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MADRID (VP).  La Asociación Afectados por el Desmantelamiento de Iberia ha interpuesto ante los Juzgados de Instrucción de Madrid una querella criminal contra Consejo de Administración de las compañías Iberia e IAG. El motivo de esta decisión radica en presuntos delitos societarios y contra los derechos de los trabajadores desde los pactos de fusión entre las dos compañías que dieron lugar a la creación de IAG.

En la querella también se denuncia como se viene produciendo una política de vaciamiento de Iberia y "falseamiento de sus cuentas" con el claro objetivo de crear una situación de necesidad con la que imponer a sus trabajadores unas condiciones laborales que perjudican y restringen los derechos que anteriormente tenían reconocidos. 

Esta querella se basa en un informe pericial de la empresa de asesoramiento financiero LF Castañeda Eafi, dirigida por el economista Prosper Lamothe Fernández,  y encuentra liderada por el bufete Moreno-Luque Abogados. 

Esta querella se encuentra dirigida contra Antonio  Vázquez, Rafal Sánchez-Lozano, Willie Walsh, Felipe Benjumea, José Manuel Fernández, Rodrigo Rato, Keith Williams, Antonio Masa, Roger Paul, José Pedro Pérez-Llorca,  Jorge Pont, Javier Gómez, José Manuel Serra, José Terceiro, Lourdes Maiz, Fernando Conte, Martin Broughton, César Alierta, Patrick Cesacau, Luis Gallego, Denise Kingsmill, Manuel Lagares, James Lawrence, Kieran Poynter y John Snow.

CRITICAN QUE NO SE CONSIDERE EL FONDO DE PENSIONES DE BA

De este informe pericial, según la asociación, se deduce que hay un comportamiento "totalmente asimétrico" en la presentación de resultado de Iberia y British Airways. Mientras los primeros se muestran con un elevado pesimismo mientras que en la segunda se ocultan las fuertes pérdidas que tiene la sociedad británica por sus compromisos por pensiones. También critican que la economía española está siendo sometida a un ajuste en base a la idea de que su personal es muy cuando el coste de British es sensiblemente inferior.

De este mismo documento, extraen que si se hubiese considerado la situación del fondo de pensiones de Bristish Airways en el momento de la fusión el valor patrimonial de la sociedad habría sido negativo. Desde la asociación apuntan a que la sensación que da es que para compensar esta situación se está intentando deteriorar el valor de las línea aérea española.

Además, apuntan a que la fusión fue mal diseñada y ha estado mal tutelada y orientada.  "La política comercial por parte de IAG es muy desfavorable para los intereses de Iberia e incluso creemos que ha perjudicado al Hub de Barajas que está perdiendo pasajeros de forma preocupante" explican.

Según apuntan, si se hubieran valorado de forma razonable las fusiones, el valor razonble de la fusión debería haber sido negativo, por lo que la operación lógica era que Iberia absorviese a British Airways. Por lo tanto, creen que hay argumentos para intentar impugnar en los tribunales españoles el acuerdo de fusión.