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VALENCIA. Al vicepresidente del Consell, José Císcar, le tocó -un viernes más- bailar con la más fea. El caso Blasco, como se preveía, se ha convertido en una trampa mortal para el Gobierno valenciano que preside Alberto Fabra. Y ante este escenario, el hombre-escudo del Ejecutivo y, al mismo tiempo, uno de los portavoces más hábiles que ha pasado por el Palacio de Fuentehermosa, se vio obligado a buscar en su catálogo las respuestas más convincentes para hacer verosímil lo inverosímil. Como admite alguno de sus compañeros del Consell en privado: "es más cómodo ir de actos y 'bolos' que tener el trabajo de Císcar".

El portavoz del Ejecutivo respondió este viernes a más de una decena de preguntas sobre la situación del exconseller y diputado Rafael Blasco. En el intenso debate entre periodistas y vicepresidente, el número dos de Fabra llegó a apelar a la "sensibilidad" del parlamentario procesado o a aludir a una decisión "diferida" respecto a la futura expulsión del exconseller.

La semana ha venido marcada por los escritos de calificación de las acusaciones. La Fiscalía solicitó 14 años de cárcel para el exconseller, el PSPV solicitó 15 años de prisión, el padre del hijo adoptado personado en la causa pidió 13 y, este fue el punto de inflexión, la propia Abogacía de la Generalitat exigió 11 años de cárcel para el todavía diputado del PP. Esta última solicitud de condena es clave, puesto que los servicios jurídicos del Gobierno valenciano ha estimado que Blasco cometió graves delitos.

¿Cómo se explica que Alberto Fabra no haya expulsado del grupo parlamentario popular a un diputado para quien la Abogacía de la Generalitat solicita pena de cárcel? Esta ha sido la gran pregunta a la que Císcar, como portavoz del Consell, se vio obligado a contestar este viernes.

Prudencia. Ese fue uno de los argumentos utilizado por el vicepresidente. Císcar reiteró que el presidente Fabra señaló que no le "temblaría el pulso" para actuar con contundencia cuando se produjeran dos hechos: las conclusiones de la Abogacía de la Generalitat -que ya se ha pronunciado- y las de la jueza. Es decir, la decisión de si abre -lo más probable- o no juicio oral. Cabría preguntarse llegados a este punto si no habría valido más referirse solo a este último hecho, dado que el durísimo escrito de la Abogacía de la Generalitat no ha conllevado ninguna actuación contundente más allá de tragar saliva.

Como ya informó este diario el pasado miercoles, los contactos desde Presidencia con Blasco a principios de semana no conllevaron el abandono del grupo por parte del exconseller. El diputado no se marcha, y lo dejó claro durante la semana, incluso exigiéndole respeto al presidente de la Generalitat sobre su presunción de inocencia. Una inocencia que Blasco, procesado por malversación de caudales públicos, falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias, defiende a capa y espada. Y lo ha hecho incluso frente a los periodistas, con buenas dosis de sangre fría, dejando claro que la "sensibilidad" que ayer le pedía Císcar para abandonar el grupo si se abría juicio oral, parece encontrarse muy alejada de sus pensamientos actuales.

Superada la fase en la que el Consell creía que podría forzar la marcha de Blasco, al menos de momento, las miradas se posaron en el método para expulsarle del grupo popular. El problema es que el PP de Les Corts no es precisamente una balsa de aceite: con nuevo imputados, y no pocos 'pesos pesados' que discrepan con la doctrina anticorrupción de Fabra y su vara de medir, no es difícil suponer que imponer una votación para echar al exconseller, podría terminar con más tensiones de las que Fabra está dispuesto a asumir.

Y es aquí donde la doctrina Fabra, el deseo del presidente de aplicar tolerancia cero contra la corrupción, entra en el universo de las contradicciones y las excepciones. Ahí donde el vicepresidente Císcar se defiende con la frase: "cada caso tiene sus momentos y sus circunstancias. Hay que analizarlos uno por uno porque tienen circunstancias diferentes y los tiempos no tienen por qué ser los mismos". Respecto a Blasco, eso sí, señaló que la decisión está "tomada", pero se encuentra "diferida" a la espera de que se produzca el segundo hecho que Fabra citó en su día: la apertura de juicio oral.

¿Y qué ocurre si la jueza desestima los escritos de acusación y no abre juicio? Císcar resolvió sin comprometerse a la expulsión del diputado -pese al escrito de la Abogacía de la Generalitat- afirmando que entonces debería analizarse "las circunstancias" por las que no se habría abierto. "La única verdad es la judicial", remachó.

LA PROPIA CONTUNDENCIA DE FABRA, UN ARMA DE DOBLE FILO

Bien es cierto que la intención del presidente de la Generalitat y líder del PPCV, Alberto Fabra, de luchar contra cualquier indicio de corrupción en Consell y partido ha quedado corroborada con diversos hechos. Desde el inicio de su mandato, ha destituido, instado a dimitir o apartado de sus cargos a nueve miembros de su gobierno, tres personas de la ejecutiva del PPCV y cinco diputados de la dirección del grupo parlamentario, además de la renuncia del acta del diputado Pedro Hernández Mateo, condenado a tres años de cárcel por prevaricación continuada. 

No obstante, esta firmeza aplicada en la mayoría de casos se ha convertido en un arma de doble de filo en los asuntos en los que el presidente ha tenido más dificultades para intervenir, como ha ocurrido precisamente con los imputados dentro del grupo parlamentario (hasta nueve) o con referentes municipales, como la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo.

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