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PALMA DE MALLORCA (EP). El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha propuesto al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que asuma las investigaciones en torno al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y más en concreto en relación a su presunta participación en las negociaciones previas para la organización de los eventos Valencia Summit.

En concreto, el magistrado ha acordado elevar a la máxima instancia judicial valenciana una exposición razonada en la que propone que asuma la competencia de estas pesquisas, relativas tanto al Valencia Summit, por el que el Instituto Nóos percibió unos tres millones de euros públicos, como a los Juegos Europeos, que finalmente no se celebraron pese a los fondos que cobró la entidad.

Esta diligencia se produce despuçes de que el juez solicitase a las Corts Valencianes que certificasen la condición de Camps y Barberá, como trámite previo a elevar la exposición razonada de los hechos por los que podrían ser imputados en el marco de esta causa. El magistrado abría de este modo las puertas al posible encausamiento de los dos parlamentarios, quienes por su calidad de aforados tendrían que ser investigados por el TSJCV.

Los nombres de Camps y Barberá han aparecido en varias ocasiones a lo largo de la instrucción de la causa, más en concreto en relación con la tramitación del Valencia Summit, por cuyas tres ediciones el Instituto Nóos presidido entonces por Iñaki Urdangarin percibió unos tres millones de euros -1,044 millones por cada edición, pese a que el coste real de cada una de ellas oscilaría alrededor de los 300.000 euros, según los investigadores-.

Precisamente, el exsocio de Urdangarin Diego Torres ha remitido un escrito ante el juez en el que de forma pormenorizada relata cómo se desarrolló la reunión que ambos mantuvieron con Camps y Barberà para abordar el proyecto del Valencia Summit y exponer los objetivos perseguidos por Nóos.

En su escrito, al que tuvo acceso Europa Press, el imputado sitúa el encuentro el 29 de enero de 2004, casi nueve meses antes de que fuese firmado el convenio para la celebración del evento -el 8 de septiembre de ese año-.