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GRUPO PLAZA

Blasco se queda sin partido tras una vida ligado a la política

25/06/2013

VALENCIA (EP/VP). A lo largo de sus 67 años, Rafael Blasco se ha labrado una trayectoria política que le ha llevado a militar en formaciones tan dispares como es el Partido Comunista de España (PCE), en sus inicios, o el PP, hasta este pasado sábado, cuando fue suspendido cauterlarmente de militancia. Han sido más de 40 años entre una ideología y otra que terminan, por el momento, con un escaño en tierra de nadie, tras la petición por voluntad propia de pasar al grupo de no adscritos en las Corts.

A la espera probable de un juicio por el 'caso Cooperación' y expulsado del PPCV por unas declaraciones en televisión, el exconseller de varios gobiernos del PP y del PSPV desde 1983, afronta una nueva etapa política en la que él será su propio jefe de filas desde el escaño del grupo no adscritos.

Rafael Blasco junto a Francisco CampsSu salida del PP viene marcada, igual que de la del PSPV, por las sospechas de su participación, en su condición de conseller, en casos de prevaricación y tráfico de influencias, entre otros delitos. Como miembro del gobierno dirigido por el socialista Joan Lerma, Blasco fue expulsado de esta formación por supuestamente aceptar dinero a cambio de recalificar unos terrenos en Calp (Alicante). No obstante, fue absuelto en esta causa.

Actualmente, está inmerso en el conocido como 'caso Cooperación', por el supuesto desvío de fondos destinados a ayudas públicas para la cooperación en su etapa de conseller de Solidaridad entre 2007 y 2011. Blasco, a quien la propia Generalitat Valenciana le solicita pena de cárcel, ha defendido su inocencia.

Su futuro se dibuja en un escaño sin partido y pendiente de este proceso judicial, tras haber sido conseller con todos los presidentes que ha tenido la Generalitat valenciana a excepción del actual jefe del Consell, Alberto Fabra, -Joan Lerma, Eduardo Zaplana, José Luis Olivas y Francisco Camps-. Su reconocimiento como estratega político le ha valido la confianza de los ocupantes del Palau de la Generalitat.

TRAYECTORIA

Rafael Blasco, nacido en Alzira (Valencia) en 1945, tiene un doctorado en derecho por la Universitat de València y ha trabajado de interventor y depositario de fondos de la administración local. Está casado con la directora del Institut Valencià de Art Modern (IVAM), Consuelo Ciscar, hermana del dirigente socialista Ciprià Ciscar.

En su juventud, militó en el Partido Comunista de España (PCE) y en el Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP) y, más tarde, se afilió al PSPV, formación con la que fue conseller con el expresidente de la Generalitat Joan Lerma, en los departamentos de Presidencia y Obras Públicas y Urbanismo, hasta que fue expulsado en 1989 por el caso de los terrenos recalificados en Calp.

Entre su salida del PSPV y la entrada en el PP, Rafel Blasco se acercó a posiciones nacionalistas con el partido Convergència Nacionalista. Fue en 1995, con la victoria electoral en la Comunitat de los 'populares' de Eduardo Zaplana cuando volvió a la administración autonómica como subsecretario de Presidencia, una área que ya conocía.

Su entrada como militante del PPCV, tras cerca de diez años en la administración 'popular', se produjo en 2004 bajo el gobierno de Francisco Camps. Además, con el PP ha ostentado las carteras de Empleo, Bienestar Social, Territorio y Vivienda, Sanidad y Solidaridad y Ciudadanía. En 2009 Francisco Camps lo nombró portavoz del PP en las Corts, en sustitución de Ricardo Costa.

CAUSA ABIERTA DESDE MAYO DE 2011

Por lo que se refiere al 'caso Cooperación', el Juzgado de Instrucción 21 de Valencia en mayo de 2011 abrió una causa por un supuesto fraude en las subvenciones concedidas por la extinta Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía --que dirigía Rafael Blasco-- en los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011 destinadas a la cooperación al desarrollo con el tercer mundo.

En la 'causa de la cooperación' hay más de una veintena de personas imputadas, entre ellas, cargos o excargos en la administración, como el ex director general de Integración y Cooperación de la Generalitat, Josep Maria Felip; o el ex subsecretario de Sanidad, Alexandre Catalá, ambos cesados por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, por este motivo. Asimismo, están implicadas, al menos, seis ONG.

El que fuera síndic del PP ha defendido desde el principio su "confianza en la Justicia, en sus tiempos y en sus procedimientos". Asimismo, lamentó el "comportamiento" de quienes "se han dedicado a una cacería política basada en mentiras y calumnias, en vez de ser respetuosos con el estado de derecho".

LA SALIDA

Por su parte, Alberto Fabra en varias ocasiones ha apelado a la presunción de inocencia, al ser inquirido por este tema. Sin embargo, conforme se ha ido desarrollando la investigación, el jefe del Consell advirtió al exconseller que el camino de salida del partido estaba marcado por el escrito de acusación de la Abogacía de la Generalitat, que le pide 11 años de cárcel, y la apertura de juicio oral.

La línea roja marcada por Fabra con los imputados en general y en particular con el asunto de los supuestos desvíos de fondos de ayudas a cooperación, por tratarse de un caso que genera "alarma social", hizo que Blasco, tras cerca de dos años de instrucción del caso, se expresara hace un par de semanas ante los medios, para manifestar su inocencia y asegurar que no dejaría el escaño.

Pero, han sido unas declaraciones en un programa de televisión en el que cuestionó la política de Fabra contra la corrupción y la insinuación de que se ha dirigido contra él a la Abogacía de la Generalitat, que le han valido un expediente sancionador del PPCV que le inhabilita para desempeñar cargos públicos en el seno de esta formación y la propuesta de expulsión del PP.

El portavoz 'popular', Jorge Bellver, llegó a convocar este lunes la reunión del grupo para votar su expulsión, pero horas antes de su celebración el martes por la tarde, Blasco registró la solicitud voluntaria para pasar al grupo de no adscritos y darse de baja del PP. Una decisión que ha condicionado en caso de que PPCV revoque la sanción que pesa sobre él.

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