Comparte esta noticia

• Tweet
• meneame

Otras noticias

• Economía incumple con Unión Gremial el criterio que aplicó para excluir a Anged del Observatorio
• El 'problema valenciano' se cuela en Madrid
• A quién le sube y a quién le baja los impuestos Joan Ribó

VALENCIA. Tienen el viejo vicio los políticos que acaban siendo imputados por alguno de los múltiples casos de currupción que pueblan las instituciones valencianas de soltar sin inmutarse algo parecido a esto: "Estoy contento por la imputación porque por fin me podré explicar ante la Justicia". Es un mantra que, haciendo de la necesidad virtud, repiten todos y cada uno cuando les el triste momento de hacer el paseillo e ir a declarar ante un juez que les recomienda que lleven abogado porque pintan bastos. 

¿Todos? ¡No! El diputado autonómico y exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi, del Partido Popular, resiste ahora y siempre a la Justicia. O al menos eso ha intentado hasta el último momento. Este martes el Tribunal Constitucional echó un jarró de agua fría sobre los últimos rescoldos de resitencia del aún diputado al desestimar su recurso contra su imputación en el conocido como caso Brugal de presunta corrupción por trato de favor en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Alperi, quizá imbuido por el espíritu del resistente Carlos Fabra, había presentado varios recursos previos a toda la instrucción que ya habían fracasado. Finalmente, en un último aliento pidió amparo al Constitucional al considerar que se habían conculcado su derecho fundamental a la defensa. Pero como había pasado antes, ahora también el Alto Tribunal ha rechazado de plano las pretensiones del exalcalde.

Así el predecesor de Sonia Castedo, también imputada por este mismo caso y que ya ha pronunciado la manida frase de alegría por su oportunidad para explicarse en los tribunales, seguirá estando en un sumario que sigue un proceso imparable hacia el banquillo de los acusados.

Y mientras los políticos siguen esperando a que les imputen para poder explicarse ante la Justicia, los ciudadanos seguimos esperando en muchos casos explicaciones a comportamientos tan censurables como irse de viaje en yate con el empresario al que, siempre supuestamente, le facilitó bajo mano el plano del Alicante para que tuviese información privilegiada en el entonces muy rentable mercado inmobiliario. ¡Están locos estos políticos!