A. MOHORTE. 25/06/2013

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VALENCIA. Desde el pasado 1 de junio, la compraventa y el alquiler de un inmueble debe ir acompañada del certificado de eficiencia energética. Esta medida ha ido acompañada de críticas por parte de los propietarios y las inmobiliarias por significar un coste añadido al mismo tiempo que los arquitectos e ingenieros que han de emitirlos lo han recibido como una oportunidad de negocio en tiempos difíciles.

 

Aunque los profesionales estiman que el coste medio de este tipo de certificaciones debería rondar los 200 o 300 euros, lo cierto es que se ha abierto una guerra de precios que rebaja significativamente esta cantidad. La media se está situando entre los 100 y los 150 euros, según distintas fuentes del sector, llegando a los 25 euros por viviendas que han llegado a pagar algunas entidades financieras.

Algunas inmobiliarias aseguran disponer de un auténtico aluvión de ofertas "muy agresivas" por parte de los profesionales, al tiempo que han surgido webs especializadas en hacer subastas a la baja entre los profesionales interesados. Son estas tarifas de los técnicos las que marcan el coste real, ya que la Administración ha puesto un precio de cero euros al trámite, tras las quejas que se produjeron en Madrid por intentar su Gobierno autonómico establecer un precio de 40 euros.

LOS MOTIVOS DE LAS REBAJAS

Los métodos empleados para llegar a estos niveles de descuento sobre el precio estimado tiene distintas justificaciones. En algunos casos, se trata de precios especiales por certificaciones de inmuebles de características idénticas, como los pisos de una misma finca o los adosados de una misma urbanización.

Sin embargo, en otros casos hay quien incurre en otras prácticas que pueden terminar con la anulación de la certificación tras el paso de los inspectores de la Administración autonómica. Una de las ofertas más arriesgadas es el control "a distancia" de las características del inmueble.

En este caso, se utilizan programas informáticos que, tras la consulta sobre determinadas características, generan estimaciones que, si no se corresponden con la realidad, ofrecen valoraciones muy superiores a las que merece el inmueble, según fuentes del negocio. Sin embargo, la ley obliga a una visita del inspector, lo que exige unos gastos mínimos, aunque sea los de desplazamiento.

RIESGO DE ANULACIÓN

La entrada en vigor de la obligatoriedad del certificado energético ha llegado antes de que laadministración valenciana haya podido establecer los mecanismos de control y la tabla de sanciones en caso de su incorrecta tramitación. Aunque no hay fecha prevista, fuentes conocedoras del proceso reconocen que la normativa llegará y traerá consigo la revisión de buena parte de los certificados emitidos.

En caso de que la valoración recibida no corresponda con la realidad, la sanción no sólo recaerá sobre el técnico que firme el documento, sino también sobre el propietario del inmueble. Aunque las sanciones tendrá distintos niveles, la anulación obligará a repetir la certificación, incrementando los costes totales del trámite.