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VALENCIA. El anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local elaborado por el Ministerio de Hacienda sigue cumpliendo etapas, no sin dificultades, para su futura aprobación. De momento, la propuesta del Gobierno de Mariano Rajoy se ha encontrado con las alegaciones presentadas desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), además de las enviadas desde los propios partidos.

Entre las planteadas desde la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares de la FEMP, dirigida por el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus (PP), destaca la petición de que se realice un "estudio económico" que permita conocer a estos entes "el impacto sobre sus recursos financieros y el cumplimiento de los principios de sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio o la actividad asumida como consecuencia de los dispuesto en el artículo 26.3".

Este artículo es el que se refiere a la asunción por parte de las diputaciones del ejercicio de las competencias de municipios que lo soliciten, que no cumplan con el coste estándar marcado o, en definitiva, cuya gestión sea ineficiente en atención a las economías de escala.

En este punto, se propone que la ley prevea "la dotación o el incremento de recursos financieros para asegurar la suficiencia financiera efectiva de las entidades locales".

Otra de las alegaciones remitidas desde la FEMP, pone el acento en la clarificación de competencias. En este sentido, recalcan que desde una perspectiva europea, las diputaciones provinciales poseen "una de las más bajas capacidades político-administrativas". Así, recalcan que las corporaciones tienen reconocidas de manera "muy limitada" sus competencias propias por lo que un paso "decisivo" sería "empezar a clarificar la distinción entre las competencias propias y delegadas".

En este sentido, gran parte de los puntos de las alegaciones presentadas por los 'populares' valencianos coinciden con las esgrimidas por la FEMP. Así, desde el PPCV también reclaman una "mayor clarificación competencial, en especial en sanidad, educación y servicios sociales, así como la financiación de las mismas". Además, ponen el acento en la "pervivencia y sostenibilidad de los pequeños municipios, dignificación retributiva y las cuestiones de control de intervención".

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