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VALENCIA. El punto de inflexión en la línea roja contra la corrupción que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, está luchando por dibujar puede quedar trazado definitivamente este mes de julio.
La apertura de juicio oral a las exconselleras Milagrosa Martínez y Angélica Such ha redoblado la tensión en el grupo parlamentario popular, donde a día de hoy habitan ocho imputados tras la marcha de Rafael Blasco al grupo de no adscritos.
Como se ha insistido desde Presidencia de la Generalitat, el caso de Cooperación, donde la Abogacía del Consell se ha personado solicitando una pena de 11 años para el diputado, es diferente al resto. Sin embargo, el de las dos diputadas, procesadas por la pieza sobre Fitur, separada del caso Gürtel, puede considerarse como un patrón a seguir para el resto de los imputados.
De hecho, en los últimos días se percibe como los dirigentes populares andan con pies de plomo, midiendo sus palabras sobre la situación de las exconselleras a sabiendas de que se están produciendo conversaciones sobre el futuro de Martínez y Such entre la cúpula del partido y las parlamentarias.
Este mismo jueves, la presidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor, abogaba por la presunción de inocencia y el respeto por la justicia al ser preguntada por este caso. Una línea en la que también se ha movido la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, quien esta semana manifestó su "afecto" hacia los compañeros imputados.
La decisión es complicada. Dado que el caso Blasco se resolvió de forma peculiar -por no decir esperpéntica-, la resolución que se adopte respecto a las dos exconselleras creará un precedente para el resto de imputados del grupo.
Según fuentes de la Generalitat, el objetivo de máximos del presidente Fabra va dirigido a negociar que las dos diputadas abandonen el hemiciclo. Esto sería un importante balón de oxígeno para el jefe del Consell, que tras apartar a Blasco y dar salida a las dos exconselleras, quedaría liberado hasta el próximo ‘round' judicial.
En cuanto a los casos concretos, las fuentes parlamentarias consultadas coinciden en que la situación de Angélica Such es más asequible, a priori, de resolver que la de Milagrosa Martínez. Para la primera, el ministerio fiscal y el PSPV, acusación particular, solicitan 11 años de cárcel, mientras que para Such los socialistas piden cuatro años de prisión y la Fiscalía solo nueve de inhabilitación. Cabe recordar que Martínez es, además de diputada, alcaldesa de Novelda, un aspecto que complica también su marcha de Les Corts, una posibilidad más factible en el caso de Such, más arraigada al sector privado.
Mientras, también resulta una incógnita el futuro de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, imputada en Brugal y que esta semana renunció a su sueldo en Les Corts Valencianes. Algunas fuentes populares apuntan a que podría estar preparando su salida de la cámara, algo que prometió meses atrás pero que finalmente no formalizó. De producirse estos tres abandonos, Fabra vería allanado su camino en su lucha por reafirmar su doctrina anticorrupción.
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