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VALENCIA. La reestructuración del sector público empresarial tiene efectos colaterales, más allá de los que genera en sus propios trabajadores. El proceso de fusiones y liquidaciones de empresas y fundaciones públicas está sirviendo de excusa ante los proveedores para anunciar nuevas demoras en los pagos la Administración, según distintos afectados.

Sólo entre las empresas de obra pública valenciana, la Generalitat adeuda 237 millones de euros, de los que 51 millones corresponden a entidades que, bien van a desaparecer, bien se van a fusionar con otras. Esta situación complica sustancialmente su cobro, según los empresarios afectados, ya que obliga a buscar al nuevo responsable y reiniciar las negociaciones.

Entre los casos más significativos están del Consell Valencià d'Esports, que va a ser liquidado mientras mantiene pendientes de pago 9 millones de euros, o los casos de Ciegsa e Ivvsa, que se integran en otras entidades superiores, cuando deben a las empresas 26 millones y 17 millones, respectivamente.

DEL PAPEL A LA REALIDAD

Formalmente, la Generalitat o las instituciones intermedias que asuman su estructura heredan tanto los activos como los pasivos de las sociedades disueltas. Aunque sobre el papel el camino está claro, la transformación añade unas trabas burocráticas que superan la paciencia de muchos afectados.

En algunos casos, las facturas alcanzan a obras realizadas desde 2007, ya que el plan de pago a proveedores puesto en marcha por el Gobierno central para que los ayuntamientos y autonomías no incluía las obras realizadas aunque no reconocidas o recibidas. En este caso están más de 37 millones de euros en obras y otros 25 millones aún sin facturar, según la federación de obra pública Fecoval.

Actualmente, las administraciones deben sólo a los constructores valencianas 690 millones de euros, de los que un 70% corresponden a la Generalitat, un 20% a entidades locales y un 10% al Estado. De cara a un nuevo plan de proveedores, desde Fecoval se reclama que se contemplen las obras no tramitadas y las subvenciones concedidas para obras de terceros, como las sociedades de regantes.

FUSIONES, ABSORCIONES Y LIQUIDACIONES

Ya el pasado 1 de enero de 2013, se habían extinguido 18 fundaciones, nueve entidades de derecho público y una mercantil, 28 entes en total, lo que significa una ejecución del 61% de lo programado. El objetivo fijado por el Consell es reducir a 30 el número de entes, por lo que están en proceso de suprimirse 18 entidades, principalmente mercantiles y algunas fundaciones.

Este adelgazamiento del sector público empresarial de la Generalitat ya se ha visto reflejado en el presupuesto de 2012. Así, de los 2.559 millones de euros de 2011, se ha pasado a los 1.194 millones de euros para 2013, lo que implica una reducción del 53%.