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VALENCIA. Ver pasar el tren. Esto es lo que están haciendo la mayoría de las empresas de obra pública valencianas ante el negocio que se abre con la construcción del llamado 'tercer carril' ferroviario, el único paso que han dado las administraciones para la puesta en marcha del Corredor Mediterráneo.
Únicamente dos empresas de la Comunitat están participando en los consorcios que se han constituido, capitaneados por grandes compañías nacionales, y que han conseguido alguna de las obras que se han empezado a licitar. Se trata de Rover Alcisa y de Torrescámara, firmas reconocidas en el negocio pero única pica en Flandes en el proyecto que cruzará de norte a sur la Comunitat.
En todo caso, de los 1.300 millones de euros previsto para esta infraestructura, casi la mitad va destinado a la maquinaria y el tiro de la catenaria, mientras que la obra civil licitable se limita 700 millones de euros, según los cálculos de la Federación de Empresas de la Comunitat Valenciana Contratistas de Obras de la Administración (Fecoval).
FRACCIONAMIENTO O COMPENSACIÓN
"Las obras que han salido son muy específicas y orientadas claramente a grandes consorcios", advierte José Luis Santa Isabel, presidente de Fecoval. Como alternativa para que las empresas valencianas del sector puedan postularse, la organización propone el fraccionamiento de las obras o su compensación.
"En Marruecos están encantados con la construcción del Corredor Mediterráneo, porque podrán conectar su 'superpuerto' de Tanger con el de Algeciras, conectado con Europa por esta nueva infraestructura", advierte Santa Isabel. En su opinión, esta infraestructura está bien, pero no basta que pase por la Comunitat, sino que la conecte.
De hecho, la alternativa para las empresas locales, según Fecoval, sería desarrollar las conexiones viarias y ferroviarias entre los polígonos industriales, los puertos y otros centros de producción, consideradas menores por tener un presupuesto inferior a los 10 millones de euros. De este modo, se podría dar actividad a las empresas de obra pública y se facilitaría la competitividad del resto de la economía.
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