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MADRID. La organización empresarial Seopan, que aglutina a las mayores constructoras españolas, tiene previsto presentar hoy al Ministerio de Fomento en un encuentro un estudio que le ha encargado a Deloitte, para solicitar el 49% del capital de la futura sociedad pública, que nacerá con un valor de 608 millones, y que integrará las 9 autopistas a punto de quebrar, frente al porcentaje del 20% que actualmente ofrece el departamento de Ana Pastor.

Estas empresas constructoras, muchas de ellas accionistas de las autopistas en riesgo de quiebra como ACS, FCC, Ferrovial, Sacyr y OHL, además de las propiamente concesionarias como Abertis y Globalvía, pedirán hoy a Fomento este aumento de la participación capitalizando los 500 millones que aseguran les adeuda la Administración por el sobrecoste que supuso la construcción de las vías. Y si no mantener el 20% que les ofrece Pastor y que se les paguen esos 500 millones, pese a que el ministerio sólo les reconoce unos 400 millones de deuda en los contactos que han mantenido hasta la fecha.

ENCUENTROS PREVIOS

El documento que presentarán es un estudio encargado por Seopan a Deloitte, según ha sabido este diario, que previamente deberán refrendar hoy mismo antes de la vista a Fomento los presidentes de las grandes constructoras en un encuentro al máximo nivel. Y al parecer, también recoge que el Ministerio debe asumir el sobrecoste de unos 1.200 millones de euros que las concesionarias afrontan por las expropiaciones de los terrenos sobre los que se construyeron las autopistas.

Como ya ha avanzado este diario, Fomento antes de comenzar sus reuniones con las empresas, cerró un difícil acuerdo con la banca acreedora, que es el que da viabilidad a sus planes para reflotar este sector, por el cual las entidades aceptan una quita en torno al 55% de los casi 4.000 millones que se la adeudan, así como la aportación de otros 1.200 millones de euros para el pago de las expropiaciones pendientes y los conflictos judiciales que puedan surgir.

ACUERDO A 30 AÑOS CON LA BANCA

Y el acuerdo con la banca es a 30 años, lo que supone que que los bancos aspiran a cobrar por lo menos la mitad de lo que las adeudan las concesionarias en concurso de acreedores o amenazadas de ello.

Por ello el Ministerio está ahora entre dos fuegos, por un lado, la demanda de las empresas, pero por el otro, mucho más peligroso y que puede desbaratar el equilibrio alcanzado, la banca, ya que le sería muy difícil aceptar el aumento de la participación en la futura empresa pública de autopistas que piden las empresas y mucho menos todavía el pago de los 500 millones, según las constructoras, o 400 según el departamento de Ana Pastor, que se las adeuda y que Fomento ha reconocido. Y el acuerdo con la banca es a 30 años, lo que quiere decir, que las constructoras no podrían empezar a cobrar hasta el año 31.

Además, en esta negociación ahora entran las obligaciones que Bruselas ha impuesto el pasado martes a España para permitirla reducir menos déficit público, ya que entre ellas está la de reestructurar los pasivos dudosos en infraestructuras, es decir, la solución al problema de estas autopistas en la que lleva trabajando varios meses el ministerio.

PRIVATIZARLA CUANDO SE PUEDA

La nueva sociedad pública no computaría como deuda pública según los criterios de Eurostad y además la intención del Gobierno es la de volver a privatizarla en unos cuantos años, cuando se vayan pagando las deudas y sobre todo cuando se la puedan incluir otros activos concesionales muy rentables cuyos contratos empezarán a volver pronto al Estado, más o menos a partir de 2018.

Así, el plan de Pastor tras el acuerdo con la banca es que el tiempo pueda arreglar una endiabla situación, ya que tras el paso de unos pocos años, con una mejora de la situación financiera, un aumento de los tráficos si la crisis económica remite y sobre todo, con los nuevos activos que vayan añadiéndose a la nueva empresa pública que se creará, que dependerá de Sociedad Estatal de Transportes Terrestres (Seittsa), el Estado podrá privatizarla. En definitiva, se trata de constituir una especie de Sareb, sólo que en vez de un ‘banco malo' con inmuebles y viviendas, en este caso sería con las autopistas en riesgo de quiebra.

52 BANCOS, 10 CONSTRUCTORAS Y MILES DE EXPROPIADOS

El secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, manifestó ayer su confianza en lograr en los próximos días un acuerdo sobre la sociedad de autopistas, para el que apeló a la responsabilidad y el sacrificio de todas las partes, ya que según indicó, están implicados 52 bancos, diez constructoras y miles de expropiados.

Seis de estas concesionarias se han declarado ya en concurso de acreedores, las radiales de Madrid R-3, R-5 y R4, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda y la Cartagena-Vera, y entre las que afrontan dificultades también figuran la R-2 y la autopista al aeropuerto de Barajas. Ayer Ep informó que la autopista Alicante-Cartagena, participada por Ploder, ya ha optado por quedarse fuera de la futura sociedad pública.