VALENCIA. El Consejo de Colegios de Economistas de la Comunidad Valenciana, que integra los colegios profesionales de las tres provincias, ha presentado esta mañana los resultados de la novena edición de Los economistas opinan, encuesta que realiza con periodicidad semestral para recoger la valoración de los colegiados sobre la economía nacional y de la Comunidad Valenciana. En el acto han intervenido Juan Manuel Pérez, Francisco Menargues y Jaime Querol, decanos de los colegios de Valencia, Alicante y Castellón, respectivamente.
En esta edición de la encuesta, respondida por 923 colegiados entre el 13 y el 31 de mayo, se han propuesto siete posibles medidas que podrían adoptarse si el déficit no se redujera en los próximos meses. Con una nota media de 4,07 sobre 5, los economistas abogan mayoritariamente por una reducción del gasto público.
El 60,77% de los encuestados otorga la máxima puntuación a esta medida, muy por delante de la privatización de activos públicos, la subida de impuestos, la generalización del pago de servicios públicos por parte del usuario y el incremento de cuotas a la Seguridad Social. "No hay que confundir la reducción del gasto público con el recorte de las prestaciones sociales. Hay ámbitos de ineficiencia en la Administración Pública, en todos los niveles, que permiten preconizar ambas cosas.
La cuestión es detectar esas bolsas de ineficiencia y actuar contra ellas. También hay que explorar los esquemas de colaboración público-privada, que en el resto de Europa son habituales", matizó Juan Manuel Pérez, decano del COEV. Por su parte, Jaime Querol, decano del Colegio de Castellón y presidente del COEVA, afirmó que "los economistas están apostando por un cambio del modelo económico de Estado. No podemos exigir más tributación a las empresas porque merma su competitividad". En la misma línea, el decano del Colegio de Alicante, Francisco Menargues, reconoció que "el sector público no ha terminado de hacer la reconversión que sí ha hecho el sector privado. Esa reconversión no debe de significar un recorte en las prestaciones sociales, sino que sea más eficiente".
También se han propuesto una serie de medidas orientadas a mejorar la financiación empresarial en el seno de la Unión Europea. La mejor valorada es rebajar las garantías que las entidades financieras piden a las empresas. Le siguen, por este orden, las exenciones fiscales a la actividad empresarial, el fomento de la participación en el capital social de las empresas como contraprestación a la aportación de financiación, las reducciones de gasto social y las titulaciones de créditos a empresas como garantía de las operaciones de financiación.
Los economistas ha sometido a la valoración de los colegiados cuatro opiniones sobre el Corredor Mediterráneo. Que es una infraestructura clave e irrenunciable para el desarrollo de la Comunidad Valenciana obtiene la mejor valoración, seguida de la opinión de que, entre todas las propuestas de infraestructuras de comunicación, es la más rentable para el conjunto de España.
Los resultados obtenidos en la novena edición revelan un descenso, en comparación con las anteriores encuestas, de los colegiados que consideran que la situación económica de la Comunidad Valenciana está peor que hace un año, aunque sigue siendo con mucha diferencia la opinión mayoritaria. La valoración de la situación económica valenciana y española siguen lejos del aprobado, especialmente la primera.
Ésta obtiene una valoración de 2,63 sobre 10 que mejora ligeramente la nota de la anterior encuesta. Con un 3,42, la economía española, aunque mejor valorada, también se queda lejos del aprobado. El 79,63% de los economistas opina que la situación económica valenciana es peor que hace un año, 12 puntos menos que en diciembre; para el 17,44%, sigue igual.
El paro encabeza la lista de los problemas que afectan a la economía de la Comunidad Valenciana. Con un 84,18%, es el que más preocupa a los encuestados, muy por encima del resto de problemas propuestos en la encuesta. Le siguen la evolución de la demanda, la inadecuada dimensión y estructura de las empresas valencianas y los costes laborales.
Estoy de acuerdo con todo. No se puede ser más claro. Hay que reorganizar a los trabajadores públicos, además de medir su productividad. En el ayuntamiento de Gavá ya lo están haciendo con un programa para medir la productividad que se llama Workmeter, y con éxito: http://bit.ly/18IzkIo
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