.177,5 millones de euros, mientras que a las farmacias un total de 797,82 millones de euros.
Estas facturas son susceptibles de ser incluidas en la "tercera y última" fase del plan de pago a proveedores municipales y autonómicos, que según el Gobierno requerirá como máximo de 19.350 millones de euros que, en cualquier caso, "no supondrán un incremento de gasto público ni tendrán incidencia sobre el déficit público" porque se articularán como una mera transformación de deuda comercial ya reconocida en deuda financiera.
Según el documento, este decreto busca dar una "solución extraordinaria, temporal y urgente" al problema de la morosidad de las administraciones públicas, "erradicándolo" para poder "evitar los problemas de liquidez de las empresas.
En este sentido, el Ejecutivo confía en que el impacto económico general de la medida será "positivo" tanto para las empresas proveedoras, que gozarán de una mayor liquidez para poder mantener su actividad, como para los ciudadanos.
MECANISMO EXTRAORDINARIO DE FINANCIACIÓN
Así, el mecanismo extraordinario de financiación a los proveedores de las comunidades autónomas y entidades locales permitirá la cancelación de operaciones pendientes de pago que fueran liquidadas, vencidas y exigibles antes del 31 de mayo, incluyendo en este caso las indemnizaciones por expropiaciones reconocidas por sentencia judicial firme y las transferencias a asociaciones sin ánimo de lucro dedicadas a las familias, los discapacitados o la tercera edad, así como las universidades públicas.
En su conjunto, el Gobierno prevé una demanda "máxima" de 19.350 millones de euros, de los que 15.324 millones corresponderán a facturas de las comunidades autónomas --excluyendo la deuda que puedan mantener con ayuntamientos, que "quedará incluida en proveedores de entidades locales"-- y los restantes 4.017 millones, a facturas de las administraciones municipales.
Estas necesidades de financiación del fondo de pago a proveedores serán "absorbidas mediante operaciones de deuda" del propio fondo, lo que podrá incluir operaciones de endeudamiento con el Tesoro.
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