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VALENCIA (EP). El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha aceptado un recurso contencioso-administrativo especial de derechos fundamentales presentado por Compromís por la "denegación" de documentación por parte del Consell, relativa a encuestas encargadas por la coalición, que considera que con ello se vulnera a sus diputados el derecho a la obtención de información.

El grupo parlamentario Compromís presentó el pasado 10 de febrero un recurso contencioso-administrativo ante el TSJCV en el que denunció que el Consell "se niega a facilitar los resultados de los barómetros de opinión que realiza la Generalitat".

Compromís considera que la denegación de esta documentación "vulnera el derecho a la obtención de información de los diputados amparado por los derechos fundamentales consagrados en el artículo 23 de la Constitución Española".

La coalición presentó el recurso después de que, el pasado noviembre, el diputado de Compromís Fran Ferri registrara en las Corts peticiones de documentación "que no fueron satisfechas", para tener acceso a los informes de resultados de todos los estudios de opinión pública sobre la acción del Consell realizados durante ese año.

Según explica Compromís en un comunicado, "el gobierno del PP se negó a facilitar esa documentación con la excusa de que esas encuestas tienen carácter instrumental para la elaboración de informes internos de la administración".

El pasado 9 de mayo, la sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJCV dictó un auto en el que explicaba que, una vez interpuesto el recurso, se solicitó el expediente administrativo a la administración y, tras transcurrir los plazos establecidos en la ley, no apreciaba circunstancias que motivaran la inadmisión del procedimiento, por lo que decidía su continuación.

La sala fija un plazo de 8 días para que Compromís formalice su demanda, algo que el grupo parlamentario ha anunciado que efectuará "en los próximos días". La coalición destaca que este mismo martes se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la formalización del contrato entre el Consell y una empresa especializada en demoscopia "para hacer cuatro encuestas de opinión trimestrales a los ciudadanos valencianos por un coste de 119.790 euros".

"PERTENECEN A LA CIUDADANÍA"

"Unas nuevas encuestas que si la justicia no pone remedio serán ocultadas a la ciudadanía, ha criticado Compromís. Según ha señalado el diputado Fran Ferri, "las encuestas realizadas con dinero público no son propiedad del Consell, para que puedan utilizarlas según los intereses del PP, sino que pertenecen a la ciudadanía que las paga con sus impuestos".

En opinión del diputado, "seguramente, el Consell no quiere darnos acceso a los resultados de las encuestas que realiza porque confirman que la ciudadanía se opone a la gestión de Alberto Fabra y el PP". "No podemos consentir este uso fraudulento del dinero público por parte del PP, así como la falta de transparencia que caracteriza la acción del Consell presidido por Alberto Fabra, por eso hemos recurrido a la justicia a fin de que subsane esta situación", ha explicado.