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VALENCIA. Aerte, principal patronal de la dependencia en la Comunidad Valenciana, ha celebrado este miércoles la I Jornada sobre Nuevas Perspectivas en el Servicio de Ayuda a Domicilio: retos y perspectivas, un foro de reflexión que ha contado con la asistencia de Asunción Sánchez Zaplana, consellera de Bienestar Social, de Alberto Echevarría -presidente de la FED- representantes de la Comisión de SAD de Aerte, más de 100 alcaldes, empresarios e interesados en el sector.

La jornada que ha contado con una amplia acogida, teniendo en cuenta el incremento experimentado en la demanda de este servicio, que de desde 1999 hasta 2012, casi ha cuadruplicado su demanda pasando de 112.979 usuarios a más de 400.000, en un contexto en el que que hoy por hoy, más del 78% de los mayores de 55 años nos afirman que en un futuro escogerán permanecer en su vivienda habitual.

La I Jornada de Aerte centrada en el SAD, ha analizado la realidad del servicio desde diversas perspectivas que han permitido analizar factores como la desprofesionalización de los servicios de atención a la Dependencia, su estructura de costes, la reforma de las Entidades Locales y su impacto sobre el SAD, la tecnología que actualmente se está aplicando al SAD, su evolución y tendencias futuras.

En este contexto, José María Moreno -presidente de Aerte- ha calificado al SAD como un servicio polivalente, de gran utilidad, destacando factores de gran relevancia social como su versatilidad y capacidad de adaptación, y su potencial de generación de empleo, sin olvidar su influencia en la calidad de vida de las personas.

En el curso de su intervención, el presidente de Aerte ha denunciado licitaciones publicadas en ayuntamientos de la Comunidad Valenciana cuyos precios no alcanzan tan siquiera los costes laborales asociados a los convenios vigentes, con trabajos realizados por empresas que no cumplen con los requisitos mínimos exigidos, e incluso prestando servicios a la mitad del precio por hora que marcan los convenios, entrando en graves casos de ilegalidad, competencia desleal, intrusismo...

Durante su intervención, José María Moreno ha incidido en el verdadero problema que suponen estas situaciones: la calidad del servicio que reciben lo susuarios, que pone en peligro la atención y el ciudado de la población dependiente, por lo que ha pedido a los alcaldes asistentes compromiso para combatir estas situaciones, aludiendo a las graves responsabilidades que pueden derivarse de haber problemas.

El presidente de Aerte ha concluido manifestando la importancia de este servicio, dirigido a una población en constante crecimiento con una progresiva demanda que genera empleo y es estratégico por el servicio que presta. Por ello, Moreno ha demandado más recursos, teniendo en cuenta la posición que ocupa la Comunidad Valenciana en algunos indicadores de servicios sociales recientemente publicados.

Paralelamente, José María Moreno ha incidido en reivindicaciones clásicas para este sector, pero de gran importancia para cientos de personas, destacando los miles de expendientes de personas en situación de dependencia, con sus derechos reconocidos, pero que tienen su expediente bloqueado en Consellería y por ello, no están recibiendo ninguna prestación, lo que supone un incumplimiento de la Ley.

100.000 normas autonómicas y 10.000 de la Administración central

Por su parte, Alberto Echevarría -presidente de la FED- se ha mostrado crítico en su intervención respecto de la duplicidad de competenias en cuanto a la normativa emanada de las CC.AA. frente a la estatal, aludiendo a las 100.000 normas de carácter autonómico que se han registrado en 2011 frente a las 10.000 de la Administración General del Estado.

Para Echevarría, esta dualidad normativa entorpece y dificulta la actividad del sector, abocado a duplicar en ocasiones el cumplimiento de una normativa que necesita adecuarse en un contexto de criterio único. En este sentido, y aludiendo también al gasto que se general, el presidente de la FED ha demandado la necesidad de racionalizar la normativa, teniendo en cuenta el ahorro de tiempo y dinero que se alcanzaría con una normativa emanada de una Administración.