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MADRID (EP). El consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha impuesto multas por más de 6,4 millones de euros a 22 empresas distribuidoras de materiales de saneamiento y fontanería por haber formado un cártel, operativo entre 2008 y 2011, para acordar variables que afectan al precio final que pagan los clientes por estos productos.

En concreto, desde el primer semestre del año 2008 una serie de suministradores de material de saneamiento y fontanería, radicados en su mayoría en la zona de Levante, mantuvieron contactos con vistas a cooperar para hacer frente, en principio, a problemas de retraso en los pagos y morosidad.

Estos contactos se plasmaron en acuerdos y reuniones que, especialmente en la segunda mitad de 2008 y primer semestre de 2009, convocaron a un elevado número de empresas. Tal cooperación se plasmó en un acuerdo para aplicar de manera coordinada determinados recgargos financieros a sus clientes, los importes de los mismos y la forma de llevarla a efecto.

En paralelo, en la reunión celebrada el 21 de julio de 2008 con asistencia de cerca de 20 empresas, se plantea la iniciativa de establecer descuentos máximos de venta para determinados productos de determinadas marcas.

Esta iniciativa, según ha explicado la CNC, dio lugar a un intercambio de información comercial sensible entre diversas empresas con el fin último de consensuar el importe máximo de los descuentos a aplicar a sus clientes para determinados productos.

"Ha quedado probado en el expediente que tales acuerdos sobre descuentos máximos efectivamente tuvieron lugar y que los miembros del cártel realizaron un seguimiento de la aplicación de los mismos y de su eficacia", ha señalado el organismo que preside Joaquín García Bernaldo de Quirós.

Aunque el número de empresas participantes se fue reduciendo con el tiempo -en parte, ante las amenazas de denuncia de la Asociación de Empresarios Instaladores de Fontanería, Instalaciones Térmicas, Gases y demás fluidos de la Comunidad Valenciana (ASEIF)-, hay evidencia, según la CNC, de que este cártel ha permanecido operativo hasta 2011.

A su juicio, tras adoptar acuerdos sobre el precio final que pagan los clientes, dichas empresas pretendían reforzar su poder negociador frente a sus clientes, elevando, restableciendo o preservando su margen de beneficio de forma ajena a las condiciones normales de competencia en el mercado.

El expediente se inició por denuncia de la ASEIF ante el Servicio de Defensa de la Competencia de la Comunidad Valenciana. No obstante, la autoridad autonómica archivó el expediente por considerar que la CNC era la autoridad competente, lo que motivó que la Dirección de Investiagción de dicho organismo iniciara actuaciones al respecto.