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VALENCIA. La tormenta ha amainado ligeramente. El método -muy propio de Mariano Rajoy- de esperar hasta el infinito como fórmula para rebajar los conflictos parece ser la elegida por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, para enfrentarse al caso Blasco, procesado en el caso de Cooperación.

El jefe del Consell, preguntado por la situación del exconseller, volvió a reiterar este lunes que son los tribunales los que deberán determinar si ha habido alguna responsabilidad de los imputados. "Ninguno de nosotros somos jueces", subrayó. Así, el presidente mantenía la senda tomada a final de la semana pasada de mantenerse a la espera pese al escrito de calificación redactado por la Abogacía de la Generalitat, en el que pedía 11 años de prisión para Rafael Blasco, diputado del PP.

Mientras por un lado diversas fuentes populares consideran que existe un acuerdo de que Blasco se apartará del grupo si se le abre juicio oral, otros dirigentes no confían en que el exconseller abandone el grupo parlamentario aunque eso suceda y calibran el desgaste que puede representar el mantener un tiempo todavía por determinar al exconseller dentro del PP de Les Corts.

En cualquier caso, y pese a que la versión oficial es que se esperará a la apertura -si se produce- del citado juicio, fuentes populares aseguran que desde el entorno de Fabra también se estudian otras posibilidades que pasan por la expulsión de Blasco, una opción no descartada si la decisión de la jueza se dilatara y la situación se hiciera insostenible.

En el Capítulo III del Reglamento de Les Corts, el que se refiere al diputado o la diputada no adscrita, el artículo 27 refleja que si la baja fuera por expulsión del grupo parlamentario, "deberá acreditarse ante la Mesa de Les Corts que la decisión fue adoptada, al menos, por la mayoría absoluta de los miembros del mismo".

Además, el reglamento especifica que, en cualquier momento de la legislatra, "el diputado o diputada no adscrito podrá retornar al grupo parlamentario constituido por los diputados de su formación electoral previa aceptación expresa del síndic del mismo".

Así pues, el grupo parlamentario popular debería acreditar ante la Mesa que la mayoría de diputados avala la expulsión de Blasco. ¿De qué manera? 

El método no viene especificado. Fuentes parlamentarias consultadas dudan de que un simple escrito firmado por el portavoz del grupo popular, Jorge Bellver, certificando que la decisión se ha tomado por la mayoría de diputados fuera suficiente: lo lógico es que viniera avalado por al menos 28 firmas de la bancada del PP, compuesta por 55 diputados. De hecho, el antecedente más reciente fue el de la expulsión de la diputada de Esquerra Unida, Glòria Marcos, donde si firmó de forma certificada la mayoría del grupo parlamentario.

¿Qué opciones tiene Fabra? Según las fuentes parlamentarias consultadas, la que menos posibilidades tiene es la de realizar una votación a 'pecho descubierto' en una reunión de grupo. Aparte de las filtraciones que se producirían o las posibles ausencias para evitar tomar partido, hay demasiados diputados imputados -cabe recordar que el grupo tiene en sus filas nueve en esta situación- que podrían expresaran sus discrepancias y otros que tal vez respaldaran sus intervenciones. Un riesgo demasiado alto para asumir.

Una opción que no se ha descartado es la de solicitar por escrito el voto para la expulsión de Blasco. Un posicionamiento individual que iría directamente a las altas esferas para evitar filtraciones. Entre las fuentes consultadas por este diario surgen discrepancias, mientras algunos dirigentes próximos a Fabra opinan debería solicitarse a todos los diputados para que se "retrataran", otras fuentes parlamentarias consideran que podría afrontarse una petición selectiva a 28 parlamentarios que evidencien una mayor sintonía con el presidente y con su doctrina para manejar los casos de presunta corrupción. De esta manera, se evitaría el enfrentamiento directo con los diputados que discrepan del trato de Fabra a los imputados.

Así pues, diversos caminos a escoger por parte del presidente de la Generalitat, que deberá sopesar si continua, como parece decidido, con la estrategia adoptada de esperar a la apertura de juicio oral. Una espera que podría demorarse meses, como ya ha ocurrido en otros casos, como es el de la pieza de Fitur del caso Gürtel, también pendiente de apertura de juicio oral. La oposición se frota las manos.