AVISO DE COOKIES: Este sitio web hace uso de cookies con la finalidad de recopilar datos estadísticos anónimos de uso de la web, así como la mejora del funcionamiento y personalización de la experiencia de navegación del usuario. Aceptar
Más información
VALENCIA. Los socialistas valencianos, acusación popular en el caso de Cooperación, presentaron este lunes el escrito de calificación en el que solicitan 15 años de cárcel, 30 de inhabilitación y 1,9 millones de euros de multa para el exconseller y diputado del PP Rafael Blasco por los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental relacionados con el supuesto fraude en las ayudas concedidas a la Fundación Cyes para proyectos en el tercer mundo.
Además, el PSPV también solicita 15 años de prisión para el empresario -ahora encarcelado- César Augusto Tauroni y para la exsecretaria general administrativa de la extinta Conselleria de Inmigración, Agustina Sanjuán. Para el resto de imputados, los socialistas también han pedido "penas máximas", tal y como explicó en rueda de prensa la presidenta del grupo parlamentario socialista, Ana Barceló.
Así, se han solicitado entre tres y siete años de prisión para los otros seis imputados en esta pieza separada del caso de Cooperación: el que fuera subsecretario de la Conselleria de Solidaridad Alexandre Catalá, el exdirector general, Josep Maria Felip, el exjefe del servicio de Cooperación, Marc Llinares, el exjefe de Gabinete de Blasco, Xavier Llopis, el presidente de la Fundación Cyes, Marcial López, y una trabajadora de esta fundación, Josefa Cervera.
El aspecto social de la causa, relacionado con el supuesto desvío de ayudas concedidas para proyectos en el Tercer Mundo, ha sido clave en las altas penas solicitadas, especialmente en el caso de Blasco, Tauroni, y Sanjuan. En total, se han pedido 79 años de prisión repartidos entre los nueve imputados.
De hecho, el escrito de calificación socialista centra la solicitud de penas más altas por el delito continuado de malversación de caudales públicos del artículo 432.1 y 2 y el 74.1 y 2 del Código Penal. Acudiendo al texto jurídico, el artículo 432.1 reza lo siguiente: "La autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, sustrajere o consintiere que un tercero, con igual ánimo, sustraiga los caudales o efectos públicos que tenga a su cargo por razón de sus funciones, incurrirá en la pena de prisión de tres a seis años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a diez años".
Y, tal vez la consideración más importante en este caso, aparece en el enunciado del artículo 432.2, donde pone de relevancia un aspecto fundamental del caso, el castigo por malversar "efectos destinados a aliviar alguna calamidad pública".
"Se impondrá la pena de prisión de cuatro a ocho años y la de inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años si la malversación revistiera especial gravedad atendiendo al valor de las cantidades sustraídas y al daño o entorpecimiento producido al servicio público. Las mismas penas se aplicarán si las cosas malversadas hubieran sido declaradas de valor histórico o artístico, o si se tratara de efectos destinados a aliviar alguna calamidad pública", señala el artículo. Una circunstancia en la que se apoya el escrito formulado desde el PSPV al referirse, por ejemplo, a dos subvenciones de 833.409,33 euros cada una,para proyectos en Nicaragua.
EL PADRE DEL NIÑO ADOPTADO PIDE 13 AÑOS PARA BLASCO Y TAURONI
Por su parte, José Antonio Penadés, padre del único niño haitiano adoptado en la Comunitat Valenciana y perteneciente a la ONG Familias Sin Fronteras por la Infancia, solicita como acusación popular una pena de 13 años de prisión para Rafael Blasco y para el empresario, actualmente en prisión, Augusto César Tauroni.
En cuanto a Llinares, la rebaja hasta los cuatro años de prisión, al no tener, a su juicio, excesiva intervención en la tramitación de las ayudas a la fundación. Para el resto de procesados, las penas oscilan entre estas dos variantes, los cuatro y los 13 años. Para Felip, por ejemplo, la solicitud es de cinco años, mientras que para Català, la pena reclamada es mayor.
LA GENERALITAT APUNTA A SEGUIR UNA LÍNEA SIMILAR Y SOLICITAR PRISIÓN
Pese a que no han trascendido públicamente las solicitudes del escrito de calificación de la Generalitat, acusación particular en en el proceso, fuentes del Gobierno valenciano consultadas por este diario recalcaron la postura que el presidente Alberto Fabra evidenció días atrás en Les Corts, al afirmar que no le "temblaría el pulso" en este asunto, por lo que todo apunta a que la solicitud de penas por parte de la Abogacía de la Generalitat no sería muy inferior a las que se han formulado por parte del PSPV y de Penadés.
De confirmarse esto, el Consell de Fabra habría abierto de par en par la puerta de salida del grupo parlamentario 'popular' a Rafael Blasco, que tendría la opción de apartarse o enfrentarse a una más que probable expulsión rubricada por sus propios compañeros de bancada.
Actualmente no hay comentarios para esta noticia.
Si quieres dejarnos un comentario rellena el siguiente formulario con tu nombre, tu dirección de correo electrónico y tu comentario.
Tu email nunca será publicado o compartido. Los campos con * son obligatorios. Los comentarios deben ser aprobados por el administrador antes de ser publicados.
imprimir
meneame
whatsapp