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VALENCIA. "Lo primero que hará quien se quede con la gestión de la Ciudad de las Artes y las Ciencias es rescindir algunos contratos que no son razonables, como el de Manuel Toharia", explicaba una fuente empresarial conocedora de la negociación que se sigue en estos momentos entre la Generalitat Valenciana y varios operadores interesados en optar a la privatización del recinto cultural y de ocio. 

El chivatazo llegaba después de que el vicepresidente del Consell explicase en la rueda de prensa de este viernes que el director del Museo de las Ciencias Príncipe Felipe está contratado para el puesto a través de una empresa interpuesta. Es decir, Toharia no trabaja para el museo con un contrato laboral. Quién mantiene una relación mercantil es una empresa de su propiedad llamada Aspetera SL.

El contrato de Aspetera con Cacsa se firmó en el año 2000 e inicialmente tenía una duración de cuatro años. Sin embargo, cuenta con una cláusula que permite su renovación automática cada año si ninguna de las dos partes lo denuncia. Y así ha venido ocurriendo año tras año.

Esta particularidad permite que Aspetera, una sociedad de la que actualmente Toharia es administrador único, se embolse cada año 100.970 euros al año por su teórico asesoramiento. Una situación que es cuanto menos chocante, ya que de firmarse en la actualidad sería ilegal. 

La ley de contratos públicos, a cuyo cumplimiento está obligada Cacsa como empresa pública, exige que cualquier acuerdo de prestación de servicios que supere los 18.000 euros tiene que salir a concurso público. Pero Toharia ha conseguido evitar esta incomodidad.

Císcar justificó esta situación afirmando que el contrato respeta la normativa sobre contratación pública vigente cuando fue rubricado y por tanto "es absolutamente legal". "En todas administraciones hay contratos incluso más antiguos que tienen una cláusula de prórroga automática salvo denuncia", que son "totalmente legales", ha subrayado.

Pero sorteando esta exigencia -el propio presidente Alberto Fabra anunció el jueves en Les Corts más transparencia sobre los contratos menores- sigue siendo extraño que una persona sea contratada como empresa cuyo objeto social es "el asesoramiento y desarrollo de procesos y trabajos en cualquier medio de comunicación social tanto a nivel gráfico y literario como audiovisual".

Esta función encaja más, por ejemplo, con la tarea que desarrolla Toharia en la Cadena Ser regularmente, pero no tanto con el objeto del contrato de la empresa con el museo, por el que se obliga a "la revisión y adecuación del proyecto museístico, la participación en la selección de equipamientos, la supervisión de las obras e instalaciones, asesoramiento en la formación del personal especializado, la coordinación de distintas áreas del Museo y la representación nacional e internacional de la entidad".

Todo apunta a que se trata de una empresa creada al menos inicialmente para facturar. Y no poco. Al fin y al cabo, los 100.970 euros al año que se le pagan desde Cacsa son muchos más de los 67.000 que cobra el presidente de la Generalitat, cifra que se marcó como límite de sueldo en la adminsitración valenciana.