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VALENCIA. La Comunitat Valenciana volverá a encabezar el ranking de las regiones que se acojan al nuevo "y definitivo" plan de pago a proveedores que arbitrará el Gobierno. En total, la Generalitat Valenciana pedirá unos 3.812 millones de euros en este nuevo proceso de regularización, lo que supondrá casi el 25% del total de los 15.324 millones de euros que el Estado pondrá sobre la mesa para que las comunidades autónomas paguen sus deudas.

Esta cifra es la que estima el Gobierno, según consta en la memoria de impacto normativo del decreto ley de Medidas Urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, que fue aprobado en el último Consejo de Ministros y que busca "poner el contador de la deuda comercial a cero con carácter previo a la implantación de la factura electrónica, el registro contable y el periodo medio de pagos".

En el documento, que este jueves difundió Europa Press, se detalla que el nuevo plan prevé una demanda máxima de 19.350 millones de euros, de los que 15.324 millones corresponderán a facturas de las comunidades autónomas -excluyendo la deuda que puedan mantener con ayuntamientos, que "quedará incluida en proveedores de entidades locales"- y 4.017 millones, a facturas de las administraciones municipales.

Aunque en el plan de pago a proveedores que se habiitó el año pasado la Generalitat hizo un esfuerzo por aflorar todas sus deudas comerciales, de ahí el elevado montante que pidió al Estado, algunos conceptos quedaron fuera, como las subvenciones. Pero es que además, el año pasado el Gobierno valenciano generó nuevas facturas impagadas.

El déficit registrado en el ejercicio, el 3,45%, del que solo el 1,5% estaba financiado, es decir, se podía emitir deuda o, como ocurrió en ese caso, acudir al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), tuvo como consecuencia que parte del gasto en el que incurrió la Generalitat. se quedó sin fondos para poderlo atender, lo que a grandes trazos suponían unos 1.500 millones de euros, a los que hay que añadir las deudas que no entraron en el plan anterior y que ahora sí lo harán, así como las que se han acumulado a 31 de marzo y las obligaciones que se generen por la nueva obligación de pagar a 30 días como máximo, el conocido como plan contra la morosidad.

Todos estos conceptos, al menos en teoría, son los que suman los 3.812 millones, una cifra que está muy por encima de los 2.529,71 millones de Andalucía, 2.257,25 millones de Cataluña, 1.283,77 millones de Castilla-La Mancha, 1.058,88 millones de la Comunidad de Madrid, 885,72 millones de la Región de Murcia, 832,34 millones de Baleares, 495,62 millones de Aragón, 481,59 millones de Galicia, 366,47 millones de Extremadura, 325,23 millones de Castilla y León, y 317,72 millones del País Vasco.

DEUDA DE UNIVERSIDADES Y FARMACIAS

En cuanto al origen de las deudas, la mayor concentración de facturas pendientes de pago a farmacias se sitúa en la Comunitat Valencia (191,72 millones), Cataluña (169,95 millones), Murcia (125,36 millones) y País Vasco (123,22 millones); mientras que las universidades públicas mantienen las principales deudas con la administración en Andalucía (500 millones), Cataluña (226,32 millones) y la Comunidad Valenciana (208,69 millones). La cifra de farmacia, en el caso valenciano, es menor a la que este jueves apuntó el conseller de Sanidad, Manuel Llombart, que la estimó en 310 millones.